Alerta por «desastre ambiental»

La senadora nacional por La Pampa, Norma Durango, presentó ayer en la Cámara Alta una iniciativa que fundamenta su «desacuerdo ante la remisión de la Nación a la Provincia de Mendoza de aproximadamente 14 millones de dólares destinados a avanzar en la ejecución de la obra ‘Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento: Presa y Central Hidroeléctrica’, sin reparar en la insuficiencia de los estudios de impacto ambiental practicados y en que la ejecución de la obra agravaría severamente la crisis hídrica que atraviesa la cuenca del Río Colorado».
Durango, acompañada por la senadora de Río Negro, Silvina García Larraburu, y por el también pampeano Daniel Lovera, fundamentó su preocupación frente a la ejecución, por parte de la provincia de Mendoza, de la obra hídrica «Portezuelo del Viento», que se situaría sobre el cauce del Río Grande, principal afluente del Río Colorado, que presenta desde hace casi una década sensibles bajas en su caudal.
Explicó que «funcionarios pampeanos del área hídrica han manifestado que la crisis que atraviesa la cuenca no se había registrado en cien años y que luego de exhibir niveles aceptables entre los años 1997 y 2007 que llegaron a 5.500 hectómetros cúbicos, se ha producido en los últimos años un descenso brusco a la mitad de ese nivel».
«El agua de la cuenca se utiliza principalmente para riego, pero también para consumo humano y en tal sentido, todas las provincias ribereñas de la cuenca resultarán inexorablemente afectadas y así surge de la reunión que recientemente mantuvieron el gobernador Sergio Ziliotto, de la Provincia de La Pampa, y la gobernadora Arabela Carreras, de Río Negro, en el Dique Casa de Piedra, cuyos niveles están siendo afectados por la crisis descripta», añadió Durango.

Cinco pagos.
Recordó seguidamente que «a finales del mandato del presidente Macri y pese a encontrarse pendientes de resolución las causas mencionadas, el ex presidente y el entonces gobernador mendocino Cornejo celebraron un acuerdo en el que la Nación se hacía cargo de financiar la obra a cambio del desistimiento de las acciones judiciales por las que el estado cuyano perseguía resarcimiento por los daños que le habían ocasionado regímenes de promoción industrial que lo habían afectado».
«En virtud de dicho pacto, se acordaron cinco pagos, habiendo sido remitido el primero de ellos en octubre del año pasado, durante los últimos días del gobierno de Macri y el segundo, éste al que nos oponemos, por la suma de $ 13.915.837, ya por en la gestión de Alberto Fernández», puntualizó.
«En ese marco, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la continuidad de la obra y apelamos a sumar nuestras voces en la esperanza de que alcancen a concientizar sobre el desastre ambiental que se avecina sobre toda la cuenca del Colorado si no se paraliza inmediatamente su ejecución. Se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural frágil y valioso», finalizó Durango.