Lunes 15 de abril 2024

Alonso y Villagra auditarán gestión de Gabriela Michetti

Redacción 29/12/2019 - 00.23.hs

La pampeana María Luz "Luchy" Alonso, secretaria administrativa del Senado de la Nación, ya tuvo su primera intervención en la Cámara Alta y, tras detectar ciertas "irregularidades" en el funcionamiento del cuerpo durante el último año de la gestión de Cambiemos, pidió realizar una auditoría integral sobre lo actuado durante 2019 por la exvicepresidenta Gabriela Michetti. El director general de Recursos Humanos, el pampeano Miguel "Miky" Villagra, integrará la Comisión Revisora encargada de esta tarea.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó este viernes la realización de una "auditoría integral" en el Senado, específicamente durante el año 2019, por entender que se habrían detectado algunas irregularidades en cuanto a la designación de personal, la creación de nuevas áreas administrativas, recategorizaciones por fuera de la normativa vigente, entre otros aspectos de la vida institucional del cuerpo legislativo.
Lo hizo mediante una resolución, que llevó el número 357/19, donde se reveló que la secretaria Administrativa del Senado, la pampeana "Luchy" Alonso "solicitó la realización de un estudio integral de la incorporación de personal llevado a cabo en forma irregular llevada a cabo durante el año 2019".
Para llevar esta tarea, la vicepresidenta creó una Comisión Revisora, la cual estará integrada por el director general de Recursos Humanos, el pampeano Miguel "Miky" Villagra, la directora general de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort y el director general de Administración, Ricardo Hugo Angelucci. Este cuerpo deberá emitir un informe en un plazo de 60 días con la posibilidad de realizar un sola prórroga de su tarea.

 

Acceso al informe.
Facturas impagas, contrataciones viciadas, ex asesores del PRO nombrados en categorías altas y un taller de mantenimiento en condiciones paupérrimas, son algunas de las anomalías que Cristina Kirchner asegura haber encontrado en el Senado el 10 de diciembre, según figura en varios informes que fueron elaborados por Alonso a los que tuvo acceso el portal de La Política Online (LPO).
El sitio informativo remarcó que la tarea se dividirá en dos tramos. La directora general de Auditoría y Control de Gestión, Susana Baum, supervisará los gastos y contrataciones; y Graciana Peñafort, flamante directora de asuntos legales, encabezará una comisión para revisar el nombramiento de personal del último año junto a representantes gremiales.
Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado y encargado de la transición con Alonso, negó ante LPO irregularidades y afirmó que los balances que dejó tenían menos rojos que los de Amado Boudou. "Nos ahorramos un año de presupuesto con la reducción de personal", aseguró y explicó que mucha de la deuda es por desembolsos pendientes del Ministerio de Hacienda. Pero Alonso detalla incumplimientos millonarios que la obligaron a salir a buscar fondos para garantizar que al menos pueda haber sesiones en los próximos meses.
La mayor deuda es con Optar, el operador turístico de Aerolíneas Argentinas y encargado de cobrar los pasajes aéreos de los legisladores, que reclama 45 millones de pesos por los últimos seis meses. Hay otros $ 21 millones pendientes de pago con empresas terrestres.
A su vez, la pampeana encontró licencias informáticas vencidas por 50 millones, facturas de telecentro por 247 mil pesos, una flota de 280 celulares de la que sólo se recuperaron 80 y cuatro sistemas informáticos externos que se resistían a entregar las claves si no cobraban los seis meses de deuda. Otro de los cuestionamientos radica en las condiciones edilicias del Congreso, así como también del taller de mantenimiento que funciona en la calle Entre Ríos 131, la cual estaría condiciones insalubres.
Contactada ayer por un cronista de LA ARENA para ampliar esta información, Alonso se excusó y sólo se limitó a señalar que por el momento no formularía declaraciones sobre esta investigación.

 

Sin persecución.
Alonso promete que no habrá una persecución de empleados, pero sí quiere conocer al personal político nombrado a ascendido después de las elecciones primarias. Su antecesor dice que fueron sólo 12 y sus únicas designaciones en planta permanente, varias de enfermos terminales que perdieron la vida. Ni bien pisó el Senado, Michetti echó a 2000 empleados que había nombrado Boudou y luego reincorporó a 800, muchos con alguna discapacidad. Ahora llegó el momento de auditar su gestión.

 

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