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Amado: «Se siente la presión social»

CAUSA POR LA "CENA JUDICIAL"

El fiscal general, Marcelo Amado, afirmó que se «siente la presión social» en la investigación que lleva a cabo por la «cena judicial» en la que participaron los jueces Pablo Balaguer, Miguel Ángel Vagge, y el fiscal general Guillermo Sancho. «La gente espera que el trato sea igualitario», opinó.
Amado consideró que la sociedad «espera que, si hay involucrados funcionarios judiciales, se le dé el mismo trato que a cualquier persona, porque causas similares a estas ha habido infinidad».
De todas maneras, comentó su observación e indicó que «hay un descreimiento por parte de la sociedad de que se va a actuar de forma igualitaria». En ese sentido, confesó que «se siente la presión», aunque no es la primera vez que le ocurre atravesar un escenario de estas características.
«Me ha tocado en otras oportunidades investigar causas, no del Poder Judicial, donde ha habido integrantes del Poder Ejecutivo y siempre son factores de presión. Pero mi función no es la política…», sostuvo en diálogo con el programa «La Campana», que se emite en Radio Noticias.
«Hubo otras causas como estas, pero no involucrada gente del Poder Judicial, sí de otros poderes», agregó y explicó que en este caso «hay que separar lo que es el delito común, donde se investiga a todos de la misma forma, con el sistema que es para los funcionarios judiciales», que contempla el Jurado de Enjuiciamiento para apartarlos del cargo.
«Son dos cosas que no se entremezclan. La parte política no estoy viendola, estoy investigando a estas personas como si fueran ciudadanos comunes y si fueron ellos los que cometieron o no un delito», precisó.

Pedido.
Amado explicó que al Jurado de Enjuiciamiento «hay que pedirlo» y que cualquier ciudadano puede hacerlo. Este proceso «es independiente de la causa penal», debido a que sin importar el resultado puede no llevarse a cabo.
«No es obligatorio que el juez pida un jury para estas personas», aclaró en relación a la investigación en curso, y precisó que «eventualmente podría, pero no hay un tiempo determinado para eso ni es su obligación. Si estas personas fueran condenadas, puede pedirlo o no».
«Hay gente que ha cometido actividades delictivas de otros poderes y no se le ha pedido», ejemplificó y consideró que «es más político que jurídico. Lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver, estamos investigando si hubo delito o no y quienes fueron los participantes».