Viernes 19 de abril 2024

Analizarán construcción de más tarimas en las celdas

Redacción 27/11/2019 - 00.59.hs

El jefe de la Policía de La Pampa, Roberto Ayala, anunció que el Departamento Logística de la fuerza analizará la posibilidad de construir nuevas tarimas en las celdas para mejorar las condiciones de detención de algunas comisarías, principalmente las de General Pico. No obstante reiteró que el origen del problema de sobrepoblación de detenidos, sigue siendo que el Servicio Penitenciario Federal no cumple su compromiso de alojar a condenados pampeanos. De hecho, en la Unidad Penal 4 hay unos 200 lugares que corresponden a La Pampa y están siendo ocupados por presos de otras provincias.
"Nosotros conocemos la situación, sabemos que tenemos una superpoblación de detenidos, no solo en la (Seccional) Tercera de General Pico, sino también en varias dependencias, principalmente en la Alcaidía (de Santa Rosa)", explicó ayer el comisario Ayala cuando dialogó con Radio Noticias sobre el conflicto suscitado en General Pico a partir de la queja de los defensores oficiales por la situación de sus encausados, y la subsecuente orden de ampliar la capacidad de detención que tienen las comisarías pampeanas que emitió un juez de control.
El comisario no solo señaló que la Policía conoce la situación -de hecho, la informa casi a diario a la Justicia provincial- sino que también dio número precisos de la situación. "En el último reporte -detalló-, hicimos saber que de un total de 380 alojados, había 142 que eran condenados, 238 con prisión preventiva, y hay otros 63 con prisión domiciliaría, siendo que la capacidad real que tiene la provincia es de 266".
"Si comparamos esos 266 lugar con las personas que tienen prisión preventiva (238), la conclusión es que en Policía de La Pampa tenemos capacidad para alojar todas personas que están con prisión preventiva, no las que han sido condenadas, que tendrían que estar en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal", remarcó.

 

Pabellón.
Esta situación -el habeas corpus de los defensores y la resolución tomada por el juez de control de General Pico, Heber Pregno-, tiene su origen en el incumplimiento por parte del Servicio Penitenciario Federal de un convenio suscripto años atrás con el gobierno pampeano para alojar hasta 300 condenados pampeanos en sus instalaciones en La Pampa.
"Este convenio no se ha cumplido y a partir de que se declaró la emergencia en el Servicio Penitenciario Federal, han dejado de recibir a los condenados pampeanos", resumió Ayala.
Merced a ese convenio, el gobierno provincial costeó la construcción de un pabellón en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa para alojar hasta 300 detenidos pampeanos. Sin embargo, el SPF utiliza gran parte de esa capacidad para recibir presos de otros lugares del país, vedando esa posibilidad a los condenados provinciales.
Esos condenados están cumpliendo su pena en comisarías y alcaidías provinciales, las que no están preparadas para ellos y además les veda "el derecho que tienen esas personas de recibir un tratamiento resocializador, que les sirva justamente para no volver a incurrir en delito", advirtió el jefe policial.
De los 300 lugares que tiene el pabellón pampeano en la Colonia Penal (UP-4), solo 100 son utilizados por condenados pro la Justicia provincial. Hay otros 40 a 50 presos que se encuentran en la cárcel de Senillosa, en Neuquén, que está destinada a personas condenadas por delitos sexuales.
Los 142 condenados que ahora están en comisarías, "deberían estar en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal", reiteró Ayala. De normalizarse esa situación, se descomprimiría la sobrepoblación de detenidos.

 

Ampliación.
Ante la orden del juez Pregno, Ayala comentó que se instruyó al Departamento Logística de la Policía provincial para analizar la situación y evaluar dónde se puede construir más tarimas para que los presos que ahora duermen en el piso, puedan hacerlo donde corresponde.
"Nuestro arquitecto deberá analizar los planos y ver dónde se pueden realizar, y si lo hacemos a través del mismo Departamento Logística o es una obra que debe ser derivada a Obras Públicas de la provincia", evaluó.
Si estas reformas se encaran, algunos presos deberán ser reubicados en otras celdas, profundizando la situación de sobrepoblación.
La sugerencia de trasladar algunas personas a General Acha, donde hay lugares disponibles, es atendible, reconoció Ayala, aunque en ese caso se presenta otro problema: las quejas de los familiares por las complicaciones que implica recorrer tantos kilómetros para hacer las visitas.
"Si algún detenido está en condiciones de ser trasladado a Acha, lo hacemos porque así liberamos un lugar", indicó.
Por lo pronto, el comisario destacó que si pese a esa sobrepoblación de detenidos, y encima en lugares en preparados para ello, no se dan problemas graves de convivencia, es por la capacitación del personal policial y la responsabilidad con que realizan su tarea. "Si ocurre alguna pelea entre ellos, el personal sabe dónde reubicarlo para controlar la situación y favorecer la convivencia", subrayó.

 

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