Apelan absolución de ex juez de Paz

El fiscal federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Oral Federal de esta capital, para que lo eleve a la Cámara Nacional de Casación Penal, contra la absolución de tres personas acusadas por el delito de trata de personas en General Acha.
En el juicio fueron absueltos en abril pasado Marta Silva y Carlos Silva, dueños del prostíbulo "El Delfín", y el ex juez de Paz de la localidad, Sebastián Sancho, por afectación del principio de congruencia.
La causa se inició en 2011 y el 11 de noviembre de ese año, tras un allanamiento que constató la presencia de mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución, la fiscalía ordenó la clausura preventiva del local.
Según la acusación, Sancho como juez regional de Faltas desde 2006, "dispuso en tiempo récord y sin tomar el mínimo recaudo legal el levantamiento de la clausura, lo que permitió que continuara la actividad delictiva".
En los alegatos el fiscal, requirió que sea condenado por su "participación necesaria" en los hechos a 10 años de prisión, ya que sin su "esencial" aporte, el local no podría haber continuado con la conducta delictiva.
Con respecto a Marta Silva y a su hijo Carlos -se pidió penas de 11 y 12 años, respectivamente-, consideró que fueron coautores de corrupción agravada por el empleo de amenazas en concurso ideal con trata de personas, en modalidad de "traslado, recepción y acogimiento".

Fundamentos.
Al interponer un recursos de casación, el fiscal dijo ahora que es "deber de los jueces" recalificar el encuadre jurídico de los hechos, en caso de ser incorrecto, y "no declarar la nulidad de la acusación" por ese motivo, como ocurrió. El TOF consideró que la fiscalía cambió la figura penal sobre los delitos llegados a juicio, y agravó el pedido de penas.
Argumentó que "la vulnerabilidad no ha sido tomada en cuenta al momento de decidir" y recordó que las víctimas negaron haber ejercido "el comercio sexual" y afirmaron que "no hacían pases", pero advirtió que en el allanamiento se encontraron: "cama, profilácticos usados, y en mismo salón profilácticos sin uso".
De igual forma, agregó, el fallo tiene "otro claro supuesto de arbitrariedad" porque fundó "su decisión limitándose a analizar los dichos de las testigos, que fueron víctimas en la causa, en forma textual. No tuvo en cuenta, en ningún momento, lo que las mismas declararon en oportunidades anteriores, los informes y las pericias que determinaban no sólo la vulnerabilidad sino la relación que las unía con los victimarios".
El fiscal hizo mención, en varios tramos de sus fundamentos, a la falta de consideración de la situación de vulnerabilidad en la que se hallaron las víctimas, que fueron trasladadas a un lugar distante de su lugar de origen. Ahora, el TOF debe responder si pasa la interposición para que defina Casación.