“Apoyo total” para jueces pampeanos

RESPALDO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES POR EL CASO DE LOS PRESOS

El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa salió a apoyar a los jueces de Ejecución Penal de Santa Rosa y General Pico por su decisión “de reclamar que la Unidad Penal Federal 4 sólo reciba presidiarios pampeanos en las instalaciones que fueron pagadas por la Provincia”, y que de esa forma se cumpla con el convenio firmado en 2007.
Los jueces Martín Saravia y Mauricio Pascual ordenaron hace semanas al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que no ingrese presos de otras jurisdicciones para cumplir con el cupo de 300 plazas que se acordó para los condenados por la justicia de la provincia de La Pampa.
Sin embargo, el convenio siguen sin cumplirse y las comisarías y alcaidías locales están colapsadas -por ejemplo, en la Alcaidía de Santa Rosa, pueden alojarse 64 personas pero hoy conviven allí 96-. Incluso, la Defensoría General del Poder Judicial provincial advirtió sobre la situación y el perjuicio a las personas detenidas.
La orden que quisieron impartir los jueces pampeanos fue informada por el director de la U4, el prefecto Hugo Almeida, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa que pidió a la fiscalía federal que investigue si existió el delito de abuso de autoridad por parte de Saravia y Pascual.
En sintonía con el planteo de los magistrados pampeanos, el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia reclamó ayer el cumplimiento del acuerdo “rubricado en pos de garantizar los derechos humanos de personas privadas de la libertad”.
Los jueces locales intentaron frenar el ingreso de presos de otras jurisdicciones, por sobre los condenados pampeanos, cuyos ingresos son rechazados por directores de la U4, después de corroborar que en cuatro pabellones construidos por el gobierno provincial, un tercio está ocupado por pampeanos y el resto son condenados de otras provincias.

“Apoyo total”.
“Frente al particular conflicto que se suscitó respecto de la interpretación y ejecución del convenio por el cual la provincia de La Pampa convino con autoridades federales la construcción de un pabellón en la U 4 de Santa Rosa a condición de que el sistema judicial pampeano dispusiese de 300 plazas para que se cumplan penas de condena impuestas en procesos penales tramitados y resueltos en la provincia”, el Colegio manifestó “su total apoyo a la decisión adoptada por los jueces de Ejecución Penal de reclamar que la UPF 4 sólo reciba presidiarios pampeanos en las instalaciones que fueron pagadas por la Provincia”.
“Como colaboradores de la justicia, se agregó, “acompañamos toda medida judicial que se adopte en pos de garantizar los derechos humanos, fundamentalmente en situaciones como las del caso, en las que se trata de personas privadas de la libertad. Asimismo, exhortamos a las autoridades comprometidas en la ejecución del convenio, quienes tienen la delicada tarea de cumplir y hacer cumplir el mismo que arbitren todos los medios para tal fin respetando la letra y espíritu del mismo”.
El incumplimiento del convenio generó en las últimas semanas denuncias cruzadas entre el fuero federal y el provincial en el marco judicial. Después de la denuncia impulsada por el TOF contra los jueces Saravia y Pascual, la Defensoría General de La Pampa pidió al Ministerio Público Fiscal que investigue si las autoridades del SPF cometieron un delito.
Por el lado del gobierno pampeano, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Bensusan, también respaldó el accionar de los jueces y planteó la necesidad de “investigar” si las autoridades nacionales del SPF, que dependen del Ministerio de Justicia de Nación, están incumpliendo con el convenio.