«Atenta contra cadena de producción»

(General Acha) – El empresario Carlos José Ruiz expresó su malestar por el procedimiento realizado por personal del puesto caminero Padre Buodo, ubicado a la vera de la ruta nacional 35. A través de las redes sociales relató que el viernes 18 de junio se detuvo un camión cargado con maíz porque la carta de porte estaba manuscrita, exigiéndose que debía estar confeccionada con impresora.
El cargamento tenía como destino el feedlot distante a 10 kilómetros. Sin embargo -continuó el empresario- se labró una infracción al decreto 3879/17, porque consideró que se trataba de una carta de porte en blanco o con datos erróneos o incorrectos. «Ninguna de estas circunstancias aludidas por el policía en esa acta, es cierto, debido a que la carta de porte 000586154695 no está en blanco, no tiene datos erróneos o incorrectos», dijo.

Evidencia.
Aseguró que la intervención policial dejó en evidencia la realización de un procedimiento «erróneamente burocrático», además de «la falta de sentido común e ignorancia para ejercer sus funciones. Respecto a ello, aclaró que se solicitó número de contrato, cuando en una compraventa de semillas no es obligación firmar un contrato, así que no hay número para colocar, pero el policía refiriere que debió consignarse: sin contrato».
Precisó que en relación a la declaración de calidad del maíz, se determina en el destino de llegada, no en el lugar de origen. Por ese motivo, al momento de transportarse, no se conoce la calidad del maíz. En cuanto a la tarifa que cobra el camionero, «no había sido pactada, pero sí existía una tarifa de referencia que estaba consignada en la carta de porte.
Otro de los puntos cuestionados fue que faltó consignar el pagador del flete. «Este dato se podría haber consignado en el momento, ya que no es un dato relevante, en la CP constan los datos (CUIT activo) del transportista, el comprador y vendedor del cereal», explicó.

Insistencia.
Ruiz afirmó que el camión permaneció detenido desde las 10 a las 18, lo que implicó la pérdida de horas de trabajo y esfuerzo. Dijo que intentó explicarle al agente que son datos de menor importancia, que podían aportarse en ese momento, que no hacían a la invalidez del documento, que incluso lo podía hacer el chofer del camión. A pesar de ello, respondió que «la infracción ya estaba hecha y hasta que no estuviera debidamente acreditado el pago el camión, no podía continuar.
Frente a esa respuesta, Ruiz le informó que ya se había realizado el pago de la multa, pero el policía insistió en que no podía proseguir hasta tanto «no esté la carta de porte nueva». Además, le dijo «aparte el lío que usted está haciendo por unos mugrientos mil pesos».
Asimismo indicó que esa no fue la única circunstancia absurda que pasó en ese puesto caminero, debido a que «minutos después, otro camión, propiedad de la firma compradora (a quien represento) fue detenido porque la carta de porte estaba rellenada con diferente lapicera. Lo grave es que se pagó la multa, pero el camión se retuvo igualmente, hasta que llego una CP».
Esta situación, sostuvo Ruiz, generó una injustificada demora, un perjuicio para el transportista y el vendedor que estaba cosechando, que tuvo que detener su tarea a la espera del regreso de la unidad. «Estos inconvenientes que tuvo la cadena de producción, le agrega innecesarios costos. Molestias y riesgos a quienes trabajan produciendo y dando empleo a la gente. Toda una cadena de esfuerzo frustrada por un accionar incomprensible, burocrático y estéril», señaló.

Aval.
Los hechos registrados fueron dados a conocer a un alto jefe de la policía, quien avaló el procedimiento del agente, aduciendo que había mantenido una comunicación con la AFIP, que así lo respaldó. «Me da la impresión que la falta de conciencia del daño que genera el accionar policial, se conjuga con un evidente abuso de autoridad, que perjudica a la sociedad toda, ya que habiendo pagado la multa y viendo que hay concordancia con los datos burocráticos exigidos, igual continua la detención de los camiones, con el cargamento y el personal parado sin sentido», dijo Ruiz.
Por ese motivo el empresario se preguntó qué finalidad tiene la policía con detener un cargamento de cereal que se transportaba legalmente, y cuyo destino estaba a 10 kilómetros. Circunstancia plenamente conocida por los agentes y el destacamento policial.
«Una idea que surge es que no solo recauda la AFIP, Rentas y los municipios, sino que ahora también lo hace la policía, que parece ser que se ha convertido en un ente recaudador; con poder, para detener un transporte, perjudicar a quienes trabajamos e incluso aplicar represalias sin otro sentido que hacer saber la existencia de una cuota de poder discrecional», concluyó Ruiz.