Auditoría interna revela la inacción vial del macrismo

Un informe de la Auditoría Interna de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) desmiente lo dicho por el presidente Mauricio Macri y deja en evidencia la situación de las rutas nacionales deterioradas, como en La Pampa donde los caminos provinciales son perjudicados en forma notoria por el desvío del tránsito nacional, una cuestión que llevó al reclamo del organismo vial provincial a la Nación sin respuestas concretas.
"A la fecha se encuentran finalizados 365 kilómetros de autopistas iniciadas a partir del 2016, lo que representa un 13 por ciento de los 2.800 kilómetros previstos. El programa Rutas Seguras prácticamente no registra avances. Se ejecutaron sólo 6 de los 4 mil kilómetros planificados. Es decir el 0,15 por ciento del total anunciado", destacó el informe.
El Plan Vial presenta un bajo grado de avance, según se advirtió, habiéndose realizado primordialmente obras de repavimentación, con escaso y nulo avance respectivamente en los planes de Autopistas y Rutas Seguras.
El documento firmado por los ingenieros Federico González, Justo Romero y Marcelo Guillermo Bianchi menciona que "se advirtió también que en el plan no se contempló la conclusión de obras paralizadas o neutralizadas tras el cambio de gobierno y que presentaban un importante grado de avance". O sea que VN ni siquiera terminó las obras que estaban casi terminadas en diciembre de 2015.
La Unidad de Auditoría Interna es una oficina de la DNV que revisa y evalúa lo que se hizo en las obras viales de todo el país. Como muestra, los tres ingenieros estudiaron ocho distritos de las provincias del sur, el norte y la provincia de Buenos Aires, con revisión de la documentación, informes e inspecciones.

Autopistas en baja.
El plan de Cambiemos contemplaba la construcción de 2.800 kilómetros de autopistas en tres años -para terminar con las rutas colapsadas- y solamente se completaron 365, el 13 por ciento, aunque buena parte se hizo con financiación de las provincias como en Córdoba, generando la deuda para el Estado nacional. En esa línea, el gobierno de San Juan le reclama $1.200 millones a Nación por las obras en la ruta 40, indicó Página/12.
En La Pampa, la autopista Anguil-Santa Rosa está incluida dentro del Corredor Vial B pero la obra ya no tiene el financiamiento acordado y anunciado por la gestión nacional. Fue adjudicada a la UTE conformada por China Construcción América (filial Panamá) y la argentina Green SA. Esa misma firma también tiene a cargo la construcción de "ruta segura" entre Anguil y Bragado y la nueva Circunvalación de Santa Rosa. Lo cierto es que las obras prometidas no avanzan en la provincia.
Por otro lado, el segundo objetivo es convertir rutas inseguras en seguras pero ese cumplimiento todavía fue menor. Sólo seis kilómetros de 4 mil, el 0,15 por ciento. Las pavimentaciones se hicieron en 1.832 kilómetros y las repavimentaciones en 6.144, con lo que completaron el 61 por ciento de los 13 mil kilómetros previstos en el plan.

Conclusiones.
El texto de la Auditoría Interna, que hasta ahora se ocultó, concluye que "el plan registra bajo cumplimiento en relación con las fechas de inicio y finalización de las obras; obras que han sido planificadas no se han iniciado; obras que han sido planificadas como autopistas o rutas seguras presentan una configuración de menor jerarquía, como obras de pavimentación o recuperación y mantenimiento y obras ejecutadas o en ejecución que presentan una longitud menor que la planificada".
El informe advierte demoras en casi todos los casos. Las obras de autopistas en Santiago del Estero, por ejemplo, ni siquiera fueron iniciadas. La ruta nacional 12, en el tramo Empedrado-Itatí tiene finalización de obra prevista para abril de 2020 y registra un avance de apenas el 5,6 por ciento, según Auditoría.
"El informe también da a entender que hubo una manipulación política del plan de obras viales, ya que los mayores atrasos e incluso la falta de ejecución se produjo en dos distritos gobernados por opositores, Tucumán y Santa Cruz", indicó el periodista Raúl Kollman.
El diario ya publicó que el Sindicato de Trabajadores Viales denunció en la Justicia que el tramo de la ruta 8, de Todd a Fontezuela, que se licitó durante el kirchnerismo en $285 millones y que el gobierno actual lo llevó a $2.500 millones, nueve veces más. El constructor es Iecsa, la empresa que fuera del primo presidencial Angelo Calcaterra.

Caso Santa Cruz.
El informe de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) también deja en claro que el gobierno nacional no terminó obras que tenían importantes avances por razones políticas, como el caso de la ruta nacional 288 que atraviesa Santa Cruz desde la Cordillera, y es de máxima importancia, según los especialistas. La obra estaba en enero de 2016 con un tramo al 95 por ciento, otro al 45 por ciento y otro al 35 por ciento, pero quedó ahí sin continuar.