Avanza el juicio por Comité de Cuenca

Durante el mes de marzo, el gobierno pampeano -a través de la Fiscalía de Estado- retomó la iniciativa con vistas a conformar el comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, un reclamo que viene de vieja data pero que se ha encontrado con la indiferencia de otras jurisdicciones y la resistencia total de las provincias de Mendoza y San Juan. Una vez notificadas las provincias y Nación, la Corte decidirá los pasos a seguir.
La creación del comité de cuenca de la región hídrica más grande del territorio argentino -de la cual forma parte gran parte del territorio pampeano-, tuvo en el mes de marzo un importante avance con el envió por parte de La Pampa de los oficios a las demandas informándoles que la Corte Suprema había aceptado su pedido de «ordinarizar» el amparo presentado en 2016.
¿Qué significa esto? Que en 2016 el Estado pampeano presentó un amparo a la Corte preocupado por una gran crecida de los principales ríos que amenazaba con generar complicaciones en territorio pampeano. El amparo buscaba obligar a las partes a sentarse a una misma mesa y discutir cómo manejar la situación de manera que los daños fueran los menores para todas las jurisdicciones.
Ese fue un primer e importante puntapié inicial en pos de la conformación del comité de cuenca, una necesidad en la que La Pampa ya había hecho intentos administrativos y gestiones políticas, pero sin resultados concretos. Aquella crecida abrió la puerta a la acción judicial en el más alto tribunal argentino.
El avance de las aguas llegó a La Pampa pero no produjo daños. De hecho las aguas apenas si alcanzaron a entrar por unos días en la laguna Urre Lauquen, al norte de la localidad de Puelches.

Amparo.
Pasada la crisis, el gobierno pampeano pidió a la Corte Suprema convertir el amparo en un juicio ordinario, que por involucrar a varias provincias y al Estado nacional, debía sustanciarse bajo su propia órbita. Esta fue la «ordinarización» que decidió la Corte Suprema luego de analizar la situación y escuchar la opinión favorable de la Procuración General, que avaló el pedido pampeano.
En ese ínterin, a fines de 2019 el gobierno nacional tomó la decisión de actuar por su parte y decidió llamar a todas las provincias a una reunión que tuviera por objeto analizar los pasos a seguir en pos de este objetivo. El encuentro, convocado por la secretaría de Planificación y Política Hídrica entonces al mando de Pablo Bereciartúa, no llegó a ningún resultado por cuanto San Juan y Mendoza se plantaron en que no se trata de una cuenca en sentido estricto sino cauces que se activan en forma esporádica.
Luego vino el recambio de autoridades de 2019 y cuando La Pampa se aprestaba a retomar la acción en el ámbito judicial, llegó la pandemia de Covid-19 con todas las implicancias conocidas. La actividad judicial en general y la de la Corte Suprema en particular se restringió a los casos urgentes dejando para más adelante aquellas cuestiones no urgentes. A ello se sumó la interrupción de plazos procesales que determinó la Corte y casi todas las justicias provinciales.

Iniciativa.
Por ello, con la reactivación de la dinámica judicial en el mes de marzo de este año, La Pampa retomó el tema. «Lo que estamos haciendo es enviar exhortos y oficios a todas las partes demandas notificándoles la ‘ordinarización’ de aquel amparo», precisó una fuente de Fiscalía de Estado.
«Una vez que todas las partes estén notificadas del expediente 1055/2016 la Corte deberá decidir qué camino toma. En los casos ambientales, tiene muchas opciones. Podría una audiencia de conciliación, una audiencia preliminar o alguna otra figura», detalló la persona consultada.
Las provincias que deberán sentarse a consensuar el manejo de la cuenca son Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Río Negro y Buenos Aires y el Estado nacional.