Ayer declararon dos funcionarios

(General Pico) - El fiscal general Armando Agüero, ayer a la mañana les tomó declaración testimonial a dos funcionarios municipales de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación que se sigue por la sustracción de fondos recaudados de la emisión de licencias de conducir. La causa penal tiene a tres trabajadores comunales imputados, a uno de los cuales (el cajero a cargo a cargo del cobro de la tasa por la emisión de los carnets) se le dictó la prisión preventiva por 30 días.
Auditadas las rendiciones de este año, el faltante ascendería a 570 mil pesos, aunque se revisa también el periodo 2017.
Ayer a la mañana, el fiscal Agüero se entrevistó con Sebastián Lamberti y con María José Mendoza, quienes están a cargo de la Contaduría General y de la Tesorería del municipio respectivamente, áreas que dependen de la Secretaría de Hacienda.
El funcionario judicial indicó que la próxima semana serán citados otros funcionarios de esta Secretaría como así también del área de Tránsito. También dijo que espera por parte de la comuna, el resultado de la auditoría de los meses del año anterior, dado que la revisión del período enero - julio 2018, ya fue entregado y sumado a la causa, en el marco de la ampliación de la formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria que coordinó la jueza de control Jimena Cardoso, días atrás.
"La fiscalización del dinero que ingresa a la Municipalidad es algo más complejo y tiene que ver con una interrelación de funcionarios y funciones que estamos evaluando para determinar la responsabilidad de estas personas. Estamos requiriendo un montón de informes y a su vez llamando a funcionarios del área de Hacienda, para que expliquen el sistema de responsabilidad de cada uno y como está dispuesto del organigrama. La próxima semana se hará una pericia contable por parte de la Fiscalía y contamos con la colaboración del municipio, que se prestó a hacer la auditoria, puso a disposición toda la documentación y va a facilitar que la pericia judicial se haga, para determinar todo tipo de responsabilidades", dijo Agüero.

Dos maniobras.
La causa se inició a partir de una denuncia que semanas atrás radicó en la Justicia piquense, Luis Daratha, a cargo de la Dirección de Prevención y Convivencia Ciudadana, que entre otras funciones, tiene a cargo las tareas respectivas del área de Tránsito, entre las que se incluyen la emisión de las licencias de conducir.
Por esta denuncia se le inició una investigación penal a Leonardo Godoy, cajero del municipio a cargo del cobro de la tasa por la confección de los carnets. Al trabajador municipal se lo investiga por haber sustraído dinero recaudado de la emisión de las licencias de conducir, mediante la anulación de recibos de pago que se enviaban al área de cómputos. En el inicio de la investigación se detectó un faltante de 112 pesos, correspondientes a recibos anulados en el mes de julio. Sin embargo se revisaron las rendiciones del resto del año y se determinó que el defalco ascendía a 570 mil pesos. Además en esta tarea investigativa se descubrió otra maniobra, consistente en confección de recibos manuales oficiales de la comuna, que no eran ingresados al sistema informático. Por esto, más la ampliación del monto sustraído, la jueza Cardoso le dictó la prisión preventiva por 30 días al cajero, que previo a ello había sido suspendido por el municipio. Además el miércoles se le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria por el delito de Peculado Culposo, a dos trabajadoras del área de cómputo, quienes a partir de una conducta negligente, anularon los recibos en el sistema informático, a pedido del cajero, lo cual le permitió la sustracción del dinero.