El procurador cruzó al STJ por la «cena judicial»

La situación en que quedaron incursos tres altos funcionarios judiciales -dos jueces y un fiscal general-, amenaza desatar un conflicto hasta ahora soterrado en el marco de la Justicia Provincial. Mientras el presidente del Superior Tribunal de Justicia manifestó a este diario que la causa terminaría en Armando Agüero, fiscal general en la Segunda Circunscripción, el jefe del MPF, Mario Bongianino, sostuvo que «eso nunca sucedió antes» y que si se afirma algo así es «porque se desconoce el funcionamiento de la fiscalía».

«Hacerse cargo».
¿A quién se refería Bongianino? La pregunta que se le hizo desde LA ARENA fue inequívoca. Estaba referida a las expresiones de José Sappa, titular del STJ, quien había sugerido que la causa que involucra a los jueces Tomás Balaguer y Miguel Angel Vagge, y al fiscal Guillermo Sancho, finalmente podría ir a parar a manos del fiscal piquense. «Se desconoce el funcionamiento de la fiscalía», y así «lo haya expresado cualquiera que fuere tiene que hacerse cargo de sus dichos», ratificó.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia también manifestó que Sancho está justamente abocado en Santa Rosa a investigar los casos de violación de la cuarentena -conducta encuadrada en el artículo 205 del Código Penal-, pero Bongianino respondió que eso no es así, y en todo caso aquel está más vinculado a delitos de índole económico.

El hecho.
Cabe recordar que el fiscal general Máximo Paulucci le pidió a Bongianino que lo aparte de la causa en la que se investiga a los jueces Miguel Vagge y Pablo Balaguer, y al fiscal general Guillermo Sancho, que fueron denunciados por el Ministerio de Salud de La Pampa por violar la cuarentena durante el Día del Amigo. Además por participar de esa reunión, Pedro Arcuri, quien se desempeñaba como coordinador de la Planta Automotor de la cartera de Salud, fue expulsado de su cargo a través de un decreto que firmó el gobernador Sergio Ziliotto.
En el encuentro había otras tres personas que no tienen cargos públicos, aunque también deberán enfrentar la denuncia por violar las medidas sanitarias vigentes en la actual etapa de la cuarentena.

Excusación de Paulucci.
El lunes Paulucci le tomó la denuncia al subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y el martes le solicitó al titular del Ministerio Público Fiscal que lo aparte por su relación de amistad con Sancho, con quien además comparten cargo y lugar de trabajo en el Ministerio Público Fiscal.
Ayer, en diálogo con este diario, Bongianino manifestó ante el suceso que «todos somos iguales ante la ley», y que se investigará como en cualquier otro caso.

Amado decidirá.
Precisó que el fiscal general Marcelo Amado será quien designe a uno de los 13 fiscales que hay en Santa Rosa. Aclaró que si bien alguno se puede excusar por distintas razones, tendría que fundamentar «muy bien» porque lo hace; no obstante lo cual serán precisamente sus superiores los que determinarán si se pueden apartar o no.
Al confirmar que será «un fiscal de Santa Rosa» el que investigará, los calificó de «idóneos» para llevar adelante la investigación, porque «están acostumbrados» a llevar adelante causas mucho más pesadas, como pueden ser crímenes u otro tipo de delitos.
Lo cierto es que hoy quien deberá determinar en manos de qué fiscal quedará la investigación es el fiscal general Marcelo Amado.

Agüero no.
Bongianino se mostró sorprendido que se haya especulado con que un fiscal general se iba a encargar. «No se entiende por qué se hizo esa especulación, cuando ninguna de esas causas de Covid las tramita un fiscal general. Además no hay ningún antecedente de que un fiscal haya actuado en un caso de otra jurisdicción», como se menciona ahora que podría designarse a Agüero, aclaró.

El 3% de la población encausado.
El funcionario judicial recordó que en principio la violación al artículo 205 del Código Penal debería ser tratado por la Justicia Federal (propagación de una enfermedad), pero como no tiene estructura en nuestra provincia lo lleva adelante la justicia pampeana.
Precisó que hasta la fecha se han realizado 11.120 actuaciones policiales, lo que significa el 3% de la población de la provincia. Una tarea ímproba, a la que la Justicia deberá abocarse para resolver, aunque no todas serán sometidas a investigación. Muchas serán resueltas, seguramente, con salidas alternativas, como pueden ser el juicio abreviado, o el principio de oportunidad.