Bonino declaró la quiebra indirecta del Frigorífico General Acha

El juez de primera instancia en lo civil, laboral, comercial y de minería N°1 de esta ciudad, Gerardo Bonino, declaró la quiebra indirecta de la empresa Frigorífico General Acha SA. Era una decisión que hace unos meses ya habían pedido algunos de los 64 acreedores, debido a que el grupo inversor que se había comprometido a pagar la deuda, nunca lo hizo.

En esa misma resolución, el magistrado dispuso la anotación de la quiebra y la inhibición general de la empresa para disponer y gravar bienes registrables. A tales efectos, se libraron las pertinentes comunicaciones a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor y Créditos Prendarios, al mismo tiempo que peticionó que se remitan los informes de dominio y gravámenes de los bienes que se registraren a nombre del FGA.

Intimación

Bonino ordenó a la firma y a terceros que, dentro de término de 24 horas, entreguen a la Sindicatura los bienes pertenecientes a aquel y existentes en el país. Además, la intimó para que entregue a la Sindicatura dentro de ese mismo lapso, los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.

En otro de los puntos de la decisión judicial, dispuso la inhabilitación de la empresa, lo que se hizo extensivo a los actuales integrantes del Directorio Mirna Lorena Fernández, Norma Raquel Romero y Juan Cruz De la Iglesia. Como así también, de los anteriores integrantes: Oscar Enrique Suárez, Osvaldo Diego Alonso y Mario Héctor Alonso, informaron a LA ARENA fuentes confiables.

Prohibición

Asimismo prohibió a los integrantes del Directorio -actual y anterior- que abandonen el país sin autorización judicial previa, hasta tanto la Sindicatura realice la presentación del informe general.

Ahora se tendrá que designar al Síndico (un contador de la nómina de contadores públicos) para que efectúe el inventario establecido por el artículo 88 -inciso 10- de la ley 24522 de Concursos y Quiebras, sólo para rubros generales, lo que deberá cumplirse dentro de los 30 días posteriores a la aceptación del cargo.

Concurso

El cierre de la planta perteneciente al Frigorífico General Acha, ubicada a la vera de la ruta nacional 152 kilómetro 31, se produjo hace tres años. Lo que representó un duro golpe para la economía local, debido a que más de 120 empleados se quedaron sin trabajo.

Se trató de una determinación adoptada a pesar de la ayuda crediticia (15 millones de pesos) otorgada por el gobierno provincial de ese entonces, como una forma de auxilio financiero, que evidentemente no alcanzó. Esto, sumado a otros factores, que algunos lo atribuyeron a la no apertura de la barrera sanitaria por parte de la provincia de Río Negro, además de la caída de mercados, y malos manejos de la empresa.

A partir de allí, se procedió a la apertura de un concurso preventivo, tramitado por ante el juzgado civil de esta localidad. Así fue que, a mediados de septiembre de 2017, el tribunal declaró verificados los créditos de los acreedores, cuyas cuentas fueron debidamente acreditadas.

Acuerdo

El año pasado, precisamente el 30 de julio, el juez Gerardo Bonino homologó judicialmente el acuerdo preventivo (propuesta de pago) al que arribaron en aquel entonces el Frigorífico General Acha S.A., y sus acreedores.

El tema fue que la parte deudora nunca cumplió con el pago del compromiso asumido. Tampoco justificó los motivos por los cuales no pagó la deuda oportunamente verificada por los acreedores. Ello, a pesar de las intimaciones y el traslado que se corrió a la empresa.

Esta situación derivó en la petición, efectuada en el mes de diciembre de 2019, por parte de al menos tres acreedores, uno de ellos Gregorio Aberásturi SRL, representados por el estudio jurídico de los abogados Román Molin y Marcelo Juan Molin. Finalmente, el juez falló y declaró la quiebra indirecta de la firma Frigorífico General Acha. Ahora una vez cumplido los procedimientos pertinentes, los bienes -entre estos la planta- saldrán a remate.

La quiebra declarada por el magistrado, dejó definitivamente trunco el objetivo del empresario Eduardo De la Iglesia, quien en representación de la firma FGA SA, había avanzado en una eventual reapertura de la planta. En sintonía con ello, llegó a indicar que antes del 10 de junio podría empezar a funcionar nuevamente, con faena de animales. Hasta informó sobre las fases de producción que se había planificado llevar a cabo una vez concretada la reapertura de la planta.