Bravo, más cerca del juicio oral

Lenta pero inexorable avanza la causa donde el ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, un jefe policial y una «madama» dominicana están imputados por un delito de trata de personas. En noviembre del año pasado, la Fiscalía Federal de Santa Rosa pidió la elevación a juicio y ahora el Tribunal Oral Federal (TOF) solicitó al Concejo Deliberante el aporte de mayor información y documentación vinculada a la acusación.
La novedad se conoció ayer durante una sesión del Concejo Deliberante, a la que Bravo no asistió. El presidente del cuerpo, Luis Oga, informó el pedido cursado desde la Justicia Federal mediante una cédula fechada el 14 de junio y firmado por Jorge Ignacio Rodríguez Berdier: «recibí un oficio pidiendo información sobre la causa. Ya tenemos reunida la documentación solicitada y el martes viajaré a Santa Rosa para presentarla en forma personal», confirmó.
En la lista de documentos requeridos por el TOF figuran «copia de la ordenanza aprobando el Organigrama Municipal y Manual de Misiones y Funciones de 2008, 2009 y 2010; copia certificada de las notas enviadas y recibidas entre diciembre de 2010 y abril de 2011 en lo que respecta a la Reglamentación y Habilitación de clubes nocturnos, y toda documentación relacionada con la Ordenanza N° 26/10».
Según Oga, también deben informar «qué tratamiento o respuesta hubo para las notas enviadas por el Departamento Ejecutivo Municipal entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, y específicamente para la nota 10/2011, del 18 de febrero de 2011, y copia de la Ordenanza aprobando el Código Municipal de Faltas, con copia certificada del Código y copia certificada de la designación del Juez de Faltas que cumplía funciones al momento de los hechos».
El TOF también pidió «copia certificada del Orden del Día de la Sesión Ordinaria del tres de septiembre de 2010, Acta de Sesión, Libro de Asistencias, audio de la Sesión, proyecto original sometido a tratamiento y a petición de quién se realizó Moción de Orden para realizar modificaciones y aprobar la normativa consensuada y copia certificada donde se aprobó el acta de la sesión de la ordenanza 26/10». También reclama copias «del Proyecto original presentado por el Bloque Frente para la Victoria, Orden del Día dónde consta la presentación del citado Proyecto de Ordenanza; en el cual se hace alusión al cierre de clubes nocturnos; Habilitaciones y/o Rehabilitaciones en el rubro citado; Despacho de Plenario, nómina de los ediles presentes en esa Comisión al momento de los hechos, y Acta de tratamiento en Plenario del Proyecto de Ordenanza que establece los requisitos de habilitación comercial para locales nocturnos».

La causa.
El 13 de diciembre de 2011 la Fiscalía Federal recibió la denuncia de Juan Ignacio Gallo, empleado de la Dirección Nacional de Migraciones de Santa Rosa, quien manifestó haber sostenido comunicación telefónica con una mujer de nacionalidad dominicana, quien declaró haberse escapado de un cabaret en 25 de Mayo, donde quedaban varias mujeres que eran maltratadas, una de ellas embarazada. La mujer explicó que no había avisado a la policía «porque sabían todo y que cuando iba el jefe de la municipalidad al cabaret, te daban mil pesos y él firmaba».
Inmediatamente, la fiscal federal Marta Odasso inició una investigación sobre tres locales nocturnos, «El rancho», «Venus» y «El sueño», donde determinó fehacientemente el funcionamiento de cabarets durante operativos desarrollados por efectivos de la Policía Federal y personal de la Dirección Nacional de Migraciones.

A juicio oral.
A mediados de noviembre pasado, el fiscal federal interino Leonel Gómez Barbella requirió la elevación del expediente a juicio oral para determinar las responsabilidades de David Bravo (ex intendente por el Movimiento Popular Veinticinqueño), el ex jefe de comisaría local Miguel Angel Oyarce, y Nurys Antonia Caraballo Castillo y su hijo José Luis Carpio Carballo, regentes de los centros nocturnos. Todos están acusados de integrar una organización orientada a la explotación sexual.
Gómez Barbella constató en todas las intervenciones la existencia de mujeres que eran explotadas sexualmente y consideró que Caraballo Castillo y su hijo «no podían ser ajenos a la actividad que dentro de sus locales se estaba desarrollando». En cuanto a Bravo, el fiscal advirtió que como intendente municipal no dispuso ninguna medida para procurar el cierre del cabaret «Venus» tras la promulgación de una ordenanza en 2010, permitiendo «que la actividad que se intentaba combatir mediante esta norma, reconocida como delito de trata de personas con fines de explotación sexual, continuara practicándose en locales que contaban con sus respectivas habilitaciones».
Del mismo modo, el comisario Oyarce no podía desconocer lo que sucedía en aquellos locales, agregó el fiscal. Por eso, la acusación sobre ambos ex funcionarios es incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, respectivamente, por haber facilitado aquél delito entre enero de 2011 y octubre de 2012.