Bruno advierte por inconstitucionalidad

El justicialismo y el radicalismo continúan con los cruces mediáticos alrededor de la ley de inquilinos sancionada por la Legislatura provincial, por mayoría, a partir del impulso del oficialismo, a pesar de la resistencia de las inmobiliarias que dejaron abierta la posibilidad de ir a la Justicia contra la norma que impone que los inquilinos no paguen la comisión.
"Esta ley que pretende beneficiar al más débil, lo va a terminar perjudicando, es una ley sin sentido que no va a solucionar nada", dijo el diputado Carlos Bruno (Frepam) al responder a las declaraciones de Jorge Lezcano, uno de los defensores de la iniciativa, quien afirmó que es una "ayuda" a quienes firman un contrato de alquiler.
"Desde nuestro bloque pedimos que el proyecto vuelva a comisión para corregirlo, pero ante la negativa debimos votarla en contra", señaló Bruno, que es martillero público y corredor de comercio. En rigor, la normativa cuenta con el apoyo de las organizaciones de inquilinos.

Inconstitucional.
En su artículo 1531 del Código Civil y Comercial de la Nación "se establece que cuando interviene un corredor, todas las partes le deben comisión y el artículo 1350 expresa que el profesional tiene derecho a comisión si el negocio se celebra como resultado de su intervención", dijo el diputado, agregando que por ello, "se corre el riesgo que la ley sancionada sea inconstitucional ya que una ley provincial no puede contradecir una ley de fondo como es el Código".
Manifestó que el inquilino es "el más débil" y también "el más necesitado. Todos sabemos que la demanda de viviendas es superior a la oferta, por lo tanto el propietario puede sugerir que al tener que afrontar el total de la comisión, la misma sea incluida en el valor del alquiler" -algo que Bruno había planteado en comisión-.
"Como no existe un nomenclador que fije cuál debe ser el valor máximo de alquiler de acuerdo a la zona y metros cuadrados de la vivienda ofrecida, el valor lo fija el propietario".
Ante esta situación, agregó, "puede ocurrir que se trate de obviar al corredor, quien en realidad es quien oficia como mediador ante cualquier problema entre las partes, o acaso el inquilino cuando hay una rotura en la casa no acude al corredor para que le solucione el problema, o acaso el propietario no acude al corredor cuando hay atrasos en los pagos. Cuando la figura del corredor no esté entre las partes, seguramente los conflictos se terminarán resolviendo judicialmente. Ante estas dudas, ¿se puede afirmar que esta ley beneficia al más débil?", se preguntó Bruno.