Buscan sustituir una Ley de Facto

«Buscamos dar seguridad jurídica en cuanto a los honorarios», pero también tener una ley acorde a la realidad social y económica que atraviesa el país», expresaron desde el Colegio de Abogados. Representantes de ese cuerpo colegiado participaron ayer de la reunión de la comisión de Legislación General para tratar el proyecto por el que se solicita la sustitución de la NJF N° 1007 – Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Provincial.
Santiago Coll, representante de la comisión que trabajó en el anteproyecto, explicó: «Esto nació en el 2018 por iniciativa del Colegio de Abogados, en procura de buscar una actualización de la norma, ya que nuestra ley provincial tiene una vigencia de muchas décadas. Es inevitable la necesidad de que los abogados tengamos una ley acorde a la realidad social y económica que atraviesa el país», sostuvo-

Una ley antigua.
Agregó que «el objetivo primordial es brindar a los abogados seguridad jurídica. El hecho de que esta ley haya estado en vigencia tanto tiempo ha generado que algunas normas hayan caído en desuso. El abogado hoy en día no tiene parámetros de determinación de sus honorarios. Entonces esa seguridad jurídica es lo que buscamos. Igualmente se han mantenido muchas normas de la ley que queremos modificar», dijo Coll ante los diputados que participaron del encuentro virtual.

Seguridad jurídica.
Coll siguió diciendo que lo que se busca «es dar seguridad jurídica en el honorario; claridad a la hora en que el juez tenga que determinar esos honorarios. También, los honorarios deben estar siempre fundados, es decir, que tiene que haber una valoración del juez cuando los determina», señaló.
Por su parte el abogado Pablo Rodríguez Salto indicó que «la mayor necesidad que lleva a plantear este proyecto es el hecho de que hoy no tengamos parámetros que proteja el valor de los honorarios ante el paso del tiempo».

Las actualizaciones.
Asimismo, en la reunión se advirtió que otras de las modificaciones que plantea el proyecto tienen que ver con actualizaciones cuyo fin es el de incorporar regulaciones en procedimientos que hoy no tienen normas específicas.
Rodríguez Salto, a modo de ejemplo, dijo que en el derecho de familia, y «pese a que hoy sería uno de los ámbitos de mayor conflictividad, los parámetros sólo se aplican para aquellos casos que tienen contenido económico. Esto provoca que a la gente le cueste conseguir un abogado que atienda cuestiones de familia porque el abogado no tiene el incentivo ni la certeza de que después va a cobrar».

También el interés del cliente.
El mismo profesional agregó que «esto no es algo novedoso, sino que se está haciendo en el resto de las provincias, porque es necesario. Además -continuó- en el proyecto no sólo se contemplan los intereses de los abogados, sino también los intereses de los clientes. La ley no contiene cuestiones de privilegios a los abogados. Se ha hecho una justa comparación del derecho de los abogados y de las personas. Esta norma no tiene cuestiones oscuras, porque se ha tratado de proteger a la gente», cerró Rodríguez Salto en su exposición.