Cabandié: «Hay cosas que revisar»

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, reveló el viernes que el gobierno nacional tiene bajo la lupa los estudios de impacto ambiental que avalaron la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. «Hay sectores que no acuerdan con lo establecido por ese estudio de impacto ambiental», sostuvo el funcionario en una videoconferencia que mantuvo con la senadora pampeana Norma Durango. La Pampa, precisamente y a través de un peritaje realizado por profesionales de la UNLPam, advirtió que los dos estudios están mal hechos y que no pueden tomarse como válidos.
El jueves por la tarde el ministro Cabandié participó de una videoconferencia con la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado Nacional en la que estuvo la senadora pampeana Norma Durango. «Participé y le consulté nuevamente sobre Portezuelo del Viento», detalló Durango al distribuir el audio de la respuesta que obtuvo a sus preguntas. Una de las consultas apuntó a saber «si desde el Ministerio a su cargo se están analizando alternativas que encausen, ahora que todavía se está a tiempo, la obra Portezuelo del Viento en las normas constitucionales, legales e interjurisdiccionales de las que se viene apartando sistemáticamente».
En su respuesta, lo primero que argumentó Cabandié fue que no se cumplió con la ley 23.879 que ordena un estudio de impacto ambiental para todas las obras hídricas que se vayan a construir. Esta es una de las falencias que sostiene La Pampa y una gran cantidad de organizaciones sociales, ambientales, gremiales y poíticas de la cuenca del río Colorado, y así está planteado ante el comité de cuenca e incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
En este punto, el ministro Cabandié hizo notar que el mandato legal de la ley 23.879 no se ha cumplido y que pese a las observaciones y objeciones realizadas desde todos los ángulos, «la administración anterior no se pronunció al respecto».
Luego mencionó los dos estudios que se hicieron sobre los impactos que tendrá la obra -uno elaborado unilateralmente por la provincia de Mendoza y el otro contratado por el Coirco- y dijo que «hay cosas a revisar de ese estudio de impacto ambiental, porque hay sectores que no acuerdan con lo establecido por ese estudio de impacto ambiental».

Bajo análisis.
La frase revela que la Evaluación de Impacto Ambiental Regional que autorizó la obra está en tratamiento en el Ministerio de Ambiente y que la oposición formulada por La Pampa ha sido tenida en cuenta. Nuestra provincia y a instancia de un trabajo que el gobierno provincial contrató con la Universidad Nacional de La Pampa produjo un extenso informe en el que detalló todas las fallas metodológicas y conceptuales que arrastran esos estudios, y con esa opinión votó en contra de la autorización.
Con esos argumentos pero también muchos otros, las entidades que le dicen «No a Portezuelo» han expresado públicamente que la obra no tiene el aval social para su realización y que se desconoce cuál será el verdadero impacto de su construcción y de su puesta en marcha.
Hace dos semanas, más de un centenar de estas agrupaciones produjeron un documento en el que rechazaron de plano la obra y exigieron que cesen todas las acciones en pos de su construcción. Un elemento nuevo que incorporaron fue la total omisión de consulta con las comunidades aborígenes de la región, que serán afectadas directa o indirectamente por la obra, además de la desaparición de al menos 15 sitios con valor arqueológico o religioso si algún día se llena el lago.
En este punto, Cabandié aseguró que ya se ha puesto en contacto con el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y la autoridad ambiental de Mendoza, para actuar como «facilitadores del diálogo para la búsqueda de la solución».
De momento, y pese a estas declaraciones, la provincia de Mendoza avanza con la licitación para construir la represa sobre el río Grande pese a las quejas, objeciones y planteos judiciales que acumula.

Objeciones y «problemas recurrentes».
Aunque la senadora Norma Durango le preguntó por las múltiples objeciones en torno a Portezuelo del Viento, el ministro Cabandié empezó su respuesta hablando del río Atuel y recordando que a principios de este año estuvo en nuestra provincia y caminó por el lecho seco del río interprovincial junto al gobernador Ziliotto. Consideró que es «un problema interjurisdiccional» que lleva años sin resolver y que la pérdida de biodiversidad que ha producido es evidente.
Luego vinculó la sequía que presentan otro ríos con el Cambio Climático y advirtió que ello también va a producir «problemas interjurisdiccionales, vecinales, entre distintos Estados», como ocurre en el sur mendocino y oeste pampeano.
«Estos problemas van a ser recurrentes, y no pretendo ser apocalíptico sino por el contrario, caracterizar situaciones que vivimos cotidianamente y que lamentablemente y producto del Cambio Climático esto va a seguir sucediendo», reflexionó.
Como ejemplo citó lo que está ocurriendo con el río Paraná y también con el río Iguazú, cuyas conocidas cataratas hoy están prácticamente secas.
Tal como dijo respecto del conflicto por Portezuelo del Viento y en declaraciones anteriores referidas al río Atuel, Cabandié sostuvo que «el único camino a mi entender es la fraternidad» entre Estados y partes en conflicto.