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Casas continúan tomadas por familias

EN NOVIEMBRE SE CUMPLE UN AÑO DEL PEDIDO DE DESALOJO

(General Acha) – Las dos casas que el Poder Judicial de La Pampa posee sobre calle Charlone, entre Roca y Fraga, todavía son ocupadas por las dos familias que se metieron por la fuerza. De esto ya pasó casi un año, pero el tribunal que interviene en el caso aún no se ha expedido sobre la orden de desalojo oportunamente solicitada por la Fiscalía. En la causa iniciada por supuesta usurpación, hay dos mujeres y un hombre implicados.

Fuentes consultadas por LA ARENA informaron que el juez de control Diego Asín todavía no ha tomado una decisión sobre el caso, debido a que no ha recibido las respuestas peticionadas a los organismos provinciales. No obstante, ya habría reiterado la solicitud porque pasó un tiempo más que prudencial. La situación es delicada porque, en ambos casos, hay menores de edad. Además, se suma el contexto atípico que se atraviesa debido a la pandemia originada por el Covid-19.

Formalización

En el mes de noviembre del año pasado, los tres adultos involucrados debieron presentarse en dependencias de la fiscalía, ocasión en la que se procedió a recibirles declaración en carácter de imputados. Las diligencias se cumplieron después que cada uno de ellos recibió el asesoramiento técnico legal del defensor oficial sustituto Claudio Martínez Sabio.
Posteriormente se desarrolló la audiencia de formalización ante el juez de Control, Diego Asin. En representación del Ministerio Público Fiscal, asistió el adjunto Francisco Cuenca, quien puso en conocimiento a los tres imputados los hechos que se les atribuyó haber cometido, al igual que su correspondiente calificación legal. En un principio fue encuadrado como usurpación, delito previsto por el artículo 181 -inciso 1- del Código Penal.

Desalojo

En esa misma audiencia la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, Agostina Pensa, peticionó que, si finalmente se ordenaba el desalojo de las dos familias, estos se cumplieran en un tiempo razonable para que no resultara violento para los niños; y, al mismo tiempo, los organismos provinciales a los que se les dio intervención pudieran proponer una salida alternativa.

Así fue que se requirió que se oficiara al área de Acción Social del municipio, al ministerio de Desarrollo, al Defensor de los Derechos del Niño, Juan Pablo Meaca, al IPAV, a la Dirección de Niñez y Adolescencia, y al Superior Tribunal de Justicia (Dirección General de Administración).

El pedido se extendió a la Cooperativa de Servicios Públicos (Cosega) y a Camuzzi, debido a que se sostuvo que las prestatarias de los servicios de agua, electricidad y gas, debían tomar conocimiento sobre la situación; para evitar así, que haya conexiones clandestinas con el peligro que esto podía representar para sus ocupantes.

Respuestas

Finalmente, el juez Diego Asin, aceptó lo solicitado. A excepción de la medida de desalojo, sobre la cual afirmó que recién se expedirá una vez que reciba las respuestas de los organismos e instituciones mencionadas. De esto ya pasó casi un año, y el magistrado sólo habría obtenido respuestas de parte de las firmas prestatarias de los servicios de energía eléctrica y gas natural.

Las viviendas ocupadas por las dos familias pertenecen al Poder Judicial de La Pampa. La situación fue advertida y denunciada por la dirección de Servicios Generales y Mantenimiento, lo que derivó en el inicio de una investigación por parte de la oficina única del ministerio público fiscal de esta ciudad.

Los uniformados se constituyeron en los inmuebles de calle Charlone, identificadas como casas 932 y 938. En la oportunidad, verificaron que una estaba ocupada por una mujer y sus pequeños hijos, mientras que en la otra también se encontraba una mujer con su hijo que posee una discapacidad, acompañados por su pareja. En ese entonces, fueron debidamente identificados por la fuerza de seguridad provincial. En noviembre se cumplirá un año del pedido de desalojo.