Charlín pide la domiciliaria

El ex juez federal José Antonio Charlín se sumó a la larga lista de personas privadas de la libertad que pidieron el arresto domiciliario utilizando el peligro de contraer coronavirus como argumento principal. La abogada particular Flavia Lorena Fernández hizo la presentación pero también el propio ex magistrado, de puño y letra, hizo lo propio desde su encierro en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
El reo fue condenado el 28 de mayo de 2018 por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que tengan cualquier tipo de vinculación con el servicio de administración de justicia por el término de diez años.
La Justicia lo encontró culpable de los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, abuso sexual simple en grado de tentativa en situación de violencia de género, daño, amenazas coactivas agravadas, en situación de violencia de género y con la utilización de un arma. Todos esos actos delictivos los cometió mientras ejercía el cargo de juez federal subrogante de Santa Rosa.

Dos casos en el penal.
Charlín fundó su pedido de prisión domiciliaria en la aparición de casos de coronavirus en el penal en el que está detenido. Dos agentes de la U31 Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza, del Servicio Penitenciario Federal, habrían contraído Covid-19.
La abogada defensora aseguró que Charlín es un interno considerado de riesgo, puesto que padecería de hipertensión arterial y sufre patologías gástricas y psicológicas, además de tener 60 años de edad. A esos argumentos sumó que padece una gran angustia por no poder recibir visitas, perdiendo contacto con amigos y familiares.
A su vez, añadió que la madre del ex juez, una mujer de 86 años, vive sola y que, su hijo podría asistirla en sus últimos años de vida.

Angustia y temor.
El propio Charlín, en el manuscrito elevado a la Justicia, pidió que se le practicara un «urgente y amplio informe» sobre su estado de salud. El interno de Ezeiza mencionó que la petición de arresto domiciliario, subsidiaria de la «excarcelación», se funda en «serios y graves» problemas de salud: padecería de cataratas en ambos ojos.
El escrito del ex magistrado refiere también a la angustia que le habría provocado no acompañar a su madre, de avanzada edad, sumado a que por su condición de ex juez penal, se sentiría atemorizado por el modo que podría ser percibido por los demás internos en el ambiente carcelario.
Por último dudó de que el equipo sanitario del SPF pueda hacer frente exitosamente a la amenaza que plantea el Covid-19.

Dictamen fiscal.
El jueves de la semana pasada, la Fiscalía Federal de Santa Rosa emitió un dictamen a través del cual se opuso la prisión domiciliaria de Charlín. El fiscal Leonel Gómez Barbella aclaró que una medida de ese tipo, para su viabilidad, requiere la verificación de situaciones «muy especiales». Dijo que debía verificarse que la continuidad del encierro en una cárcel se presentara como una afrenta a las garantías del interno, y por otro, que en ese supuesto, fuera del ámbito carcelario, debía contarse con las condiciones de habitabilidad suficiente y posibilidad material de asegurar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Ante la ausencia de tal verificación, y teniendo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por Charlín, el fiscal consideró que «pensar en una excarcelación o una morigeración del arresto que viene cumpliendo en una unidad carcelaria (…) conllevaría a un grotesco y severo incumplimiento por parte del Estado Nacional de sus responsabilidades frente a la comunidad internacional, y una ausencia de realización de justicia tanto para las víctimas como la sociedad en su conjunto».

No hay constancias.
La Fiscalía resaltó que no existían constancias de los problemas de salud ni de las cuestiones humanitarias (la atención de su madre). En cuanto al problema de cataratas en sus ojos, el fiscal aseguró que podría ser atendido adecuadamente dentro del penal de Ezeiza. Sostuvo que Charlín no encuadraba en la «recomendación» emitida por la Cámara Federal de Casación Penal con relación a otorgar el arresto domiciliario a los condenados por crímenes «no violentos» y que estuvieran por cumplir la pena.
Por último, sostuvo que «la mera alusión a la pandemia de Covid-19 y al mayor riesgo de contagio en el ámbito carcelario, no habilita automáticamente a modificar la modalidad de encierro que sufre un detenido ni al otorgamiento de su arresto domiciliario».