“Chicho Show”: Cabak declara el lunes

CONTINUO EL JUICIO CONTRA EL INTENDENTE DE MACACHIN POR EL CABARET

El juicio oral y público contra el intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak (57), continuó ayer con una audiencia donde declararon cinco testigos. El jefe comunal no quiso hablar con la prensa y se espera que el próximo lunes, cuando sean los alegatos, preste su declaración.
Cabak está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios, en la causa que investiga el funcionamiento del cabaré “La Chicho Show” en Macachín.
Antes de retirarse de la sala de audiencias, Cabak, como el resto de los imputados en la causa -que ayer tampoco prestaron declaración-, oyó atentamente la palabra de cinco testigos, entre ellos tres mujeres, Ana Rodríguez, Sonia Marín y Rosa Sánchez; y dos hombres, Matías González y Pablo Martín Campo (secretario de Gobierno de Macachín).
Al cierre del debate el fiscal federal, Leonel Gómez Barbella, solicitó que se incorpora la transcripción de las declaraciones de los dos testigos claves que no estuvieron presentes porque no los pueden hallar. Actualmente se encuentran radicados en Tucumán. Se trata de Raúl Lobo y su pareja, Patricia Mariel Gil, ambos víctimas de los acusados.
Ellos declararon cuando inició la causa en el año 2011. Sin embargo los defensores se opusieron a esa solicitud. Por su parte los jueces integrantes del Tribunal Oral en los Criminal Federal (TOF), Pablo Díaz Lacava, José Mario Triputti y Marcos Aguerrido, aceptaron que sean incorporadas.

Testimonios.
En la audiencia se esperaba la declaración de seis personas, sin embargo hubo uno que no se presentó. Se tarta de Leonardo González, que cuando fueron a notificarle sobre su participación en el debate oral y público -el hombre residiría en Saliquelló- no lograron hallarlo. También se mencionó a dos testigos más, de apellidos Lobo y Gil, pero que no pudieron ser ubicados. Se notificó al hermano de Lobo, pero este aseguró que desconoce su paradero y que viviría en una localidad de Tucumán.
Una vez presentado esto, el TOF pidió la asistencia de la primera testigo, Ana Marta Rodríguez Lamperín, “ama de casa” y residente de Macachín desde hace 15 años. La defensa de Oscar Moya (55) en principio le consultó si conocía a su defendido, remisero e imputado como partícipe necesario del delito de trata.
“Conocía a Moya por hacer viajes. Siempre tuvo un remís”, dijo la mujer y que había que “llamarlo” para tener ese servicio. Sin embargo en ese momento el fiscal Gómez Barbella interrumpió la indagatoria de la defensa para mencionar que la testigo fue solicitada por la fiscalía, pero un error (suele ocurrir) la tenía “propuesta” por la defensa, y al cabo de unos minutos de su declaración las autoridades se vieron obligadas a cambiar el sentido de la declaración y el fiscal pudo hacer los cuestionamientos que creyó necesarios.
Previo a eso, el fiscal federal -para no entorpecer el testimonio de la testigo- solicitó pasar a un “cuarto reservado”, sin la presencia de los imputados en la sala, pero la mujer aseguró que la presencia de ellos no le preocupaba.
“¿Usted conocía a una mujer de nombre Mariel Gil?”, preguntó el fiscal, a lo que la mujer respondió que “sí, la conozco, porque en el lugar donde yo vivo, ellos (la mujer, su marido y el hermano) vivía. Pero no tenía una relación”. Gil “trabajaba en el boliche, en ‘La Chicho Show’, era encargada, pero no se que hacía”. El fiscal le consultó si -Gil- solía andar con “otras mujeres”, a los que la testigo indicó que “sí”, que “hacía mandados con dos o tres chicas”, pero que no sabía quienes eran y si se trataba siempre de las mismas personas.
La declaración de la mujer concluyó luego de unos diez minutos y se retiró de la sala. Sonia Beatriz Marín y Rosa Sánchez también declararon. Al igual que Rodríguez Lamperín, las mujeres aseguraron conocer al remisero por su profesión. Aunque fue Sánchez quien en un pasaje de su declaración afirmó conocer también a Mariel (sin dar apellido) porque “le cuidaba la nena”. “Ella era una chica que trabajaba en el cabaré”, asintió y dijo que “lo único que sé es que trabajaba ahí. Nunca me enteré nada más, nunca me contó nada”, concluyó.

Allanamiento.
Matías González fue otro de los testigos. Contó detalles sobre un allanamiento efectuado en el predio con varios inmuebles, durante el mes de agosto de 2011. Su función como Bombero Voluntario -fue al procedimiento con su hermano, Leonardo, también bombero- sirvió para que la policía lo solicitara como testigo para inspeccionar el lugar. Si bien no recordaba exactamente, dijo que eso ocurrió cerca de las 23, que estaba presente el comisario (Hugo Mario Iglesias, también imputado), pero “no había nada. En el predio había sólo una persona, un hombre mayor, mal de salud -según su apreciación- y estaba todo cerrado”.
Si bien aseguró no recordar algunos momentos del procedimiento, confió que en una habitación, después de atravesar un pasillo, había una cama matrimonial donde hallaron “una caja de preservativos sin usar”, mientras que el resto de los inmuebles estaban vacíos. Aún así sostuvo que él no había ingresado a todos los inmuebles y dijo que “desconozco si la policía entró” a todas las edificaciones.

Ordenanza.
El último en declarar fue Campo, secretario de Gobierno del intendente Cabak. Se le consultó sobre la ordenanza que impidió la continuación de los funcionamiento de cabaré y whiskerías en la localidad. El testigo aseguró que, como integrante del bloque PJ entre los años 2007-2011 y 2011-2015 él y los otros ediles oficialistas buscaban acompañar la postura “prohibicionista” que se estaba llevando adelante en Santa Rosa (durante el gobierno de Francisco Torroba) e impedir la emisión de nuevos permisos para locales y de transferencia de los mismos.
En ese entonces la presidencia del Concejo era del Frepam, y la discusión que desde ese bloque planteaban era la “reglamentarista”. “En el año 2009 adoptaron por regular la actividad. Eramos minoría y en una sesión me sentí muy mal porque me trataron de ‘facista'”, aseguró.
Poco tiempo después de esa sesión el Concejo volvió a reunirse para tratar el tema tras una nota que envió (a modo de circular a todas la comunas) la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que pidió que se acompañara lo legislado en Santa Rosa porque “consideraban que los cabaré y whiskerías daban lugar a la prostitución y a la trata de personas”.
“Ante ello el Frepam recapacitó y se emitió la ordenanza que recoge el dictamen de minoría del PJ de impedir la emisión de licencias y que los locales con licencia no podía ampliarla cuando se les vencieran”, aseguró Campo.
En el año 2011, “el Ejecutivo remitió la ordenanza tarifaria y suprimió la palabra cabaré y whiskería. Eso entró en vigencia en el 2012”.