Chinos ofrecen financiar la autovía hasta Luján

Los chinos no dan el brazo a torcer. A esta altura ése título sería una buena manera de describir las negociaciones entre el gobierno argentino y el gigante de la construcción CCA (China Construction América) para la postergada obra de la autovía sobre la ruta nacional 5, que une Santa Rosa con la ciudad bonaerense de Luján.
Ayer se conoció en los medios nacionales que mediante la Embajada de China, la empresa CCA le informó al canciller Felipe Solá y al mismo presidente Alberto Fernández que su país está dispuesto a desembolsar 1.500 millones de dólares en la Argentina para la concreción de la obra del Corredor Vial B, que le había sido otorgada a una unión transitoria de empresas integrada por la constructora asiática de capital estatal.
En la carta enviada al Ejecutivo, el representante de la compañía, David Wang, destacó que «la concreción del Corredor Vial B es de suma importancia para la República Popular China» y recordó que en el año 2018 fue en persona el presidente Xi Jinping al evento en el que se rubricó el contrato, el China’s Belt and Road Summit, una iniciativa de desarrollo de infraestructura de alcance global a la que Argentina anunció que se incorporará, con el interés geopolítico explícito de Cristina Kirchner de profundizar la alianza con el gigante asiático.
«Si se suman los 80 millones de dólares que CCA ya desembolsó en el Corredor Vial B, una autovía que une Luján con la capital de La Pampa atravesando el núcleo agrícola argentino, y se agregan 390 millones de capital accionario (o equity), en total son más 1.500 millones de dólares que llegarían al país. El interés del gobierno chino por la iniciativa es de tal importancia que este mismo lunes, CCA compró la parte del proyecto que tenía su socio local, la fallida mendocina Green SA. Hoy el contrato es cien por cien del estado chino, único propietario de CCA», describió un artículo del sitio lapoliticaonline.com

Contraataque.
En la edición del domingo de LA ARENA se publicó un informe en el que se detalló que el Ejecutivo nacional finalmente «logró doblegar las últimas resistencias empresarias para anunciar, este lunes (finalmente fue ayer martes), la definitiva desarticulación de los polémicos contratos de Participación Público Privada (PPP) viales heredados de la gestión macrista, entre ellos el Corredor B (Ruta Nacional 5), que contemplaba la autopista Anguil-Santa Rosa y llega hasta Luján».
Según reveló el portal Letra P, la vía de salida «no traumática» para terminar con los PPP que terminaron aceptando las empresas concesionarias que aún quedaban en pie consiste en la firma de un «acuerdo mutuo de extinción contractual», similar al que había suscripto a fines de septiembre el consorcio «Corredor Panamericano», del grupo Eurnekian.
Sin embargo, el gobierno chino parece haber emprendido un contraataque y no se resiste a que la obra se caiga.
Las empresas tenían originalmente hasta el 31 de agosto de este año para llegar al cierre financiero del contrato, es decir, reunir el capital para hacer las obras, de acuerdo a los contratos de los Proyectos de Participación Público Privada (PPP) que bajo la dirección de Guillermo Dietrich el gobierno de Macri licitó y que, una vez desbocada la crisis macroeconómica quedaron en suspenso. El plazo luego fue alargado hasta este lunes 30 de noviembre. Por eso el lunes CCA hizo público que dispone de los fondos.
«El CEO de CCA, David Wang, explicó que confiaba en poder hacer pie en el país con la construcción de la autovía a La Pampa y que estaba trabajando para llegar a un entendimiento con el Ejecutivo», publicó lapoliticaonline.
«El cierre financiero que la constructora le envió al Gobierno obliga a Alberto Fernández a rever su estrategia respecto de este contrato. La letra chica le da cinco días al Ejecutivo para responder», amplió el artículo.

Multas.
«Hasta el momento», según adelantó LPO, «la estrategia del Ejecutivo para finalizar los compromisos de los PPP era sentarse con las empresas y reconocer que ninguna de las partes había alcanzado cumplimentar los términos de los contratos y darlos de baja de común acuerdo sin generar costos financieros. Las multas para la Argentina podrían ascender a los 10.000 millones de dólares».
«Con esta estrategia logró dar de baja tres de estos grandes contratos, pero la jugada de China de poner todo el financiamiento, ya no le permite a Alberto Fernández romper este PPP sin costo económico. El costo en materia geopolítica también entrará en la ecuación. No en vano Wang recordó el respaldo presencial de Xi Jinping en la firma de ese acuerdo», agregó LPO.

El gobierno «lo evalúa»
En el anuncio oficial que hizo el gobierno nacional ayer sobre la rescisión de los cinco de los seis contratos, se hizo la salvedad del caso del Corredor B, a cargo de China Construction América SA y Green SA y que corresponde a la obra de la ruta nacional 5 entre Santa Rosa y Luján. «El Ministerio de Obras Públicas evalúa el cierre financiero presentado ayer (por el lunes) en función del cumplimento de los contratos», afirmó el Ejecutivo al reconocer que la negociación con los chinos aún está abierta.