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Cloacas del Butaló: falta de mérito para Larrañaga

BARIC NO ENCONTRO PRUEBAS DE DEFRAUDACIÓN

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, decretó la falta de mérito para los acusados por la presunta defraudación al Estado nacional en el marco de la obra de recambio de cañerías cloacales en el barrio Butaló, una obra pública se desarrolló durante la intendencia de Luis Larrañaga, entre 2011 y 2015.
Los beneficiados con la medida, que implica la falta de pruebas para procesarlos o sobreseerlos, son el propio Larrañaga, los ex funcionarios de esa gestión Nicolás Echevarría y Daniel Ucciardello, el ex inspector de Dagsa Adolfo Antonio Bruno, el ingeniero de la empresa Jubete Mario Daniel Giandón y el titular de la constructora Omar Ángel Jubete.
El fallo no hizo lugar, además, a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Federal de Santa Rosa, como tampoco a la solicitud de indagatoria de José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas de la Nación, entre 2003 y 2015) y Lucio Tamburo (ex titular del Enhosa).
La denuncia por las irregularidades fue impulsada en septiembre de 2016, ya durante la intendencia de Leandro Altolaguirre, el sucesor de Larrañaga, por el bloque de concejales del Frepam, encabezado por la actual concejal Claudia Giorgis. Fue la gestión del intendente radical, la que llevó al municipio local a presentarse como querellante en la causa. Uno de los elementos sustanciales utilizados desde aquella gestión de Cambiemos fue un informe elaborado por el Enhosa, un organismo nacional, cuyas conclusiones fueron relativizadas por el juez Baric, quien no encontró pruebas que las respaldaran.

Sistema colapsado.
La obra de renovación de la red cloacal de asbesto-cemento del barrio Butaló fue iniciada en junio de 2013, a partir de una nota de Echevarría, director de Dagsa, en la que expresaba que era necesario dar inicio a esos trabajos. El monto total de la obra se fijó en 2.233.725,80 pesos. Desde la gestión municipal de entonces, entendían que el sistema había sobrepasado largamente su vida útil, existiendo tramos donde la tubería había colapsado estructuralmente debido a la acción de los gases provenientes del efluente cloacal, provocando la infiltración de líquido cloacal en el terreno.
A su vez, explicaban, todo el sistema estaba fuertemente intrusado por el sistema pluvial sumado a la infiltración de la napa freática por juntas y fisuras, llegando a colapsar y producir desbordes en la vía pública en caso de lluvias extremas.
«Las problemáticas antes mencionadas ponen notablemente en riesgo la salud de los vecinos que habitan y transitan por el sector, debido a que atentan contra las condiciones de higiene; ocasionan malos olores, general condiciones propicias para el desarrollo de vectores que propagan enfermedades y la presencia de insectos, contaminan el suelo y las napas freáticas…», decía el informe de Dagsa de 2013.

Problema anterior a la obra.
Baric concluyó en este punto que «las cuestiones vinculadas a la contaminación ambiental
producida por la infiltración de líquido cloacal en el terreno eran anteriores al inicio de la obra, no constando entre la prueba producida informe o pericia alguna que dé cuenta de que la situación se haya agravado con posterioridad a la finalización de los trabajos a cargo de la empresa de Jubete y, en tal caso, cuánto de dicha contaminación es imputable a esta última puesto que sólo debiera responder en la medida en que se acredite suficientemente el nexo causal».
El juez explicó que, conforme surge de los Certificados de Obra emitidos, se efectuaron 246 conexiones domiciliarias y la diferencia en menos respecto de las contratadas según el pliego se debió a la no ejecución de un tramo de red cloacal. Ese tramo, ubicado entre las bocas de registro de Pasaje y Gatica y Pasaje y Pardou, se debió a la inexistencia de red por existir en el lugar una subestación transformadora propiedad de la CPE y líneas subterráneas para alimentar al Barrio Butaló II.

Quince casas.
El fallo explica, además, que de lo informado por el propio municipio -querellante en la causa- sólo tres domicilios no fueron conectados en debida forma y en otros quince debió reemplazarse la cañería vieja de asbesto cemento, lo que representa el 7,31% de los domicilios comprometidos en el contrato y no el 20% que se expresa en el informe del Enohsa. «Se desconoce en base a qué documentación u observación el auditor del Enohsa volcó tal afirmación en su informe pero ella no guarda relación con las pruebas colectadas y en particular el informe de la propia municipalidad, antes citado, lo desmiente», dijo Baric.
«En orden a los otros ítems contratados en el pliego, surge del informe del municipio que con posterioridad a la recepción de la obra sólo debió reemplazarse una boca de registro en calle Macachín, esquina Ferrando, lo que no representa una falla significativa en relación a la envergadura de la obra en cuestión», continuó.
Los únicos que prestaron declaración indagatoria en la causa fueron Giandón y Bruno. El juez consideró que no existían, a priori, elementos para no creer en lo que explicaron. «Los dichos de los imputados Giandón y Bruno no sólo no han sido desvirtuados sino que, por el contrario, aparecen en principio corroborados por la prueba documental emanada de la propia querellante», sostuvo.

Un año después.
Los trabajos en la zona terminaron en octubre de 2014. Un año después, el 21 de octubre de 2015 se suscribió por Giandón y Bruno el Acta de Recepción Definitiva, que fue aprobada por la Resolución 1192/15, del 30 de octubre de ese año, con las firmas de Larrañaga y Ucciardello (era el secretario de Obras Públicas).
La primera queja de una vecina por el mal funcionamiento de la conexión domiciliaria a las cloacas fue 29 de octubre de 2015, es decir 8 días después de la firma del acta de recepción definitiva de la obra. Los demás reclamos son posteriores. La presentación de los concejales del Frepam data del 2 de septiembre de 2016.
«Las condiciones de la obra relativas al reemplazo de las cañerías de la red cloacal y reconexión de los domicilios de los vecinos del Barrio Butaló -cuyas viviendas se encuentran habitadas- y la circunstancia de que no se evidenciaran problemas durante la ejecución de la obra -a medida de que eran reconectadas las viviendas- y durante el plazo de garantía de la obra, da en principio la razón a los imputados Giandón y Bruno en el sentido de que la obra fue ejecutada conforme a lo contratado», dijo Baric. «Piénsese sino en las consecuencias de un barrio completo de la ciudad, con una importante densidad demográfica, desconectado de la red cloacal durante más de un año. En definitiva, la afirmación de la acusación en relación a las deficiencias de la obra no ha sido debidamente acreditada hasta el momento», añadió.

Piden profundizar investigación.
Baric dio crédito, al menos por ahora, a los dichos de los imputados en relación a que los problemas que la obra presentó se debieron a que se trata de una “subcuenca” que integra otra mayor que presentaba problemas en su normal funcionamiento. “Lo apuntado me impide, de momento, concluir en que respecto de la obra pública involucrada en las presentes actuaciones se hubieren configurado los elementos típicos de los delitos atribuidos por la querella y la acusación pública; debiendo profundizarse la investigación en tal sentido”, sostuvo.
Respecto a la responsabilidad que le pudiera caber a los acusados en la presunta defraudación, Baric separó a Giandón y a Bruno del resto. “De la prueba de cargo recolectada sólo puede afirmarse que Giandón y Bruno eran quienes conocían la obra de primera mano ya que, por sus respectivas funciones, debían estar en el terreno”, dijo.
En cuanto a los funcionarios Larrañaga, Ucciardello y Echavarría “si bien su firma era necesaria para las tramitaciones administrativas correspondientes a la aprobación de la obra, su pago a Jubete y el posterior trámite ante el Enohsa, lo cierto que ello era necesario por sus posiciones funcionales –administrativas y políticas– ya que sin su intervención la obra nunca podría haberse ejecutado. Ahora bien, dicha responsabilidad en modo alguno puede trasladarse al plano del derecho penal”. A la misma conclusión llegó respecto de Omar Jubete, el dueño de la constructora.