Colapsó el acceso a la capital mendocina

A pesar de la cuarentena, miles de mendocinos aprovecharon los feriados del 23 y 24 de marzo para tomarse unas vacaciones y ayer, al regresar a la capital provincial, colapsaron los ingresos. En algunos puntos se vieron colas de varias kilómetros y largas demoras para pasar los controles policiales.
Según el portal Mendoza On Line, el contraste entre el movimiento del miércoles frente a lunes y martes, «es impactante» y se graficó en «cientos de vehículos y largas demoras para pasar los controles de la policía, que ya no dan abasto».
«En el Acceso Sur a la altura de la calle Rawson hubo filas de hasta 15 minutos para superar el control policial. ‘Son burros, no entienden’, lamentó un efectivo policial ante la cantidad de personas que circulaban por la zona. Algunos había sido detenidos a un costado debido a que no podían justificar su situación. Si bien el decreto contempla 24 excepciones, hay muchos que circulan sin estar incluidos en esas actividades.
En Costanera a la altura de Bandera de Los Andes también se podía observar un flujo vehicular superior al de un día sábado por la mañana.
En Mendoza ya son 865 las personas que han sido imputadas por romper la cuarentena y probablemente hoy se sume más de un centenar.

No donan.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza adhirió a la reducción salarial de funcionarios propuesta por el gobernador Rodolfo Suarez por la crisis del coronavirus e invitó a los jueces y fiscales a seguir por ese camino. Abrió un registro y, de un cuerpo de 500 integrantes, hasta el momento solo se sumaron 182 jueces.
Los que lo han hecho son jueces y funcionarios judiciales, pero ningún fiscal, según Mendoza On Line.
El lunes el gobernador anunció la firma de un decreto que estableció que ningún que ningún funcionario podrá cobrar más de 50.000 pesos de su salario este mes, dejando afuera de la norma a funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad e invitando al resto de los poderes del Estado a seguir ese camino.
Los fondos que se recauden con esa reducción, se calcula unos 300 millones de pesos, irán a un fondo especial destinado a la compra de insumos para la emergencia sanitaria y para asistir económicamente a los sectores más castigados por la crisis.
La decisión gubernamental provocó un efecto dominó en otros ámbitos institucionales de la provincia. Legisladores, intendentes y hasta la conducción de la Justicia respondieron a esa invitación. La Corte sacó una acordada con la firma de sus siete miembros en donde decidió la afectación voluntaria del 50 por ciento de su salario neto para contribuir a ese fondo.
La Corte abrió un listado para aquellos que acepten la rebaja de sus salarios y ,como se supo, hasta este miércoles al mediodía se habían anotado menos de la mitad, más allá de que esperan sumar mas adhesiones. Algunos camaristas donaron el 40 por ciento de sus ingresos mientras los funcionarios judiciales que se sumaron habrían terminado aportando el 50 por ciento.