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Colectivo exige Justicia

AGROQUIMICOS EN LONQUIMAY

El Colectivo Sanitario de La Pampa – Filial Santa Rosa exigió a la Justicia y a los funcionarios responsables una acción eficaz para frenar la contaminación con agroquímicos que se ha detectado en la localidad de Lonquimay. También reclamaron al titular del galpón donde se depositan los bidones, «que dejen de hacerlo y que tomen conciencia de que son responsables del dolor» que están causando.
«Toda esperanza de paz se extingue cuando desaparece la justicia», sostuvo el Colectivo en una declaración que emitió luego que la vecina Graciela Alfonzo, de Lonquimay, denunciara la existencia de un depósito ilegal de agroquímicos dentro del radio urbano. «Esta ha sido la causa de los conflictos sociales a lo largo de la historia de la humanidad que concluyeron en las grandes guerras que todos conocemos».
El proceso no opera solo a escala de conflictos mundiales sino también «a pequeña escala y así es como aparecen situaciones cotidianas en las que el observador externo no puede evitar el surgimiento de una mezcla de emociones», en las que se superponen «la repulsión, la vergüenza, la ira y posiblemente algunas otras más, dependiendo de cada persona en particular».
La noticia reciente de una denuncia pública realizada por Griselda Alfonzo, una madre de Lonquimay «es una de esas situaciones», sostuvo el Colectivo. «Allí, la mujer da testimonio de su desesperación por los efectos en la salud de su hija de 11 años debido a la existencia de un galpón que funciona a su vez como depósito de agroquímicos y estacionamiento de pulverizadoras frente a su casa y a escasos metros de una escuela», recordó el agrupamiento. «Después de haber acudido a la Justicia Federal y luego a la Justicia Provincial sin obtener una respuesta acorde a su pedido, solo cuenta con sendas disposiciones dictaminadas por la Subsecretaría de Ambiente y la de Asuntos Agrarios en noviembre de 2018 donde se prohíbe el tránsito y depósito de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en las localidades de La Pampa».
El lugar, recordó el Colectivo, pertenece al ex concejal de Lonquimay, Eduardo Carnicelli.
Las disposiciones firmadas por el subsecretario Alexis Benini y el secretario Fabián Tittarelli lejos de ordenar una solución inmediata a este, y otros casos, concedieron un plazo de 6 meses para sacar el depósito fuera de cada localidad.
Con este breve relato, el Colectivo Sanitario buscó poner en consideración «el significado de la justicia, no la Justicia en el sentido institucional, sino la justicia en el sentido humano, la que surge desde nuestra sensibilidad como se describió más arriba, la que surge de dolernos en el otro, de sentir que el sarpullido que brota de la piel de la hija de Griselda y las afecciones bronquiales que padecen los vecinos de ese barrio por exposición a esos venenos pueden ser las nuestras o las de nuestros hijos».
«¿Se puede pensar en una comunidad pacificada cuando los dueños de estos depósitos persisten en mantener sus instalaciones envenenando a sabiendas a sus vecinos?», planteó.