Comenzó en Bahía Blanca el juicio por crímenes de la Triple A

Con un pedido de disculpas del presidente del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, Roberto Amábile, comenzó ayer a la mañana el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la ciudad del sur bonaerense. Se trata del primero que juzga los crímenes cometidos por una patota de la Triple A en los años previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La audiencia se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
«Como representante de un Poder del Estado, siento la necesidad de pedir disculpas por haber tardado 45 años en hacer este juicio», dijo Amábile, quien preside el tribunal que también conforman los jueces federales pampeanos Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido.
Como se preveía, la primera jornada del juicio se consumió en la lectura de la requisitoria de elevación a juicio realizada por el Ministerio Público Fiscal, compuesto por los fiscales Pablo Fermento, Miguel Palazzani -otro pampeano- y José Nebbia, de la Unidad especial para causas por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y su región.
Los acusados estuvieron sentados en el recinto, ubicados detrás de sus abogados defensores. Se trata de Juan Carlos Curzio -en aquellos años un reconocido corredor de motociclismo y Midget-, Raúl Aceituno, Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero, sindicados por numerosos testimonios como miembros de la organización parapolicial en Bahía Blanca. Aceituno es el único de los acusados que llegó a la audiencia estando en la cárcel. Cabe recordar que el juicio tenía otro imputado, Héctor «Ginebra» Chisu, quien falleció en diciembre del año pasado. De los cinco, era el único que luego del golpe de Estado se desempeñó como espía del Ejército, participando también en la represión ilegal del gobierno de facto.

Pampeanos.
Según la acusación, los cuatro imputados fueron contratados en 1974 como «personal de seguridad y vigilancia» por el rector interventor de la UNS, Remus Tetu, uno de los jefes de la Triple A bahiense junto al entonces diputado nacional y secretario general de la CGT de Bahía Blanca Rodolfo Ponce.
Justamente, las víctimas del accionar criminal de la Triple A pertenecieron al mundo universitario y al gremial. Fue el caso de los pampeanos Carlos Davit, quien se fue de Guatraché hacia la ciudad portuaria a estudiar la carrera de Contador Público Nacional, y Hugo Ardiles y Orlando Walker, quienes dejaron sus pueblos, Rolón y Jacinto Arauz, respectivamente, para irse a trabajar como obreros de la construcción en Bahía.
El fiscal Fermento informó a LA ARENA que, previo al inicio del juicio, el Tribunal admitió como parte querellante a la UNS. Por ese motivo, el rector Daniel Vega, estuvo en el recinto junto al resto de las querellas, compuestas por H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la familia de una de las víctimas, Luis Jesús García.
Los 24 crímenes que se investigaron fueron cometidos en Bahía Blanca, salvo uno ocurrido en Huanguelén, un pueblo del sur bonaerense, partido de Coronel Suárez, cuya víctima fue el bioquímico y docente Rodolfo Gini.

Testigo.
Luego de la lectura de la acusación, fue el turno de los planteos de la defensa, en concreto, el pedido para que no se incorpore como prueba la lectura de la declaración de René Bustos, un testigo ya fallecido, víctima de otra causa de lesa humanidad. Fermento explicó que declaró dos veces, la última en 2015. La defensa fundó su pedido en que no estuvo en aquella audiencia. El Tribunal se expedirá sobre la solicitud en la próxima audiencia, prevista para el 25 de marzo en el mismo lugar.
Entre los presentes, además de los organismos de derechos humanos y familiares, hubo personas que llegaron desde Viedma, Chile y hasta Italia.