Comuna tiene deuda "estratosférica"

Las fundaciones Acción, Lipadi y Caleuche denunciaron ayer públicamente al municipio de Santa Rosa por no cumplir el fallo judicial que lo obliga a tener un sistema de transporte público de pasajeros accesible, advirtiendo que acumula una deuda millonaria por el incumplimiento, al igual que la empresa Autobuses Santa Fe SRL.
En conferencia de prensa, Horacio Alí, de la ONG Acción, destacó que la multa que deben pagar las partes condenadas (municipio y Autobuses) llega a los 9.500 millones de pesos. "Es una cifra estratosférica", indicó.
"Hace 4 años quedó firme la sentencia por el que la Justicia hizo lugar a nuestro amparo para que haya un transporte público accesible y pudieran viajar las personas con movilidad reducida", dijo.
Además, recordó que la licitación se hizo "en contra" del dictamen de la comisión técnica porque Autobuses Santa Fe no cumplía con el punto de la accesibilidad en el pliego, pero "igual se les dio el servicio" ya que no había otro oferente.
"El 28 de diciembre de 2015, en el día de los inocentes, la nueva gestión municipal nos llamó para informarnos que desistían de apelar a la Corte Suprema de Justicia y Autobuses también adhirió, por lo que el fallo quedó firme", manifestó.
Alí agregó que las partes "debían cumplir la sentencia" en un mes para poner los colectivos adaptados en Santa Rosa y "si no cumplían tenían una multa diaria que se actualiza cada 30 días en una forma de interés compuesto, que nadie analizó. Nunca nos pusimos a sacar cuenta porque lo importante era que estén los colectivos".
Siguiendo en esa línea, Alí señaló que "lo concreto es que la sentencia no se cumplió" y con el patrocinio de Iván Alarcón, se mostró esperanzado "para ver si se puede terminar con este tema".

Suma millonaria.
El pago de las multas debe ser realizado por la comuna que dirige Leandro Altolaguirre y la empresa prestataria del servicio de colectivos en una cuenta de Rentas Generales como establece la ley provincial.
"La cuenta que nosotros hicimos de lo que tienen que pagar y da una suma estratosférica. Cada una de las partes debe 9.500 millones de pesos por incumplimiento y al mes de junio, lo que sigue aumentando día a día", señaló el presidente de Acción.
Por último, los titulares de las tres ONG's reclamaron a las partes que se garantice el derecho al acceso al transporte público para las personas con discapacidad y con movilidad reducida.
Sobre la gestión del intendente electo Luciano di Nápoli, que asumirá en diciembre, dijo que "no pretendemos que se pronuncien sin conocer el expediente" y remarcó que el transporte público "en el país deja mucho que desear" porque las empresas "parece que están para cobrar el subsidio y no para brindar un buen servicio".
"Los colectivos tiene que tener accesibilidad universal para las personas con movilidad reducida, ancianos, obsesos, niños, personas de baja talla, personas con discapacidad intelectual. Hoy los colectivos tienen monta carga, pero lo que se necesitan son rampas en el medio de las unidades", señaló Alí.
"Alguna vez tiene que pensarse en un sistema de transporte para Santa Rosa, integrado por el transporte eléctrico, de distinto tamaño para entrar de un barrio a otro, hay que hacer estaciones de transferencia", finalizó.