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Condenan a acompañante terapéutico

POR ESTAFA, DEBERA DEVOLVER $ 300.000

La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, condenó ayer a un acompañante terapéutico por ser autor de los delitos de defraudación y estafa, ya que usó datos de tarjetas de débito sin autorización con las que realizó consumos por cerca de $ 300 mil. La damnificada es una mujer de 91 años que estaba al cuidado del condenado.
Durante un juicio abreviado, el acusado, de 22 años, recibió la condena de tres años de prisión en suspenso, ya que se lo encontró autor de los delitos de defraudación por el uso de datos no autorizados de tarjeta de débito en 55 oportunidades, en concurso material entre sí, en concurso real con estafa en tres oportunidades junto con el delito de hurto simple.
En el proceso de investigación, la Fiscalía pudo comprobar que el acusado visitaba cotidianamente a la víctima para asistirla y, aprovechándose de ella, usó sin su autorización una tarjeta con la que realizó decenas de consumos por un total de $ 182.100 entre julio y octubre pasado, además de consumos con otra tarjeta de débito por cerca de $ 120 mil.
Además, se comprobó que el joven de 22 años realizó dos transferencias bancarias por $ 9.000 a su propia cuenta y que, aprovechándose de su relación de confianza con la damnificada, le hizo retirar de un banco $ 180 mil, de los que se apoderó.

Condena.
Por cometer esos delitos, el muchacho deberá devolver el monto robado en cuotas mensuales de $ 20.000 durante 15 meses al hijo de la víctima y denunciante. Lo mismo deberá hacer con los elementos que compró con ese dinero que, según la Justicia «van desde muebles hasta ropas».
Además, la jueza le impuso pautas de conducta, entre las cuales está la fijación de domicilio y el sometimiento al cuidado y control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal.

Abreviado.
La condena de Maza se dio en el marco de un juicio abreviado, una alternativa al proceso penal en la que el juez no puede imponer sanciones más graves que las requeridas por la Fiscalía. Se trató de un acuerdo entre el fiscal general Máximo Paulucci, los abogados defensores, el acusado y el hijo de la víctima, que fue quien denunció.