Condenaron al ingeniero “trucho” de General Acha

UN AÑO DE PRISION

La Justicia pampeana comenzó en diciembre del año 2013 una investigación contra Marcelo Alejandro Berau, de General Acha, porque estaba utilizando el título de ingeniero civil y firmaba planos y documentos invocando su calidad de profesional en la materia, aduciendo ser egresado de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, cuando en realidad el hombre no se había recibido. Como si fuese poco, estaba inscripto para dar clases en colegios de esa ciudad.
En junio del 2014 el hombre fue formalmente acusado y tuvo que dar la cara en la Justicia y escuchar cómo la Fiscalía lo acusaba formalmente, prima facie, de dos delitos: falsificación de documento privado y uso de documento adulterado.
Finalmente, el pasado mes de abril, Berau fue condenado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de “uso de documento falso, usurpación de título y falsificación de sellos oficiales”. Como así también fue condenado a cumplir, por el término de dos años, las reglas de conducta previstas en el artículo 27 del Código Penal.
El proceso se resolvió a través de un juicio abreviado que fue aceptado por el juez Carlos Chapalcaz y las demás partes. A la postre, el Tribunal de Etica del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa (Cpitap) le retiró al condenado la matrícula de Técnico Electromecánico, por lo tanto quedó inhabilitado para ejercer esa profesión.

Matriculados.
La denuncia en la Justicia fue presentada por el Consejo Profesional de Ingenieros y Arquitectos de La Pampa (Cpialp) -que en 2015 por ley los arquitectos comenzaron a dejar de formar parte de ese Consejo-. Esa entidad la realizó después de que se comenzara el trámite para matricular al supuesto ingeniero de General Acha. Al comenzar a controlar y verificar la documentación correspondiente se observaron las irregularidades.
Luego de que transcurriera todo este tiempo, y tras confirmarse que la condena quedaba firme, integrantes del Cpialp se presentaron ayer en la redacción de LA ARENA para confirmar la noticia y brindaron ciertas especificaciones que a veces no se tienen en cuenta a la hora de contratar a un profesional.
Luis Gallegos, presidente del Consejo, junto con Carlos Micone y Horacio Tanus Mafud, indicaron que en la actualidad hay “más de 800 ingenieros matriculados en La Pampa” y agregaron que “nuestra función -delegada por el Estado- es priorizar la excelencia de los profesionales, que tengan títulos habilitados y que estén validados y ejerzan en la provincia.
Esto debe ser cumplido por entes públicos y privados, sea un particular o el Estado (municipal o provincial) debe tener un proyecto, y tiene que ver con los matriculados que nosotros aglutinamos”.

Campaña.
Es por eso que a partir del hecho que involucra a Berau, que es un caso excepcional, el Consejo comenzó con una campaña orientada hacia la sociedad para que contrate profesionales matriculados. Además se explicó que, en ciertos casos, se puede encontrar a profesionales que sí tengan el título pero que no estén matriculados en La Pampa, por lo tanto el ejercicio de esas personas en territorio pampeano es ilegal: “la provincia se reserva, a través del Consejo, que los títulos sean legales.
En este caso de Berau incluso se llegó al extremo de que estaba como ingeniero civil dando clases. El Ministerio de Educación no requiere (por ley) la matrícula provincial a quienes se dedican a la educación, por lo tanto están fuera de nuestro control y pasa esto que pasó”. En este sentido sostuvieron que “no se da la matrícula porque sí a nadie, primero se hacen trámites y cuando toca con universidades de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, por ejemplo, llevan su tiempo. Es tedioso, porque se inician expedientes, es todo un trámite, pero es necesario”.

Incongruente.
“El Estado busca a los matriculados. Pero a veces es un poco incongruente su posición en no tener en cuenta los requisitos. El ejercicio de la profesión sin estar matriculado es -en el caso particular de nuestra ley y estatuto- un ejercicio ilegal” informaron los integrantes del Cpialp y concluyeron en que “el Estado debería pedir que estén matriculados, eso sí, sí lo hacen en la obra pública. Pero eso lo exigen a terceros, a sus empleados no se los exigen, y también estamos trabajando en eso”, sostuvieron.