Confirmaron "interrupción" del 101 durante la sedición de 2013

El juicio oral y público contra un grupo de policías acusado del delito de sedición por el acuartelamiento en la Jefatura de Policía durante diciembre de 2013 finalizó ayer con las pruebas testimoniales y el martes próximo será la jornada de alegatos.
En total, 71 testigos. Ayer, expusieron cuatro policías, entre ellos el imputado Luis Horacio Bruno que amplió su declaración indagatoria con la muestra de fotografías y videos relacionados con la manifestación del 11 de diciembre.
"La convocatoria fue realizada por Facebook y distintos lugares. Paraban los vehículos y la gente se sumaba a la marcha a Casa de Gobierno. Había familias, chicos, mujeres, en la Clínica Modelo se paró con el ruido por el lugar, también había comerciantes", dijo.
El primero en prestar declaración fue Germán Andrés Schamber, quien era subjefe de la Seccional Segunda y recordó que el 12 de diciembre hizo una presencia policial. "Había problemas con el 101 habitual. Las presencias se retransmitían a nuestros teléfonos particulares", manifestó.
Dijo que "se improvisó un teléfono de emergencias" porque el 101 de emergencias estaba tomado. "Me llamaron por esa vía ante la interrupción del sistema habitual. Se habilitó un procedimiento alternativo", contó.
Agregó que Diego López estaba en el lugar donde se produjo el incidente en el que una persona fue agredida de arma blanca y que se ofreció a colaborar.
Schamber indicó que en la Segunda "la gran mayoría" del personal "se plegó a la protesta que se realizaba" y que tenía epicentro en la Jefatura, por lo que "había quedado reducida la cantidad de policías al mínimo".

 

"No era un día normal".
Cristian Damián Acosta era oficial de servicio en la Primera. Afirmó que el 12 de diciembre estuvo cumpliendo servicio en la comisaría, donde en un principio, "fue todo normal, pero después se congregaron más policías, incluso algunos de civil", en la seccional.
Comentó que Silvio Rojas, otro de los acusados, "estaba cumpliendo servicio como encargado de turno", que fue su chofer y lo trasladó en un móvil policial a "uno o dos robos, uno de ellos en una aseguradora por el hurto en una cartera y hasta se hizo el traslado de detenidos".
Además, Acosta señaló que durante el acuartelamiento y la Seccional Segunda con escasa cantidad de personal en funciones "un preso fue liberado en una YPF de la ruta nacional 35. Fue un hecho excepcional, desconozco las razones, porque solo me pidieron el traslado".
Consultado sobre Rojas, manifestó que "es un buen policía, nunca me contradijo en nada, es una persona demasiado tranquila". También señaló, ante una pregunta de la fiscalía, que no trabajó por la tarde.
"No era un día normal en la Primera, porque se presentó espontáneamente el personal de franco, de civil, salieron los oficiales y jefes a recorrer. El personal subalterno se había juntado en la Seccional", indicó.
Por último, declaró Mariano Víctor Moyano que también cumplía funciones en la Primera como subalterno y ratificó que el 12, Rojas se desempeñó como encargado de turno. "No fue un día normal porque habitualmente llegábamos, tomábamos el turno y salíamos a recorrer. Esa vez no pudimos recorrer porque los jefes habían salido a patrullar. ¿Los llamados? Se atendieron normalmente". Y recordó, específicamente, una presencia que hizo con Acosta y Rojas, en la calle Rivadavia, en una obra social.

 

El caso.
El fiscal Sancho sostuvo que el delito se cometió porque los acusados tomaron "en forma violenta y hostil" -la noche del 11 de diciembre de 2013-, la Jefatura de Policía, el Centro de Control, Operación y Monitoreo Policial y la Dirección de Comunicaciones.
Afirmó que lo hicieron para "arrancarle al Poder Ejecutivo Provincial" una serie de reclamos que habían solicitado por escrito en un petitorio entregado en Casa de Gobierno. El conflicto concluyó en los primeros minutos del día 13 al aceptarse la oferta salarial del Ejecutivo.
Los 14 imputados de sedición -una conducta sancionada con entre uno y seis años de prisión- son Bruno, Fernando Alberto Rolhaiser, Diego Hernán López, Guillermo Julián Giménez, Daniel Narciso López, Carlos Daniel Gatica, Carlos Aníbal Mendibe, José Luis Furriol, Marcelo Ormaldo Cisneros, Jeremías Martín Salvatierra, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Roberto Germán Mora Bartolomé, Pablo Orlando Montes y Silvio Norberto Rojas. Estos dos últimos también están imputados, por la carga de combustible en Vialidad Provincial, de daño y coacción por un incidente ocurrió en el predio de avenida Spinetto.
Montes permanece prófugo, no asistió al juicio y tiene un pedido de captura. Todos los imputados, a excepción de Rojas, son asistidos por los defensores oficiales Martín García Ongaro y Paula Arrigone; en tanto que aquél es defendido por el abogado particular Boris Vlasich.

 

Salvatierra seguirá en San Luis
El juez Andrés Olié dispuso ayer el levantamiento de la rebeldía dictada sobre Jeremías Martín Salvatierra, quien fue detenido en San Luis el pasado jueves. Tenía orden de detención porque desde el miércoles 7 debía presentarse en el juicio por el acuartelamiento de 2013.
Salvatierra es uno de los policías acusados del delito de sedición. Fue declarado "prófugo", lo que permitió comenzar el juicio. El debate e desarrolló sin su presencia por lo que deberá realizarse nuevamente cuando concurra a tribunales, con Salvatierra como acusado.
A pesar de haber sido considerado en rebeldía, el juez Olié dispuso que Salvatierra quede en libertad, previa constitución de domicilio en la localidad en la que se encuentra residiendo, en la provincia de San Luis, por cuestiones médicas.
Además, el magistrado solicitó a la Fundación Remar de San Luis que remita informes bimestrales a la justicia pampeana sobre la evolución del tratamiento que se encuentra realizando el efectivo policial.

 

Acusados se defienden antes del fallo
Julián Giménez, uno de los policías acusados por el acuartelamiento en la Jefatura de Policía, afirmó ayer que el hecho registrado "no fue de ninguna manera un accionar querido", sino que fue "espontáneo", en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales que no se modificaron hasta ahora.
"No fue de ninguna manera un accionar querido, se hicieron los pedidos por nota, en un petitorio y hubo ciertas formalidades (en el reclamo) a las que el gobierno nunca accedió, no existió el canal de diálogo que decían. Ni siquiera se transmitió con el jefe de Policía", manifestó.
- ¿Está arrepentido de la forma en que se dio la protesta?
- Fue algo espontáneo, se quería entregar un petitorio pero después todo se fue dando, fue sucediendo.

 

Sin cambios.
Por otro lado, Giménez explicó que actualmente "la policía se sigue rigiendo por las mismas leyes de hace 40 años, absorbidas del Código Militar", y destacó que "nunca hubo una reestructuración ni cambio".
"Nosotros pedíamos menos horas de trabajo hasta ser más sensibles con cuestiones de la mujer, las horas para amamantar que se respeten, muchas veces no se las considera y se las recarga", siguió.
Además, comentó que "a un policía se lo deja en pasiva sin un debido proceso, son cuestiones coercitivas de los derechos, pedíamos una ley más adecuada a este momento democrático y eso no llegó. Se sigue igual, se sufren los adicionales, lo que planteamos no cambio".
- ¿Les preocupa la posibilidad de ir presos?
- Claro. Pero primero tienen que comprobarlo, y no están dadas las condiciones para eso. Tenemos familia, hijos, cómo no nos va a preocupar. En mi caso perdí todo, familia, trabajo, hay que adecuar la vida a una nueva realidad, por las consecuencias que esto nos trajo.

 

"No se puede adjudicar la autoría".
El defensor García Ongaro explicó ayer que "lo que se discute acá es una figura penal del delito de sedición que tiene condiciones que están debilitadas. Hay sobradas razones para decir que no existió ese delito y entendemos que la fiscalía no pudo adjudicar la autoría de los acusados e incluso se lo reconoció cuando se dijo que quizá los imputados presentes no son del todo responsables o faltan imputados. Esto es un dato central en la validez de la acusación. De hecho concurrieron testigos que mediaron en el conflicto y no fueron imputados, sin contar que hay un imputado, incluso, que no estuvo en Santa Rosa".
"El juicio se desarrollo en forma normal, con el despliegue primero de los testigos de la fiscalía y la defensa posteriormente. La valoración de pruebas se va a hacer el martes durante los alegatos finales, pero estamos satisfechos en que el tribunal permitió el despliegue de pruebas y testigos, con un criterio de amplitud necesario", agregó.
El abogado destacó que en el debate "pudimos aportar informes de organismos oficiales que aportan información de calidad y certificada sobre lo que ocurrió aquellas días que puede dar fe sobre los extremos que se pusieron en duda en la interrupción de servicio, la prestación de seguridad y niveles de acoplamiento de un colectivo de gente que era numerosa".
Sobre la acusación por la supuesta interrupción del servicio de comunicaciones de emergencias del Cecom, manifestó que "se pudo probar con información del Cesida, que organiza la cuestión operativa del 101, que efectivamente corroboró que no estuvo interrumpido el servicio y que hubo llamadas al 101 de emergencias. Eso fue informado y exhibido cuando declaró el ex jefe de Policía, Baudaux".
- ¿Hubo garantía de seguridad?
- Eso fue puesto en crisis, algunos testigos dijeron que hubo un nivel de cobertura básico, de cualquier servicio plegado a una protesta, otros afirmaron que existió un riesgo. Nosotros entendemos que no está suficientemente probado en el juicio una situación de riesgo. No evaluamos una situación política, sí la parte jurídica.

 

La defensa pide la absolución
El defensor oficial Martín García Ongaro afirmó que pedirá la absolución de los policías acusados del delito de sedición, durante los alegatos de la próxima semana, precisamente el martes a las 8.30. Dijo que no está probado con total certeza el delito ni que los imputados sean los responsables.