CPE: la morosidad ronda los 200 millones de pesos

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa, Alfredo Carrascal, afirmó que la entidad no se encuentra entre las intimadas por la Administración Provincial de Energía (APE). A su vez, reconoció la necesidad de aplicar un aumento en la tarifa para sanear las cuentas. «En algún momento hay que volver a cargar en el recibo lo que cuesta el servicio», sostuvo.
Tal como informó este diario, las cooperativas distribuidoras de energía de nuestra provincia han comenzado a recibir notas oficiales mediante las cuales se les reclama que se pongan al día con sus deudas ante la APE. Al respecto, Carrascal le confirmó a LA ARENA que la CPE no se encuentra en el listado de las entidades intimadas. «Nosotros estamos al día», destacó.
El dirigente reconoció que «los números están muy en rojo y hay cooperativas que pueden tener un poco más de espalda para aguantar ese déficit y otras que son sobretodo las más chicas que no». En el caso de la CPE, explicó que gracias a los ingresos de otros sectores como el de Telecomunicaciones, «que es superavitario aunque no tiene un excedente fabuloso, nos permite contar con recursos como para ir manteniéndonos al día no solo con el APE, sino con los proveedores y los trabajadores. Pero esto no puede prolongarse».

Morosidad.

Carrascal afirmó que la entidad continúa teniendo un «balance deficitario mes a mes» y reiteró que el año pasado cerró con déficit. «Hay un desbalance en el servicio eléctrico por un lado, y por otro lado un retraso en el cobro. Tenemos prácticamente una facturación mensual en la calle».
De todas maneras, se mostró optimista por los resultados de los planes de regularización de las deudas. «Hemos tenido una respuesta importante de un sector, y hay otro más relegado que por ahí le está costando un poco más. No nos sorprende, hay sectores que han quedado marginados en la economía. Estamos transitando el primer trimestre y vamos a ver cuáles son los resultados de esta primer estrategia que nos dimos las cooperativas», indicó
En esa línea, remarcó que «el índice de morosidad es de alrededor de un 10 % estos últimos meses de noviembre y diciembre, cuando el histórico de la Cooperativa era un 2 o 3 %. Esa morosidad se vino arrastrando, y con diez meses con un 10 % de morosidad llegamos a fin de año con una facturación completa en la calle. El monto que nosotros estamos facturando mensual, que es alrededor de 200 millones de pesos, es prácticamente lo que nos están debiendo los asociados».
«Hoy tenemos una facturación completa que se nos adeuda y que están en gestión de poderlas recuperar, algunas ya se han formalizado en convenios», destacó. A esto le sumó el «pequeño repunte de la economía» que se refleja en las estadísticas. «En la medida que la actividad económica se mantenga, que no tengamos otra vez cierres totales, pareciera que vamos recuperando».

Ajuste tarifario.

Por otro lado, en relación a las tarifas señaló que en la CPE «hemos tenido muy ajustadas la actualización de factura. Sin embargo, hemos tenido un año con un índice de crecimiento del dólar muy importante. Por lo tanto, los insumos, que son la mayoría dolarizados, han crecido mucho y por supuesto que se han llevado adelante las paritarias y los sueldos se han actualizado en lo que se ha podido».
Estos costos «no se han trasladado el cien por cien a la factura». Carrascal recordó que el año pasado se firmó un convenio con el Gobierno provincial para mantener congeladas las tarifas hasta agosto y que en ese período se las iba a compensar con subsidios mensuales. «Eso se agotó a fin del 2020 y ahora el Gobierno empieza a retirar de a poco los subsidios que tenía», añadió.

-¿Ustedes están prontos a una nueva actualización de la tarifa?
-A nosotros nos parece que es factible porque hay razonabilidad y la APE tiene todos los números en la mano. No cabe ninguna duda que es razonable, que el asociado va a entender que es necesario autorizar las tarifas, como también se va a entender que el Gobierno provincial hizo un esfuerzo por subsidiar pero todo tiene un límite y en algún momento hay que volver a cargar en el recibo lo que cuesta el servicio. Eso se irá administrando en la medida de lo posible».
El dirigente explicó que esto se analizará en la comisión tarifaria, donde participan los técnicos de las cooperativas y de APE. «Entiendo que hay un esfuerzo que venimos haciendo las cooperativas por sostener el servicio, sin perder calidad y sin renunciar a los puestos de trabajo», sostuvo.
«Las cooperativas en ningún momento vamos a dejar que se resienta la calidad del servicio», expresó y en relación al déficit señaló que son optimistas «de que en algún momento lo vamos a poder acomodar como para que las economías de las cooperativas se saneen, porque esto no le va a hacer bien a las cooperativas y a corto y mediano plazo tampoco a los asociados».
«Queremos que estén sanas, que tengan previsibilidad, que se pueda cumplir con los proveedores, que no haya atrasos. Porque la verdad que esto que está sucediendo, que se esté intimando a las cooperativas hermanas a nosotros no nos da ninguna satisfacción ni tranquilidad», concluyó.

«Es un trámite administrativo».

En relación a las intimaciones enviadas a más de una decena de cooperativas, el administrador de APE, Cristián Andrés, explicó que se trata de un «trámite administrativo» que se hace habitualmente. Y recordó que lo mismo ocurrió el año pasado con Corpico, que había sido intimada por un expediente que venía de principio del 2019.
«Son trámites habituales, nosotros como funcionarios públicos es nuestro deber hacer valer los bienes y los recursos del Estado», aclaró y afirmó que en la APE cuando hay una deuda tienen que informarla «para que no prescriba. Ese es el procedimiento, es administrativo, normal y corriente de la Administración, de igual forma en que las cooperativas lo hacen con sus usuarios cuando adeudan».
Andrés comentó que tras los ajustes que hubo de las disposiciones por el congelamiento el escenario comenzó a acomodarse, por lo que se decidió realizar los informes de deuda. «Lo que sí nosotros no tenemos facultades para negociar planes de pago por eso entra la Fiscalía de Estado facultada para esos procedimientos», agregó y explicó que «si la cooperativa no puede pagar la deuda que tiene, tiene que haber un acto administrativo que lo resuelva».
De todas maneras, aseguró que las cooperativas no deberían preocuparse, sino todo lo contrario. «Tiene que ser un momento en el cual se tengan que organizar. Desde el gobierno se han realizado acciones para que los efectos de la pandemia tengan el menor impacto posible, vale recordar que se están pagando todos los intereses de los planes de pagos de hasta 12 cuotas de usuarios que tenían deuda y se acercaron a regularizarla a cada cooperativa», indicó.
«De la misma forma que la Provincia está al día con Cammesa, sería bueno para nutrir al sistema que estén al día con el gobierno, porque después es el que hace el esfuerzo para mejorar las obras y para invertir en infraestructura. Esto ya se ha explicado, pero lo reitero. No es animosidad contra ninguna cooperativa, sino todo lo contrario. Es regularizar una situación para que no se agrande la bola y no prescriba la deuda», añadió.
Con respecto al ajuste en las tarifas, anticipó que esta semana se reanudarán las reuniones de la comisión de revisión tarifaria. «Se van a empezar a ver los números, como lo hace habitualmente la comisión y es de destacar que no va haber nuevas disposiciones tarifarias hasta después de junio de este año, tal cual lo acordado en la ultima revisión de las tarifas», afirmó. A partir de allí se le hará una recomendación al gobernador, que será quien autorice o no el nuevo aumento en caso de corresponder.