miércoles, 25 noviembre 2020
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Denuncian «discriminación política» en Eduardo Castex

DESPIDIERON DEL MUNICIPIO A UNA TRABAJADORA SOCIAL EMBARAZADA

La comisión directiva del Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa (CPAS) envió una nota al Concejo Deliberante de Eduardo Castex con durísimas acusaciones contra la intendenta Mónica Curutchet por el despido «sin razones justificadas» de la asistenta social Abigail Tobio.
El colegio profesional aseguró que Tobio es «víctima de diversas discriminaciones», que se agravan porque cuando fue despedida transcurría «un embarazo avanzado».
«Indudablemente no se valoró el daño económico y emocional que han generado estas medidas, ni tampoco se observa empatía ni sororidad con la trabajadora afectada», cuestionó la presidenta de la CPAS, Gloria Luoni Pierri.
Curutchet reveló, en la primera conferencia de prensa que brindó en su despacho, cuando lloró por la situación económica municipal, que la asistenta social Abigail Tobio había enviado una carta documento a la comuna. «Entiende que era una trabajadora más del municipio, cuando ella facturaba para prestar un servicio y era parte de una gestión que el 10 de diciembre dejó de tener el control de la municipalidad», explicó la jefa comunal.

Rechazo.
Ahora la CD de la CPAS manifestó «rechazo y disconformidad» con las medidas aplicadas contra la licenciada en Trabajo Social, Abigail Tobio. El colectivo profesional lamentó que Curutchet brindó «información errónea» a la prensa, que provocó «tremendas repercusiones en la vida personal de nuestra colega» porque «derivó en que recibió múltiples acusaciones que consideramos falsas e injustificadas».
En el texto desmintieron que Tobio provoque «un déficit fiscal por una supuesta demanda que de hecho no existe». Y destacaron que pese a su condición de monotributista, desempeñó tareas «como una profesional en relación de dependencia, dado el monto percibido, horarios y obligaciones que se le requerían».
También plantearon que desde el 10 de diciembre, cuando se produjo el recambio de autoridades municipales, Tobio «solo recibió información de carácter informal acerca de que no se presentara más al trabajo».
«Esta ausencia de diálogo institucional y la falta de razones justificadas de esta medida, la llevó a intimar al municipio que se aclare y se regularice correctamente su situación laboral», explicaron.
«La falta de una adecuada comunicación institucional, sumada a su condición de embarazo de siete meses (NdR: se refiere a diciembre cuando se produjo el despido), nos lleva a considerar que esta situación reviste carácter de discriminación política», agregaron.
«Cuándo será la hora en que se deje de discriminar a los trabajadores por su condición política, de raza, religión o género», destacaron.

«Sin perspectiva de género».
«Nos preguntamos en cuánto su condición de madre gestante está influyendo en esta arbitraria decisión (de Curutchet). Indudablemente no se valoró el daño económico y emocional que han generado (en Abigail Tobio) estas medidas, ni tampoco se observa empatía ni sororidad con la trabajadora afectada», se quejaron desde el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa.
Aseguran que la decisión de las autoridades castenses genera «violaciones claras» a las disposiciones de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La conducción del CPAS indicó que las autoridades en el despido de Tobio han incumplido «normas de la más alta esfera legal», artículos 14, 14 bis, 16, y otros de la Constitución Nacional; el convenio 111 de la OIT sobre la discriminación laboral; artículos 6, 7 y 8 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros.
«Estas situaciones no hacen más que entorpecer la convivencia democrática y el avance hacia una ciudadanía plena» y «desde la perspectiva de género, las disposiciones tomadas se agravan exponencialmente, dado que es mujer y está transcurriendo un embarazo avanzado», argumentaron.
Y repudiaron el ataque «a los derechos personalísimos» de Tobio, y transmitieron preocupación porque una matriculada del colectivo profesional es «víctima de discriminaciones».