Decenas de personas se acercaron durante todo el viernes a la plaza San Martín de la capital pampeana para informarse, asesorarse y participar de la apostasía colectiva, es decir, para dejar de pertenecer oficialmente a la Iglesia Católica. La convocatoria se realizó en las redes sociales y fue impulsada por integrantes del movimiento de la Campaña Nacional por un Estado Laico.
Lo que comenzó con el tratamiento parlamentario para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, siguió con el planteo de una nueva campaña de quienes buscan la separación de la Iglesia Católica del Estado Nacional. Impulsada por la Campaña Nacional por un Estado Laico, cada vez son más los argentinos que se acercan a las diferentes diócesis a renunciar a la institución religiosa como forma de protesta a la actual legislación que designa al catolicismo como culto oficial y, por ello, destina fondos nacionales para mantener el sistema clerical en nuestro país.
Una nueva convocatoria tuvo lugar en la ciudad de Santa Rosa, al igual que en otros puntos del país, durante el día de ayer. Allí, decenas de vecinos se acercaron para informarse y buscar asesoramiento para comenzar el trámite burocrático que todo aquel que esté bautizado, y tenga intenciones, pueda «desafiliarse» de la Iglesia Católica.
«Lo que planteamos es la separación de la Iglesia y el Estado y, uno de los aspectos más profundos, es quitar en el Preámbulo de la Constitución en donde se nombra a Dios y modificar el artículo 2 que plantea que el Estado argentina sostiene a la religión católica», declaró Jesica Maggio, integrante del movimiento para la apostasía y miembro de las colectivas feministas humanistas y Todos Somos Andrea.
El trámite para ser eliminado de los registros de la Iglesia consta de una serie de sencillos pasos. Para iniciar la anulación solo se requiere el nombre completo, una copia del documento, el lugar y la fecha aproximada en la que la persona fue bautizada. «Es un paso sencillo, durante el día de hoy cerca 50 personas se acercaron para llevarse un modelo de carta», detalló Maggio.
Sin embargo, en la practica el proceso no resulta tan sencillo ya que, según denuncian los pañuelos naranjas, la institución religiosa esta «poniendo diferentes trabas» para impedir que se lleve a cabo este proceso.
Trabas.
«Hoy por ejemplo una de las personas que fue a realizar el trámite a la diócesis -Mitre 140- directamente no fue atendida. Después, otra fue con su hijo menor de edad, y como era menor de edad, no tenía poder de decisión y no podía apostatar», denunció Maggio, quien criticó que la Iglesia sí acepta que los padres puedan decidir sobre el hijo a la hora del bautismo pero no en el momento de apostatar.
Otra medida que adoptó la Iglesia para dificultar el proceso, fue solicitar -a partir de la fecha- que la fotocopia del documento debe estar autentificada por la Policía para ser aceptada por la diócesis. «Esto antes no lo pedían, así que lo vamos a especificar en el próximo flyer, pero mientras más trabas nos pongan, más fuerte vamos a ser», apuntó.
Financiamiento.
Uno de los motivos que causa mayor descontento dentro de los seguidores de la campaña por la separación entre Iglesia y Estado es la financiación de la Iglesia católica a la que, según el Gobierno, se destinarán este año cerca de 160 millones de pesos para el pago de sueldos de obispos y otros cargos eclesiásticos. A eso se suman, entre otras cuestiones, exenciones impositivas, donaciones de inmuebles y subsidios a la educación religiosa en los distintos distritos.
Crítica.
Según asegura el movimiento, la acción de la apostasía también es un recurso para «quitarle un poco de poder» a la institución religiosa. Diversas organizaciones sostienen que para la Iglesia todo bautizado es católico, y por lo tanto está de acuerdo con sus doctrinas, entonces se utiliza esta cifra -alrededor del 90% según una encuesta de Conicet del 2008- para negociar con el Estado y obtener privilegios.
