Dos funcionarias judiciales denegaron la prisión preventiva requerida por la defensa que demostraba que se había agotado el plazo. Un posterior habeas corpus ante el STJ dejó en libertad al joven.
El abogado José Mario Aguerrido formuló una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas señalando que la fiscal de General Pico Laura Rufini, y la jueza de Control Jimena Cardozo incurrieron en una irregularidad al restringir «indebidamente la libertad personal» de Santiago Barabaschi. El profesional había solicitado -en más de una oportunidad- que correspondía la liberación «por agotamiento del plazo de la prisión preventiva», lo que surgía «del artículo 251 del ordenamiento procesal».
Cabe señalar que -después de la negativa de la fiscal, y de la jueza- Aguerrido presentó un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia, que dispuso «el inmediato cese de la detención por prisión preventiva» ordenando «las medidas que hagan inmediata la efectiva cesación de la situación». Por esa resolución Barabaschi está hoy en libertad.
Aguerrido formuló la denuncia ante la FIA por «la actuación llevada adelante» por Rufini (Ministerio Publico Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia), y Cardozo.
Y precisó que la presentación la hacía «en los términos de los artículos 6 y 7 de la ley 1830, en el marco del legajo 42986/0 que tramita en la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con sede en General Pico».
El abogado denunciante actuó en ese ámbito como defensor particular de Santiago Barabaschi, quien actualmente reviste como imputado. Dijo que a su defendido se le dispuso la prisión preventiva, y que él (Aguerrido) solicitó su revisión «en varias ocasiones».
El joven piquense estuvo detenido con prisión preventiva desde el 6 de julio de 2018 luego que se le iniciara una causa penal por la presunta violación de una joven en un departamento donde hacían un «after».
En junio de este año fue condenado a seis años de prisión, pero semanas después, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de La Pampa invalidó la sentencia y ordenó hacer un nuevo juicio. El caso tuvo una importante repercusión no solo en la provincia sino también a nivel nacional.
Agotado el plazo
Con respecto a su cliente, Aguerrido señaló en el escrito ante el STJ que «se encuentra detenido desde el 6 de julio de 2015, y que el 6 de octubre pasado agotó el plazo de la prisión preventiva dispuesta en su contra».
Barabaschi fue condenado el 26 de junio de 2019 por la Audiencia de la Segunda Circunscripción Judicial a la pena de 6 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El 23 de septiembre el Tribunal de Impugnación Penal declaró inválido ese pronunciamiento disponiendo que se sustancie un nuevo juicio.
El defensor consignó que Barabaschi «no posee sentencia firme, y ya cumplió el plazo máximo de prisión preventiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del C.P.P.». Destacó que ese artículo expresa que «una vez vencido el mencionado plazo no podrá dictarse una nueva medida de coerción».
Pero la jueza de Control -con anuencia de la fiscal- «dispuso no hacer lugar al reexámen de la medida de coerción dispuesta y que continúe la prisión preventiva hasta la finalización del proceso».
Hábeas corpus
Indicó también el profesional que la situación de Barabaschi en el marco de ese proceso «llevó a la necesidad de plantear un habeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia, al restringirse indebidamente su libertad personal y ello, por agotamiento del plazo de la prisión preventiva que surge del articulo 251 del ordenamiento procesal».
¿Qué dijo Aguerrido de la fiscal y la jueza? Expresó que Laura Rufino incurrió en «una clara omisión de sus obligaciones legales, en función de que se encontraba en juego la libertad de una persona», no obstante lo cual «se opuso al cese de la restricción de la prisión preventiva requerida por la defensa».
Esa oposición «fue acompañada por la resolución de la jueza interviniente en la ocasión, Jimena Cardozo, que termina denegando la petición de la defensa del cese de la prisión preventiva por agotamiento de su plazo».
Marca irregularidad
El reproche de Aguerrido es porque «las funcionarias omitieron deliberadamente la aplicación correcta de la ley», razón que lo llevó -de acuerdo a lo dispuesto por el art. 23 de la LOPJ- a formular la denuncia».
Agrega que en el marco de la misma denuncia la actuación de la fiscal y la jueza «constituyó una irregularidad, no sólo por lo dispuesto por el quinto párrafo del art. 251 del Código Procesal Penal de la Provincia, sino también por jurisprudencia de nuestro Superior Tribunal a la cual el mismo cuerpo hace referencia al tiempo del dictado de la resolución de habeas corpus».
Ilegalidad de funcionarias
La resolución del habeas copus decidida por el Superior Tribunal, resulta clara «en cuanto a la ilegalidad de la continuación de la prisión preventiva de Santiago Barabaschi, determinando en ese ámbito por lo tanto su inmediata libertad», dijo Aguerrido.
En esos términos fue que solicitó la intervención de la FIA para que investigue a las dos funcionarias. Hizo conocer ante este organismo que presentó un habeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia, que por resolución del día 8 de octubre de 2018 resolvió que debía otorgarse la libertad a su defendido. El abogado ofreció también como prueba audios de la audiencia del día 4 de octubre de 2018, de los que surge la actuación de una y otra funcionaria: una oponiéndose al pedido de la defensa y la otra, resolviendo la incidencia de cesación de la prisión preventiva.
