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Desmienten denuncia

EMPRESA DE LIMPIEZA

En una enérgica réplica enviada a esta redacción, Nicolás Casagrande Lorences, representante legal de «la empresa de limpieza AYM» y de su titular, Marcela Moreyra, desmintió las acusaciones del Centro Empleados de Comercio (CEC), publicadas ayer. El representante calificó la denuncia como «actos de politiquería, en el marco de una gravísima situación sanitaria sin precedentes» y consideró «absolutamente condenable la actitud de Rodrigo Genoni (secretario Adjunto del CEC) quien procurando atender aspiraciones personales no tuvo la mínima contemplación por el impacto de sus dichos, no contra la empresa o mi persona, sino de los trabajadores y sus familias, quienes empezaron a sufrir porque son tratados como posibles contagiados y, en algunos casos, como si fueran irresponsables y no se cuidaran».
Según Casagrande, la empresa «brinda todos los elementos de protección necesarios para minimizar riesgos de contagio (guantes, barbijos, antiparras, cofias, botas de fiselina, ambos)», y lamenta que a pesar de que en La Pampa debieron «aislar a médicos, enfermeros, bomberos y policías, Genoni utiliza la desgracia políticamente, para su provecho personal, pretendiendo atribuir el contagio de una empleada a la falta de elementos de protección».-
«Persecución constante».
Afirmar que no provee la protección adecuada a su personal «resulta una falacia», dice el abogado, y añade que la actitud gremial responde a «una persecución constante hacia la empresa y mi persona», actitud que «le valió una denuncia penal por extorsión y amenazas». Según el representante, en alguna oportunidad el dirigente mercantil «pretendió que la empresa realizara desembolsos sin respaldo legal», y a pesar de la negativa y la posterior denuncia, «continuó con estas arremetidas, escudándose en su posición gremial».
La denuncia del CEC «no se compadece con la realidad» y por eso «daña la imagen de la empresa, perjudica a nuestros trabajadores, pone en riesgo la fuente de trabajo y expone a la empresa y sus empleados ante la sociedad, generando reacciones diversas, entre ellas discriminación, tratos agraviantes, hostilidad y prejuicios», afirma el texto.
Casagrande aclara también que la empresa nunca recibió «de ningún organismo estatal, apercibimientos ni sanciones por cuestiones de esta índole», y recordó que desde «hace años,. presta servicios en el hospital y otros centros de salud, conviviendo con virus y enfermedades, y jamás debimos lamentar episodios, por cumplir con todas las precauciones».
También le imputa a Genoni «poner palos en la rueda, sin mostrar preocupación por el bienestar de los trabajadores y poniendo en vilo su fuente de trabajo, ya que las repercusiones son inciertas y, aunque carecen de fundamentos siempre resultan de gravedad», y advierte que «en este caso bastardea también al personal y autoridades del Hospital Lucio Molas y del Centro Emergente», sitios donde «las medidas de protección son respetadas por todos quienes se desempeñan allí».
Finalmente, reclama que «las autoridades tomen cartas en el asunto y, como en otros casos cuando adoptaron medidas frente a divulgación de información falsa relacionada con la pandemia, tengan el mismo proceder con Rodrigo Genoni»