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Detectan deficiencias en cárceles

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizó un informe sobre las inspecciones realizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal en el periodo 2018-2019. Según el relevamiento, las principales problemáticas que emergen se vinculan con deficiencias en la asistencia a la salud, infraestructura y la mala y escasa alimentación.
El plan de trabajo fue propuesto por el titular de la procuraduría especializada, el fiscal general adjunto Héctor Andrés Heim, al procurador general de la Nación interino Eduardo Casal, bajo un criterio con énfasis en la concurrencia a prisiones que hasta el momento no habían sido monitoreadas. No obstante, se continuó asistiendo a otros establecimientos ya inspeccionados como parte del trabajo permanente del área, en especial los ubicados en el AMBA.
Las inspecciones en establecimientos de detención se conformó, desde el inicio del trabajo de la Procuraduría, en una herramienta fundamental para prevenir, sancionar y reparar posibles agravamientos en las condiciones de detención y/o hechos de violencia institucional.
Así, desde el 2013 la Procuvin realizó 277 inspecciones en distintos establecimientos de encierro. Durante el período 2018-2019 se llevaron a cabo 68 en 13 provincias, en las que se relevaron las condiciones de vida y el acceso a derechos de hombres y mujeres privados de la libertad. Cuatro de ellas fueron hechas en unidades carcelarias ubicadas en La Pampa.
Los monitoreos permiten conocer y abordar problemáticas particulares y transversales del encierro. Las principales problemáticas se vinculan con deficiencias en la asistencia a la salud integral, infraestructura y condiciones materiales de vida, insuficiencias en la oferta laboral, mala y escasa alimentación.

Unidades 13 y 30.
Según el informe que compartió el organismo nacional, las cuatro inspecciones que se llevaron adelante en la provincia fueron en las Unidades 4, 13, 25 y 30. En dos de ellas, se detectaron problemáticas.
En la Correccional Mujeres Unidad 13 se advirtió la falta de mecanismos efectivos para atenuar los conflictos intra-carcelarios, falta de personal de salud en servicios de ginecología y psiquiatría, imposición de regulaciones internas y arbitrarias sobre el régimen de vida.
Por otro lado, en la U. 30, para Jóvenes Adultos, se detectó la imposibilidad de acceder a visitas familiares y aplicación procedimientos de requisa constantes e invasivos.