Dictan preventiva por audios de Whatsapp

En General Pico, cuatro personas cumplirán un arresto domiciliario por haber violado el aislamiento obligatorio dispuesto para aquellas personas que arribaran al país provenientes del extranjero.
La Justicia provincial modificó sustancialmente su funcionamiento ante la emergencia dispuesta por la pandemia del Covid-19. En ese marco, ayer se formalizó a cuatro imputados y se les dictó la prisión preventiva a través del uso de las nuevas tecnologías.
«Primero fue por videollamadas de Whatsapp, después con llamadas simultáneas y ahora con un audio que fue subido al Sistema Informático de Legajos Penales. Así trabaja la Justicia hoy», detallaron desde la Justicia.
En esa línea, informaron que esta última opción fue utilizada por el juez de control santarroseño, Carlos Ordas, quien subió al Sigelp -creado por desarrolladores propios del Poder Judicial y que permitió la despapelización del fuero penal- varios audios breves de Whatsapp resolviendo los planteos de la fiscala María Cecilia Martiní y el defensor oficial Martín García Ongaro, quienes también trabajaron a distancia desde sus hogares; lo mismo que el personal de la Oficina Judicial y de la Unidad de Atención Primaria.
El magistrado, luego de escuchar las peticiones de ambas partes, formalizó a los hermanos Leonardo Gabriel Freites (23), Juan Gabriel Freites (20), Gustavo Sebastián Freites (19) y Marcos Alejandro Álvarez (25) en orden a la presunta comisión de los delitos de lesiones leves, daño, amenazas con arma, desobediencia y propagación de enfermedades, y les dictó la prisión preventiva por 20 días.
Según precisaron, los cuatro habrían agredido anoche con cuchillos y palos a un hombre en Eduardo Castex y cuando la víctima quiso ingresar a su domicilio, Gustavo Freites habría roto el vidrio de la puerta de ingreso y tirado puñaladas con un machete; mientras que Leonardo Freites rompió con un caño un vidrio de una ventana, tomó una sartén y le arrojó aceite caliente al damnificado, quien sufrió quemaduras de primer grado y fue internado en el hospital local.

Aislamiento obligatorio.
Por otro lado, en General Pico, la jueza de control, María Jimena Cardoso, formalizó a cuatro personas -en dos expedientes distintos- por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto a los fines de impedir la propagación de la pandemia Covid-19, y las resoluciones del Ministerio de Salud de La Pampa fijando la cuarentena sanitaria obligatoria a aquellas personas que arribaran al país provenientes del extranjero.
En uno de ellos, la jueza ordenó la prisión preventiva hasta el próximo martes -sustituida por el arresto domiciliario- a Rubén Bessone, Marcela Fabiana Abramo y Nicolás Alberto Bessone, quienes se domicilian en General Pico, porque llegaron provenientes de Chile (última escala del viaje) el 14 de marzo y fueron captados por cámaras de seguridad transitando por la vía pública los días 15, 19 y 20. Además dispuso que haya visitas sorpresivas al domicilio para corroborar que cumplan con la sanción.
En el segundo caso, la magistrada resolvió en idéntico sentido. El imputado fue Santiago Nagore, quien fue descubierto circulando en una camioneta por Intendente Alvear cuando había arribado al país el 11 de marzo proveniente de Brasil. En este expediente, la policía envió al Ministerio Público Fiscal videos de Whatsapp mostrando al vehículo rodando y una foto con la notificación de Nagore, material que fue incorporado al expediente digital.
En ambos legajos, Cardoso resolvió las formalizaciones de los imputados a través de un llamado múltiple donde todas las partes tuvieron contacto entre sí. Con ella interactuaron el fiscal Guillermo Félix Komarofky y el defensor oficial Alejandro Caram.

Fueros no penales.
Por otro lado, indicaron que en el fuero no penal, los camaristas, jueces y empleados están aplicando -también desde sus hogares- algunas de esas nuevas herramientas tecnológicas para la resolución de sus causas.
Paralelamente, en medio de esta emergencia, el Superior Tribunal de Justicia tomó la iniciativa de monitorear en forma diaria el ingreso de expedientes, para evaluar si en algún momento dicta alguna restricción mayor en el fuero no penal y dispone que haya más personal dedicada a tramitar las causas que están incrementándose, como las de violaciones de la cuarentena y eventualmente denuncias por violencia intrafamiliar.