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Diputado impulsa sanciones penales

NEGACION DEL GENOCIDIO

El diputado nacional Horacio Pietragalla Corti (FpV-PJ) presentó un proyecto para sancionar penalmente a quien niegue, justifique o minimice el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar y en caso en que el delito sea cometido por un funcionario público, se prevé su inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
Destacó que el país «atravesó desde el retorno de la democracia un arduo camino en busca de justicia por las violaciones a los derechos humanos» y que «se trató de una política de Estado ejemplar a nivel mundial. Si bien aún no se han juzgado a la totalidad de los responsables, hay un consenso social sobre lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país».
«Lamentablemente -siguió- aún existe un grupo minúsculo de personas que niegan el terrorismo de Estado, o mucho peor, que hacen apología del mismo o de quienes están condenados judicialmente por ser sus ejecutores».
Se quejó por las declaraciones públicas de dirigentes del oficialismo que «aún acuden a la figura de la obediencia debida para justificar la participación de algunos militares condenados por crímenes de lesa humanidad o que minimizan los levantamientos carapintadas que pusieron en jaque a nuestra democracia».

Un delito.
En este sentido, Pietragalla dijo: «Creemos que, así como sucede en otros países que fueron víctimas de un genocidio, es nuestro deber impedir que hoy sean negados o minimizados los hechos más trágicos de nuestra historia más reciente, menos aún cuando se trata de funcionarios públicos. En Francia, Alemania, Italia, Austria y en muchos otros países, es un delito. Queremos que en nuestro país también lo sea».
Las penas previstas para este nuevo tipo penal son de dos meses a dos años para quien públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y/o de quienes fueran condenados por su comisión. En caso de que se trate de funcionarios públicos, tendrán inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
El proyecto de ley impulsado por Pietragalla Corti cuenta con las firmas de los diputados del FpV-PJ Máximo Kirchner, Agustín Rossi, Josefina González, Roberto Salvarezza, Juan Cabandié, Fernanda Vallejos, Daniela Castro, Alicia Soraire y Analuz Carol.