Dos investigaciones por los hacheros

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, como punto focal del Programa Provincial para la Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas de Trata, concretó la tercera reunión de la Comisión de Ejecución a través de una videoconferencia. En ese marco, el subsecretario Juan Pablo Fasce confirmó a LA ARENA que hay dos investigaciones en curso, una de ellas en la Fiscalía Federal de Santa Rosa, que surgió a raíz de «nuestra denuncia, que se sumó a un expediente que ellos habían iniciado de oficio, así que se complementaron las dos».
La segunda, se inició tras una denuncia del Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). «De modo tal que también en ese ámbito está abierta una investigación por este mismo hecho», indicó
Fasce comentó que la reunión de la Comisión provincial se llevó a cabo este martes y que el temario se centró principalmente en el análisis de la modalidad del delito de Trata de Personas con finalidad de Explotación Laboral, ante la probable comisión de un hecho de esas características detectada recientemente en un establecimiento rural de General Acha.
De la misma participaron los miembros permanentes pero también, en calidad de invitados, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella y el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Enrique Juan Marenzi, al tiempo que el subsecretario de Relaciones Laborales, Edgardo Santiago Senén González, se integró en forma definitiva.
Tal como informó LA ARENA en ediciones anteriores, la situación ocurrió en la «Estancia Curacó», donde presuntamente se registró un caso de trata y explotación de trabajadores rurales hacheros de procedencia chaqueña.
«La reunión, estuvo focalizada más que nada a esa situación puntual, sobre lo que se hizo y se conoce del caso, y lo que se puede hacer a futuro», indicó Fasce y comentó que, tras tomar estado público la situación, «empecé a mantener una vinculación bastante aceitada con Gustavo Vera, que es titular del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas a nivel nacional, que se mostró muy interesado en abordar esta situación que vivimos acá y de alguna manera abrir una investigación que llegue al fondo de la cuestión».

Investigaciones.
De esta manera, el subsecretario indicó que empezaron a intercambiar información. A su vez, entabló relación el fiscal provincial Juan Bautista Méndez, «que intervino en el procedimiento que se llevó a cabo en el establecimiento rural, la información que él pudo producir la compartí con este organismo nacional».
De esta manera, contó que se llegó a un acuerdo para que se haga una presentación ante la Protex, «que es un ámbito especializado en este tipo de cuestiones, y al mismo tiempo empecé a mantener contacto con el fiscal federal Leonel Gómez Barbella para también nosotros iniciar una investigación en paralelo aquí en La Pampa».
También mantuvo conversaciones con el juez federal Juan José Baric, «a los fines de darle a conocer el interés nuestro de propiciar esta investigación, que a el le parecía atinado. Se mostró interesado en indagar sobre esta situación, por lo tanto se manifestó a disposición para llevar adelante la investigación».
De esta manera, destacó que «fuimos varios los actores que empezamos a darle a este hecho puntual el interés que merecía, y raíz de ello se perfeccionaron estas dos denuncias. Una dentro del ámbito nacional ante la Protex, donde ya está interviniendo la Procuraduría, a cargo de Marcelo Colombo, y acá ante el fiscal Leonel Gómez Barbella, que es el que tiene a cargo la investigación dentro del ámbito federal nuestro».

En busca de testimonios.
Por otro lado, Fasce explicó que en la reunión se compartió información y las pruebas recabadas hasta el momento. «Hoy por hoy estamos detrás de seguir obteniendo la mayor información posible para encauzar de la mejor manera la causa penal correspondiente».
En ese sentido, resaltó que «estos organismos a nivel nacional están haciendo todas las gestiones a su alcance para poder identificar a cada uno de esos trabajadores rurales, obviamente rescatarlos de esa situación, proteger sus derechos y al mismo tiempo tratar de obtener sus testimonios para seguir obteniendo elementos que puedan ser valiosos a la hora de la causa penal que se sigue adelante».
«Al mismo tiempo, se está pidiendo a la Comisión Nacional del Transporte que aporte toda la información que pueda suministrar, que tiene que ver con ese traslado que se produjo de estos trabajadores», afirmó.
Esto se debe a que, según las versiones publicadas en los medios de comunicación, «se hace referencia a que habría cierta omisión de las autoridades competentes en esa materia a la hora de hacer el control del pasaje que estaba transportando esos micros, que no había constancias de quienes estaban siendo transportados».
«Tenemos información de que el fiscal que interviene en Río Negro pudo hacerse de las filmaciones de esa estación que recibió a estos micros, para ver de qué manera, a qué hora, si aparecen las imágenes de estos trabajadores. Todo lo que es propio de una tarea investigativa de estas características a los fines de aportarle al juez la mayor cantidad de pruebas».
Finalmente, enfatizó en que «estamos detrás de esa prueba. Hay un trabajo mancomunado, tanto del fiscal Gómez Barbella acá como de Marcelo Colombo y Gustavo Vera en Buenos Aires, todos tratando de lograr identificar a todos los trabajadores que fueron victimizados en estas condiciones que están bajo investigación, y en su caso poder obtener su declaración para ser posteriormente dadas a conocer en la causa y lograr incriminar a los eventuales responsables».

Harán controles en ámbitos rurales
Lo acontecido en el establecimiento rural de General Acha impuso a la Comisión provincial la necesidad de discutir y adoptar posibles medidas preventivas para evitar que se reiteren este tipo de situaciones. En ese sentido, el subsecretario de Derechos Humanos afirmó que en la reunión que se llevó a cabo el martes se dialogó sobre «qué podemos plantear nosotros como alternativa a los fines de que no se reiteren situaciones de estas características».
Por estos motivos, destacó «la incorporación de un funcionario del área de la Secretaría de Trabajo de la provincia», que sumado al aporte que realiza el Ministerio de Seguridad a través de la Policía, el objetivo es «tratar de armar una estrategia como para impulsar controles o inspecciones, en el caso de lo que tiene que ver con la explotación laboral, en ámbitos de trabajo rural para ver si podemos detectar situaciones irregulares o delictivas para ponerle freno».