Durango: «Que pronto sea ley»

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, la senadora nacional por La Pampa, Norma Durango (PJ), señaló que «las mujeres debemos gozar del derecho pleno a la soberanía sobre nuestros cuerpos» y consideró que «la penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del sometimiento».
La legisladora recordó que en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, «la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que ‘las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los paises de la región’, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la Despenalizacion del Aborto».
«Desde entonces somos muchas las mujeres y las organizaciones que nos hemos sumado con convicción a la campaña por la despenalización y legalización del aborto en la region y particularmente en Argentina», agregó.
Durango remarcó que cada 28 de septiembre «continuamos reclamando el acceso al aborto seguro, lo cual podria prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los paises en vias de desarrollo».
En este marco, señaló que «las mujeres debemos gozar del derecho pleno a la soberanía sobre nuestros cuerpos. La penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del sometimiento. Sabemos, además, que lo que genera condiciones de riesgo para la salud no son sólo los procedimientos clandestinos para realizar un aborto, sino también la ilegalidad y la penalización a quien decide interrumpir un embarazo».

Impacto en la salud.
La legisladora citó los datos del Ministerio de Salud de la Nación y advirtió que «miles de mujeres son internadas con complicaciones del aborto inseguro. La mayoría de ellas concurren de manera tardía a los establecimientos de salud por el temor que genera la penalización y el estigma social que rodea la práctica».
«La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar pobres y jóvenes, en tanto que las mujeres de las clases medias y altas se practican abortos -aún en la clandestinidad- pero con garantías sanitarias», cuestionó.
Por estos motivos, «las mujeres de los sectores populares, cuando no sufren complicaciones postabortos, pagan con sus vidas la decisión de interrumpir un embarazo en condiciones sanitarias muchas veces de extrema precariedad».
«Desde mi lugar, con mi trabajo militante y legislativo, por los derechos de las mujeres y por políticas públicas de salud que acompañen las decisiones de las y los ciudadanos, seguiré trabajando para que pronto en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo sea ley», concluyó.