Inicio La Pampa El Coirco se negó a recibir a las ONGs

El Coirco se negó a recibir a las ONGs

PREOCUPADAS POR EL COLORADO

El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri y el representante alterno de esa Secretaría ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, Juan Greco, participaron en Bahía Blanca de la reunión correspondiente al mes de diciembre. La reunión dejó varias novedades: aún no se ha vendido ningún pliego de la licitación para construir Portezuelo del Viento; el comité pidió a las nuevas autoridades nacionales la realización de un Estudio de Impacto Ambiental que analice seriamente los impactos de la presa, y la negativa a recibir a las organizaciones sociales y ambientales de la cuenca.
La reunión ordinaria de diciembre del comité de cuenca del Colorado marcó el regreso a ese ámbito de Néstor «Chamaco» Lastiri, quien representa a La Pampa en calidad de miembro titular por ser el nuevo secretario de Recursos Hídricos de la provincia. Lastiri ya desempeñó esas funciones -secretario y delegado en Coirco- entre 2011 y 2015, y luego fue reemplazado por Javier Schlegel, designado en esta gestión al frente de la Administración Provincial del Agua.
En la reunión de ayer «se analizó fundamentalmente la crisis hídrica que vive el río Colorado, en el cual el nivel del embalse de Casa de Piedra no registraba un valor actual menor a 273 metros de cota sobre el nivel del mar, desde el año 2014», indicó.
«Posteriormente y sobre Portezuelo del Viento a solicitud de los representantes de La Pampa, la delegación de Mendoza informó que a la fecha no se adquirió ningún pliego de dicha obra», comentó Lastiri. En relación a Portezuelo, «por mayoría se decidió enviar al nuevo ministro del interior, Eduardo de Pedro, que es el presidente del Consejo de Gobierno de Coirco, la nota que fue remitida al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde se le solicita que arbitre los medios para que se realice el estudio de impacto ambiental integral en la cuenca del río Colorado dentro del ámbito de los organismos de nación pertinentes». La moción se aprobó por mayoría ya que Mendoza se negó a hacerlo. El resto de las jurisdicciones -Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires-, votaron a favor.

Audiencia.
Otro tema analizado en la reunión de ayer fue la nota firmada por una treintena de entidades no gubernamentales de las provincias condóminas del río que pedían una urgente reunión con el plenario del comité de cuenca para hablar sobre el río Colorado y Portezuelo del Viento. Por decisión mayoritaria, el pedido fue rechazado.
«Nuestra Provincia apoyó la moción que todo el Comité Ejecutivo de Coirco estuviese presente para dar las explicaciones pertinentes, a los efectos de evacuar las dudas sobre la obra Portezuelo del Viento y sus implicancias en la cuenca, mientras que los representantes de Mendoza, Sergio Sanz, Río Negro, Daniel Petri, Buenos Aires, Marcos Aragón y Omar Palavecino de Neuquén, resolvieron que cada jurisdicción de los informes a las ONG correspondientes a cada provincia», cerró el funcionario.
La nota planteaba la preocupación de las organizaciones, de vecinos y autoridades políticas de la cuenca, por la situación actual del río y por los efectos que tendrá en un futuro la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza.
La nota, de fuerte tono crítico respecto al comportamiento del Coirco ante el embate de Mendoza con su proyecto hidroeléctrico, fue presentada al comité en los primeros días de diciembre, antes de que se produjera el recambio de autoridades.

Libro.
A cuatro décadas de la constitución del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, se presentó ayer un libro que cuenta su historia, su crecimiento y consolidación, a través de las voces que fueron protagonistas en la creación del primer Organismo de Cuencas del país.

“Por defensa del agua”
La Fundación Chadileuvú expresó su explícito apoyo a la lucha que vecinos y sectores sociales de la provincia de Mendoza lleva adelante contra la modificación de la Ley de Minería nº 7.722 de esa provincia pero también les pidió su solidaridad con la lucha pampeana por los ríos compartidos.
“Con la excusa de habilitar que grandes empresas multinacionales exploten diversos minerales metalíferos y generen trabajo, el Poder Ejecutivo y legisladores mendocinos de diversas bancadas quieren modificar una ley surgida de luchas populares”, sostuvo la Fuchad en una declaración que emitió ayer, horas antes de la aprobación de las modificaciones a la ley de minería. “El tema es la defensa del agua tanto por el uso que pretenden las mineras como por la contaminación de los cauces”, puntualizó la Fuchad.
La ley que el gobierno mendocino quiere modificar es la ley nº 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en las explotaciones mineras, y obliga que la declaración de impacto ambiental de cada emprendimiento sea aprobada por el Parlamento de esa provincia. “Fuerzas mendocinas intentan hoy modificar la ley en favor de grandes mineras pertenecientes a poderosas compañías extranjeras”, reiteró la Fuchad.
Por ello, y “más allá de los desencuentros por el tema de los ríos robados”, la reconocida ONG pampeana expresó su acompañamiento a “las movilizaciones de los pueblos para impedir la contaminación de las aguas”, a la vez que recordó que “el Atuel y el Desaguadero-Salado-Chadilevú-Curacó fueron ríos interprovinciales de los cuales Mendoza se apropió indebidamente” y también “el inmenso daño ambiental tanto en el territorio mendocino como en La Pampa”.
“Recordamos el sufrimiento de los pobladores del oeste pampeano que tuvieron que exiliarse a otras geografías por la desaparición del agua en los cauces y la destrucción de lagunas y humedales que daban sustento a sus vidas”, planteó la Fuchad.
Sabiendo que los habitantes de Mendoza “no son responsables de esos hechos gravísimos”, la Fundación valoró y respaldó la lucha contra los aspectos negativos de la minería pero también le pidió a la sociedad mendocina que “se solidaricen con la nuestra de recuperar caudales para La Pampa que permitan enmendar nuestros dañados ecosistemas”.

Fuerte debate en Mendoza
Tras una semana de debates en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada por el gobernador Rodolfo Suárez, senadores y diputados mendocinos aprobaron ayer la modificación a la ley 7722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
Tras la sanción inicial en el Senado por amplia mayoría, los diputados también aprobaron por la tarde el proyecto que envió el Ejecutivo, que permite el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico, pero limita la aplicación de mercurio.
Sin embargo, “se deberán presentar estudios ambientales e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos”, según consta en la norma.
Así, se prevé el desarrollo de proyectos de minería metalífera que desde hace tiempo quieren desarrollarse en esta provincia, y que contó con numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia.
La aprobación en el Senado tuvo 28 votos a favor y 7 en contra, en tanto en Diputados aprobó por 36 votos contra 11, con una abstención y una ausencia.

Manifestaciones.
Ayer, tal como ocurrió durante casi toda esta semana, los alrededores de la Legislatura se colmaron de voces en contra que fueron custodiados por un fuerte operativo policial, como así también en las ciudades de San Rafael y General Alvear, no así en Malargüe donde sus ciudadanos aguardaban esta modificación para comenzar el desarrollo minero.
Si bien grupos ambientalistas, movimientos sociales y partidos de Izquierda se manifestaron en contra de los cambios, varias cámaras empresariales como la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) se pronunciaron a favor del desarrollo minero.
“Quienes votamos a favor de esto estamos a favor del agua. No escuché propuesta con la venta de cupos de riego y por el derroche que se hace con el riego a manto”, dijo el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Priore.
En tanto, el presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, sostuvo que desde la oposición “están sentados en el recinto para controlar que el gobernador Suarez cumpla con esta Ley” y que “sin trabajo tampoco hay ambiente saludable, sin recurso para garantizar hospitales y mejorar obras de infraestructura y mejorar nuestros servicios de agua”.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones a pedido del Partido Justicialista y consta en las obligaciones que tendrá a su cargo la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.