El gobierno cruzó al fiscal y le pidió que actúe rápido

La Casa de Gobierno se mostró «extrañada» por los términos vertidos por el fiscal general, Marcelo Amado, respecto a la investigación de la polémica cena del día del amigo, donde participaron, entre otros, dos jueces, un fiscal general de la provincia, un abogado, y un funcionario del área de Salud. «Esperamos que se hayan tomado las medidas necesarias para resguardar las pruebas», expresaron desde la Provincia.
La polémica causa denominada como «Cena Judicial», la cual ya le costó el cargo a un funcionario provincial y en donde por lo menos dos participantes se habrían contagiado de coronavirus, continúa generando repercusiones entre el Gobierno y la Justicia pampeana.
En esta ocasión, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, salió en respuesta a los dichos del fiscal general Amado, quien días atrás había expresado públicamente que le «extrañaba» el interés de la Provincia en esta causa ya que pareciera como si «se le da un trato especial» porque «hay funcionarios judiciales involucrados» y que, en otras causas, «no se actuó de la misma manera».
En este sentido, Bensusán replicó que el fiscal Amado puede «quedarse tranquilo» ya que «el Gobierno provincial siempre ha dado muestras de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley». Y remarcó que «no es cierto que el Gobierno provincial ‘no tomó la misma postura en cientos de casos similares’. Solo con revisar antecedentes del 20 de marzo a la fecha, se pueden ver actuaciones similares de parte del gobierno».
«Solo por citar un ejemplo podemos remitirnos a uno que fue de público conocimiento, el de los hacheros chaqueños», el cual involucraba a empresarios del grupo económica Vía Bariloche, recordó el ministro.

«Gravedad institucional».
El ministro precisó que esta causa, que involucra a tres funcionarios judiciales, «obliga a dar una respuesta, donde resalte la transparencia de la actuación investigativa» porque estamos frente ante «un hecho de tal gravedad institucional».
«Espero que Amado haya tomado todas las medidas necesarias para resguardar las pruebas, sobre todo teniendo en cuenta que promueve la investigación de un subalterno a sus superiores jerárquicos», continuó el funcionario, quien advirtió que «no se trata de nombres, sino de conductas. Si a esas conductas, en principio ilegales, las atamos conque fueron practicadas por funcionarios públicos la cosa sí se agrava».
Por otro lado, Bensusán recordó que el gobernador Sergio Ziliotto «fue clarísimo al dictar decretos y actuar conforme a lo que decían» y que el propio mandatario «se sometió a un período de cuarentena al volver de Buenos Aires, luego de participar de un encuentro en la Corte Suprema de Justicia, y que «ya separó a tres funcionarios de sus cargos por no cumplir con las medidas dispuestas».
«Espero que el fiscal Amado, con la misma celeridad que realizó declaraciones, haya requerido todas las medidas judiciales para resguardar las pruebas necesarias para poder acreditar qué fue lo que realmente sucedió ese día. Desde el momento en que se realizó la denuncia, ha transcurrido un tiempo esencial para la producción de pruebas», alertó el ministro.

No caer en simplezas.
Respecto a la investigación de la «Cena Judicial», el funcionario sostuvo que «en este caso hablamos de un empresario que hizo un ‘tour’ de La Pampa a Pellegrini, provincia de Buenos Aires», donde «se contagió, volvió y diseminó el virus por distintas localidades». Y advirtió: «Todo en el marco de las prohibiciones vigentes».
Según Bensusán, en esta recorrida, «mantuvo al menos un encuentro reñido con la Ley y decretos dictados por el Gobierno Provincial. Miren si será atinado investigar esa reunión del día del amigo, que por estas horas hay dos personas, vinculadas a los presentes en el encuentro, que dieron positivo al Covid-19. Sin hablar de los contagiados por el ‘tour’ que hizo el empresario en el resto de la provincia»..
Es por este escenario, indicó, «plantear nombres es caer en un simplismo, acá se habla de conductas y de responsabilidades adicionales de funcionarios públicos» y que «está en manos del Poder Judicial la actuación que debe llevar adelante con los funcionarios que pudieron haber cometido algún ilícito».
«Pero desde el gobierno debemos destacar, tal cual dice el texto de la querella, que no podemos hacernos los distraídos y mirar para otro lado, ante la gravedad institucional del hecho», agregó en esta línea y, por este motivo, «nos resulta llamativo que se insista en que la investigación la debe llevar adelante un fiscal y no un fiscal general».

La salud, «en riesgo»
Una de las principales preocupaciones que surgen desde la Casa de Gobierno es que «de probarse que el hecho denunciado existió, los denunciados pusieron en riesgo la salud de los habitantes de La Pampa, violando los decretos» dispuestos por la Provincia, justamente «con el fin de velar y proteger» a la provincia del avance y la propagación del coronavirus.
Al referirse al rol de los jueces Miguel Vagge, Pablo Balaguer y del fiscal general Guillermo Sancho, el ministro Daniel Bensusán pidió tener en cuenta que ellos son altos funcionarios del Fuero Penal, «donde se llevan adelante investigaciones y probables condenas a personas que incurrieron en el mismo incumplimiento que ellos. Por esta razón tienen una responsabilidad extra en cuanto al ejemplo que se espera».
El ministro destacó que «decíamos en la querella que se corre un verdadero riesgo social si este hecho queda impune. Contribuiría a que las instituciones que deben velar por garantizar el cumplimiento de derechos a los pampeanos queden envueltas en un manto de sospecha y melle en su credibilidad».