El intendente de Anguil admitió que Fuentes trabaja para el Ejecutivo

El intendente de Anguil, Héctor Delayahe, admitió ayer jueves que el concejal Walter Fuentes ha venido cumpliendo tareas para el Departamento Ejecutivo, algo prohibido por ley, pero defendió la medida amparándose en una ordenanza anterior a su gestión que permite abonarle viáticos y otros reconocimientos a miembros del parlamentario.
Ayer por la mañana, Delahaye habló con Radio Noticias y defendió esos pagos al edil, al tiempo que volvió a referirse como «un error» al pago de facturas de gas del Comité de la UCR por parte de la comuna. Dejó en claro que Fuentes cumplía tarea en el área de Producción y hasta «tiene asignado un lugar en una oficina».
El funcionario negó que haya habido un allanamiento por parte de los fiscales Máximo Paulucci y Cecilia Molinari. Dijo que al apersonarse a entregar un oficio con el pedido, «de manera voluntaria» se les entregó lo requerido. En su opinión, no hay irregularidad alguna ante los pagos sistemáticos que recibió Fuentes desde 2016 a la fecha, por lo que al ampararse en una ordenanza sancionada antes de su llegada al sillón comunal pone por encima esa norma a la ley de municipalidad que, expresamente, prohíbe tanto que un concejal cumpla funciones en el ejecutivo como que desde este departamento se pague o haya contribuciones hacia los miembros del poder legislativo.

Un error.
Al ser consultado por las facturas de gas, Delahaye dijo que se pagaron «por un error administrativo» y describió que por una cuestión de confianza el repartidor las dejó en ese lugar. «No es su culpa, el error fue nuestro al pagarlas. Hemos reconocido el error y se ha devuelto el dinero», sostuvo y fue reconoció que «nos dimos cuenta del error cuando los concejales lo señalaron en su control. Sin dudas es un error nuestro». Al preguntársele por el responsable del error señaló «al tesorero».
Luego, al abordar el tema de los pagos al edil Walter Fuentes, perteneciente al oficialismo, negó que sean sobresueldos y ratificó que lo que se le reconocieron fueron «viáticos» por la función que cumple para el DE en el área de producción.
En ese sentido reconoció que trabaja, además de desarrollar su función de concejal, para el municipio en la gestión ordinaria del ejecutivo. «Lo ha hecho poniendo su auto y su teléfono particular y atendiendo mucha gente, proyectos de esa área», dijo.
Al pedírsele precisiones, dijo que ha sido claro en sus expresiones, indicando incluso que «hasta tiene asignado un lugar en las oficinas», sitio desde donde hace en su concepto una tarea que la ordenanza que esgrime le permite al autorizar al Ejecutivo a abonar por la vía de los viáticos esas funciones.
La ley 1597 de Municipalidades, en los artículos 16, 17, 19 y 63 indica la incompatibilidad entre ser concejal y trabajar a sueldo para el Ejecutivo y por otro lado donde se deja claro que un edil no puede recibir contribuciones ni pagos por parte del DE.

Comunicado.
A través de redes sociales, el municipio de Anguil salió ayer a sentar posición tras la publicación en distintos medios de la información sobre el procedimiento del miércoles y la investigación judicial abierta, en parte de oficio por el MPF y en parte por la denuncia formal presentada por los concejales del Frejupa.
Tras describir su visión de la situación, Delahaye, que firma el comunicado, menciona las ordenanzas 30/2005 y 31/20015 en las que se autoriza, dice, al Ejecutivo a abonar las prestaciones por Comisiones de Servicio.
Aprovecha la ocasión para criticar lo que estima es «el uso político» de la situación y sin dudas carga sobre los propios fiscales al señalar lo que AI considera por la presencia, como testigo, de la presidenta de la UB del Partido Justicialista.
Como ya informamos ayer, esa dirigente se encontraba en el municipio haciendo un trámite personal y, junto a otra vecina de la localidad, fue convocada como testigo, carga pública que no se puede declinar. El intendente, se desprende del comunicado, al menos sospecha que su presencia en el edificio y su convocatoria estaba armada.

Definición de allanamiento
De acuerdo al Derecho Procesal Penal, un allanamiento es el ingreso a determinado domicilio con fines de investigación e incluye el registro del lugar, la búsqueda de objetos o personal relacionadas con un delito. La definición se alarga con la necesidad de, por ejemplo, trabar un embargo, buscar documentación o sacar fotografías. Por lo tanto, lo de Paulucci y Molinari, acompañados por la policía, fue un allanamiento. Más allá si lo requerido, como en este caso documentación contable, computadora y teléfonos fueron entregados voluntariamente.