Inicio La Pampa El juez civil de Acha acusado por acoso

El juez civil de Acha acusado por acoso

ESCANDALO EN LA JUSTICIA

La situación ya está en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia, que espera unos informes que solicitó para tomar una decisión. Según la denuncia, los malos tratos se suceden desde hace cuatro años. El Colegio de Abogados expuso su reclamo.

JUAN JOSE REYES

Un juez civil pampeano fue denunciado por ejercer acoso laboral y violencia psicológica en el ámbito de trabajo, en un entorno laboral «intimidatorio, degradante y ofensivo». Las denunciantes son tres trabajadoras judiciales, una de ellas prosecretaria, es decir, dependiente jerárquica. También el Colegio de Abogados se quejó de los malos tratos recibidos por parte del titular de ese juzgado.
La causa 35520/20, caratulada «STJ s/intervención sumaria», encuadra una situación de maltrato psicológico, verbal y emocional, es decir «mobbing», contra estas personas. La titular de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, Marién Cazenave, ya otorgó dos veces licencia a las agentes por el Acuerdo 3751 «Protocolo de Intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral La Pampa».
El Superior Tribunal de Justicia, máximo órgano jurisdiccional pampeano, está a la espera del informe final de una psicóloga, trabajadora social y dos abogadas del fuero local, para definir la situación del juez civil de General Acha, Gerardo Bonino, que es el apuntado por las denuncias.

Cuatro años.
Gran revuelo se ha suscitado desde hace tres meses, pero bajo estricto hermetismo en el Poder Judicial pampeano incluso desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (por lo bajo dicen que las denunciantes pidieron «absoluta reserva a los efectos de evitar la revictimización»).
El acoso laboral denunciado y la hostilidad padecida durante, al menos cuatro años, de parte del mencionado magistrado hacia tres funcionarias de ese poder (sólo dos de ellas han solicitado licencias) fue denunciado en el STJ en forma liminar a través de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales. Con ello ya estarían dadas las condiciones de dictaminar sanciones pues ya hay informes similares entre las denunciantes sobre los diarios malos tratos.
Al parecer no todo termina en el malestar de varias empleadas del magistrado apuntado. Por Nota 4243/20 el Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, Pablo Rodríguez Salto, comunicó al STJ a fines del año 2020 la inquietud planteada por distintos abogados de la matrícula respecto del mismo Juzgado sobre conductas reñidas con las buenas costumbres por parte de su titular.

Caso emblemático.
El informe primario de la OVD basado en un test psicológico a las denunciantes sería lapidario para el titular del juzgado pues cumpliría con las condiciones del protocolo de intervención del Acuerdo 3751 (artículo 14). En razón de ella se le han dispensado sendas licencias hasta la aclaración de la tirante situación en el juzgado a cargo de Bonino.
La titular de la OVD a instancia desde la Dirección de Recursos Humanos del Poder judicial la cual les otorgó licencias a dos de ellas desde el 31 de marzo pasado hasta el 19 de abril (ya lo habían obtenido el mes anterior). Al parecer la situación comenzó hace cuatro años atrás cuando el juez asumió el cargo ya que el clima laboral se tornó más hostil y generó mayor tensión en la convivencia diaria.
Los datos oficiales plasmados en el expediente por una de las denunciantes son duros. Allí se describen actitudes del juez que «les producían diariamente aturdimiento, confusión, inestabilidad, paralización, imposibilidad de expresarse y angustia».
El «pedido de licencia habría conspirado más aún con la ira del juez ya que durante ese lapso, las tareas asignadas no les fueron delegadas, en consecuencia, al momento de reincorporarse se encontraron con un cúmulo de trabajo atrasado, situación que aumentó el malestar y el clima de tensión se agravó.
Hay que recordar de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 2574 artículo 24, las sanciones van desde el apercibimiento, multa, suspensiones, cesantías y hasta exoneración del funcionario.