El MPF debe decidir si acepta multa

La jueza que actúa en el expediente conocido como la «cena de los jueces» dio trasladó a las partes que tienen tres días para responder; y en ese lapso el Ministerio Público Fiscal deberá resolver si accede al principio de oportunidad mediante el pago de una resarcimiento por parte de los involucrados.
Florencia Maza es la magistrada que lleva adelante las actuaciones en que quedaron involucrados los jueces Tomás Balaguer, Miguel Angel Vagge, y el fiscal general Guillermo Sancho. Además también están apuntados el empresario Carlos Ruiz -de General Acha-, y el abogado Marcelo Molín.

El planteo defensivo.
Cabe recordar que el abogado Mario Aguerrido, que los representa, formuló un planteo por el que los imputados ofrecerían abonar una ínfima multa de 20 mil pesos cada uno -sin que ello signifique asumir culpa alguna-; pero además planteó que las autoridades de Salud -más concretamente el subsecretario Gustavo Vera- incurrieron en un acto ilegítimo al utilizar datos «sensibles» obtenidos en el marco de la emergencia sanitaria, con los que luego se armó una causa penal.
Para el defensor el legajo está «fulminado de nulidad», por lo que a su juicio la investigación debería caerse.

Quiénes son.
Los involucrados en el expediente participaron de una cena en el Día del Amigo excediendo el límite previsto para encuentros sociales, lo que motivó la denuncia ante la justicia. En el caso de Sancho ha tenido participación en muchas causas vinculadas con la violación del artículo 205 del Código Penal; y Vagge es ni más ni menos que el Juez de Faltas. Como se puede advertir, una situación absolutamente paradojal.

Gobierno querellante.
La repercusión del suceso fue tal -la infracción de los jueces al reunirse infringiendo el artículo 205- que el Gobierno provincial decidió presentarse en la causa como querellante, al entender que la calidad de funcionarios judiciales de tres de los imputados les exige una conducta ejemplar.
«No se puede permitir que quienes deben investigar y juzgar penalmente esas conductas las realicen, infringiendo las leyes y cometiendo los delitos por los que luego acusan a los habitantes de esta Provincia. De permitir ello, se corre el riesgo que se influya en la sociedad de forma tal que se termine produciendo una rebelión social ante la falta de credibilidad del funcionamiento de las Instituciones Republicanas», advierten en el escrito que fue presentada por la Fiscal de Estado Romina Schmidt. La funcionaria cuenta con el acompañamiento del abogado del organismo, Hernán Danzi.

Recelo por la instrucción.
Fue más explícita al señalar recelo porque el instructor de la causa se vea presionado por el alto cargo que ocupan tres de los acusados. El fiscal Andrés Torino es subordinado directo de Guillermo Sancho en el Ministerio Público Fiscal.
Ayer fueron suspendidas las medidas de prueba que estaban previstas, y la jueza de Control Florencia Maza dio traslado del expediente a las partes. De esa manera se postergó la apertura de cámaras de filmación del comercio que el empresario Ruiz tiene en Santa Rosa.
Habrá que esperar a ver qué resolución adopta el Ministerio Público Fiscal en torno al planteo defensivo de los denunciados. Recién después podría avanzarse con las actuaciones.