El SPF dice que La Pampa obstruyó ingreso de presos a U4

MAS GUERRA JUDICIAL

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella inició una causa penal para investigar el accionar de los jueces provinciales Martín Saravia y Mauricio Pascual que prohibieron el ingreso de presos de otras jurisdicciones a la Unidad Penal 4 de Santa Rosa para que se priorice el ingreso de condenados pampeanos
El expediente judicial se enmarca en el conflicto que existe entre el gobierno de La Pampa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que incumple con el convenio firmado en 2007 para que la Unidad 4 reciba a unos 300 presos pampeanos, condenados por la justicia provincial.
Frente a esta situación, que genera una superpoblación de las comisarías y alcaidías provinciales, los jueces prohibieron a las autoridades del Servicio Penitenciario que ingresen presos de otras jurisdicciones, una medida que ahora es investigada por presunto delito de abuso de autoridad.
En rigor, la causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa en la fiscalía federal. Ante ello, la jueza federal subrogante María Gabriela Marrón derivó la instrucción de la investigación al fiscal Gómez Barbella, que comenzó a dar los primeros pasos.
Además de la orden que dieron los jueces de Ejecución a las autoridades penitenciarias, la fiscalía también está investigando otra situación que involucra a la Jefatura de Policía de La Pampa, ya que entienden que se habría intentado evitar el ingreso de detenidos al servicio penitenciario de esta capital, a través de algunos patrulleros.
“La policía provincial intentó con unos patrulleros impedir el ingreso de unidades del SPF a la Colonia Penal, aunque finalmente pudieron hacerlo y después tuvieron problemas también para salir”, informaron fuentes de la investigación del fuero federal, quienes aclararon que “lo único que se está haciendo es investigar, no hay una guerra judicial”.

Otra causa.
El incumplimiento del gobierno nacional también generó un planteo de la Defensoría General de la Provincia para que la justicia de La Pampa investigue “si podrían verificarse conductas con encuadre típico legal” en el accionar de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal.
En el escrito, el defensor general Eduardo Aguirre afirmó que el organismo respalda todas las medidas judiciales, es decir lo actuado por los jueces de Ejecución, y administrativas que sirvan para “mejorar sustancialmente las condiciones reales de las personas privadas de libertad”.
Después de respaldar a Saravia y Pascual, el ministro de Gobierno y Justicia pampeano, Daniel Bensusan, manifestó que “el convenio nunca se llegó a cumplir”, que apenas se recibieron entre 130 y 150 presos sobre un total de 300 plazas acordadas y advirtió que la Provincia podría avanzar en una denuncia penal contra los jefes del SPF.
Por otro lado, desde la Cámara de Diputados provincial, el bloque Justicialista presentó un proyecto de resolución para respaldar a los jueces Saravia y Pascual y pedir el cumplimiento del SPF.

“No se intentó impedir el ingreso”
“Sí hubo un control, pero no se intentó frenar el ingreso de ningún móvil del Servicio Penitenciario Federal con detenidos”, manifestó ayer una alta fuente policial al ser consultada sobre la versión a la cual accedió este diario y en la que se aseguró que la fiscalía federal, además de investigar la existencia o no del delito de autoridad por parte de los jueces de Ejecución de Pena de la Primera y Segunda Circunscripción, está investigando el accionar de la Jefatura de la Policía por impedir el ingreso de la unidades del SPF a la Unidad 4, Colonia Penal.
En cuanto al procedimiento, se informó que “tenemos un control para ver que vehículo sale o entra con detenidos. No se intentó, en ningún momento, cortar el paso”, dijo la fuente consultada y agregó que los uniformados que prestan ese servicio se abocan a “identificar los vehículos que traen o salen con detenidos”.
Dicho esto, la fuente consultada aseguró que “la Policía incluso tiene la potestad de registrar móviles del SPF en los puestos camineros”.
“Es un procedimiento normal”, concluyó.