El TIP le dio la prisión domiciliaria a Godoy

El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de la provincia le otorgó la prisión domiciliaria a Leonardo Godoy, quien está acusado de haber sustraído una suma de 805 mil pesos de la caja recaudatoria del área de Tránsito de la Municipalidad de General Pico.
Durante el cierre de la semana anterior, el juez del TIP, Pablo Balaguer, hizo lugar el recurso de impugnación presentado por el defensor Guillermo Alassia, y ordenó que se le dictara la prisión domiciliaria al trabajador comunal a quien el 14 de septiembre pasado, la jueza de control Jimena Cardoso le había extendido el arresto por el término de 60 días.
La causa se inició en agosto, a partir de una denuncia que hizo Luis Daratha (director de Prevención) por el faltante inicial de 112 mil pesos. Luego, de la revisión de los meses anteriores, surgió que la cifra había ascendido a 570 mil, y más tarde, auditado el período agosto 2017-julio 2018, se supo que el desfalco había superado los 800 mil pesos.
Los peritos de la Procuración General, en el marco de la Investigación Fiscal Preparatoria, analizaron los cobros de la emisión de 12 mil licencias de conducir, de lo cual establecieron, que "los importes de 897 recibos, fueron apartados de la esfera pública".

Preventiva.
En primera instancia, al acusado se le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria y en una segunda audiencia, realizada a mediados de agosto, se le dictó la prisión preventiva por el lapso de 30 días, dado que el faltante ya era considerablemente mayor y se había detectado una modalidad delictiva diferente a la anterior. Luego le sucedieron dos reexámenes de la medida de coerción, siendo en el segundo, en el cual la jueza le extendió la preventiva por 60 días luego que el fiscal general de esta ciudad, Armando Agüero, pidiera que la medida fuera hasta la finalización del proceso.
Leonardo Godoy está acusado de haber sustraído 805 mil pesos de la administración pública, mediante dos maniobras delictivas diferentes: haber anulado los recibos de pago y haber confeccionado recibos manuales que no pasaron por el sistema informático de la comuna de esta ciudad.
En su etapa inicial, la causa tuvo como imputadas a dos trabajadoras del área de Cómputos del municipio, sobre las que Agüero más tarde pidió el sobreseimiento, tras argumentar que no tienen relación con la caja recaudadora en la que se originó el desfalco, y que además no tienen responsabilidad del control sobre este sector de cobranza.