El tratado de Escazú le quita a Mendoza su argucia ambiental

La fiscala de Estado de La Pampa, Romina Schmidt, aseguró ayer que la firma del Tratado Ambiental de Escazú, por parte de once países de Latinoamérica, incluida Argentina, debería tener efectos en los próximos pasos que dé la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las demandas ambientales que inició la provincia. La funcionaria dialogó con CPEtv, invitada al programa La Parte y el Todo, que se emitirá esta noche, desde las 22, por el canal 2 del cable cooperativo.
«Se celebra que se haya puesto en marcha el Tratado Ambiental de Escazú. El año pasado se ratificaron las once firmas de países y a partir del noveno día, que coincidió con el Día de la Tierra, se puso en marcha. Como provincia tenemos grandes esperanzas de que esa puesta en marcha de un tratado internacional se vea reflejada en los futuros pasos de la Corte Suprema de Justicia», sostuvo.
Para la abogada pampeana sería mucho mejor si Mendoza empezara a escuchar los pedidos de La Pampa y a compartir la información ambiental y la participación en la toma de decisiones, tanto para el caso del Atuel, como para el de Portezuelo del Viento, la represa que la provincia vecina quiere construir sobre el río Grande, el principal afluente del río Colorado.
«Escazú habla de la necesidad de compartir la información pública en todos los temas ambientales. Sería muy bueno que Mendoza se hiciera cargo de este tratado y lo pusiera en marcha. Lo vemos más difícil, pero sí esperamos que la Corte lo tome en sus primeros pasos, porque está vigente y tiene mucho peso como todos los tratados internacionales», dijo.
-En el caso de Portezuelo está claro que hay una cuestión ambiental en el medio y este tratado viene a decir que no solo tiene que haber justicia ambiental sino información ambiental.
-Y participación pública en toda la toma de decisiones.
-Parece hecho por pampeanos.
-Parece hecho por pampeanos. Es muy bueno porque en su realización participaron la mayoría de las organizaciones no gubernamentales ambientales, tanto de Argentina como del resto de los países de Latinoamérica. Muchos de los creadores son personas que trabajan en la problemática desde hace tiempo y ven estas cosas como las vemos desde nuestro lado, que sufrimos las injusticias ambientales desde hace tantos años.
-La Corte tiene a estudio la resolución del conflicto, específicamente de lo vinculado con el caudal fluvioecológico, pero ahora demora la definición. ¿Por qué?
-No lo sabemos. La Corte no tiene plazo. La negociación llegó hasta diciembre del año pasado y ahora pasaron tres o cuatro meses en los que La Pampa, Mendoza y Nación presentaron informes. Ahora estamos esperando que la Corte tome una nueva resolución, porque sabemos que Mendoza jamás va a firmar un acuerdo con La Pampa, es lo que nos vienen demostrando todo el tiempo en la CIAI.
-¿La firma del Tratado de Escazú puede llegar a apurar a la Corte?
-Obviamente, esta es una opinión particular, creo que, siendo que La Pampa viene pidiendo a Mendoza que haya información fluida y que seamos parte de las decisiones respecto del Atuel, el Tratado de Escazú viene a confirmar esto. También es cierto que tenemos vigente una ley de presupuestos mínimos de información ambiental que Mendoza nunca cumplió.
-Pero en términos jurídicos este tratado es superior a esta ley local.
-Sí, es superior. Hemos subido un escalón. Mendoza, por ejemplo en el caso de Portezuelo, siempre dice que ellos hacen todos los estudios de impacto ambiental pero sujetos a su legislación provincial y que eso es algo a lo que no podemos obligarlos a renunciar. En este caso, el Tratado Ambiental de Escazú está por encima de sus leyes y dice que estas legislaciones locales se tienen que adecuar para estos mecanismos de información y de participación pública. Este es un elemento más, porque Argentina se comprometió a armonizar las legislaciones.
-Mendoza está planteando que la cuenca ya tiene un estudio de impacto ambiental. Coirco le plantea un escenario distinto. Ellos están llevando a cabo la licitación, el gobierno nacional les está dando el dinero. ¿Corremos el riesgo de que se inicie la construcción de la presa como sucede con El Tambolar?
-La diferencia de Portezuelo con Tambolar es que en el caso del río Colorado tenemos un comité de cuenca fuerte, que es Coirco, que está conformado desde hace tiempo y actuando. Esa es una diferencia grande. Todo lo que hizo Mendoza hasta ahora son actos no materiales, no obstante La Pampa interpuso amparos.
-Mendoza aun no inició la construcción.
-Y ni siquiera la adjudicó a una empresa, para que esa empresa empiece con los trabajos previos a la construcción. Es un dato importante porque siempre que la Corte ha parado obras son ante actos materiales, no ante actos inmateriales como es un acto licitatorio aun no adjudicado. Este estudio que se hizo, al cual se opuso Coirco y al cual La Pampa se había opuesto mucho antes, no cumple con los parámetros que marca Escazú que es la participación pública. Mendoza hizo un estudio en su territorio, llamó a la gente de su territorio para que opine sobre si la obra estaba bien o mal y dejó afuera al resto de las provincias, sabiendo que si se hace una obra arriba, afectará a las provincias de aguas abajo.
-¿Eso no tiene una nulidad de hecho?
-Es lo que hemos planteado en la Corte. Luego, cuando se hizo un estudio por Coirco fue también un trabajo incompleto, que se hizo en dos meses, sin un trabajo de campo, donde no se estudiaron las variables ambientales, hidrológicas y de ingeniería que había que estudiar. El mismo estudio dice que fue imparcial y que no les alcanzó el tiempo. No tenemos hoy ningún elemento informativo que nos diga que esa obra no es dañina para el ambiente y que no nos hace ningún perjuicio a las provincias que estamos aguas abajo.

La demanda por Desaguadero
La semana pasada se conoció que La Pampa notificó a las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Río Negro respecto a la conformación de la Cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. Se trata del comité de cuenca de la región hídrica más grande del territorio argentino. La Fiscalía de Estado de La Pampa envió en marzo los oficios a las provincias demandadas informándoles que la Corte Suprema había aceptado su pedido de “ordinarizar” el amparo presentado en 2016.
“Esta es una demanda que se inició hace algunos años, la Corte nos dio el traslado y ahora el paso que sigue es que todas estas provincias contesten esta demanda. Tienen sesenta días de plazo. A cada una de las provincias le ha llegado en fecha diferente y todavía están en plazo para contestar la demanda. En temas ambientales, la Ley de Ambiente 25675 incorpora que los jueces pueden, en cuestiones procesales, no seguir un proceso rígido. Es decir, el juez puede querer un nuevo proceso de acuerdo a cómo sea el caso. Las opciones que tienen son amplias y no se sabe qué procesos van a seguir”, explicó Schmidt.
– ¿El tratado de Escazú en este caso en qué nos favorece?
–En la obtención de información. Nosotros en el caso de Desaguadero estamos en la misma situación que con el río Atuel. No tenemos información de esa cuenca, se toman decisiones sin avisarnos, como la construcción de la represa El Tambolar en la provincia de San Juan.