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Emiten duro dictamen contra un banco

FISCAL CRITICO EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS DE FORMA "INMEDIATA Y SIN CONTROLES"

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolin, emitió un duro dictamen al solicitar que se rechace un recurso presentado por el Banco Nación ante una cautelar que le ordenaba suspender el débito de las cuotas de un crédito obtenido en el marco de una estafa telefónica.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal abordó una situación que ha traído problemas a muchas personas en La Pampa debido a que, tal como lo han explicado desde la Justicia a este diario, «los bancos que otorgaron esos préstamos no se hacen cargo porque consideran que uno brindó sus claves, y en todos lados advierten que no hay que hacerlo. Entonces la gente paga las cuotas con los respectivos intereses».
Ante esto, Azzolin cuestionó al banco por no implementar alertas de seguridad y sistemas de detección que permitieran verificar si se accedía a la cuenta desde un dispositivo diferente o si se realizaban operaciones que no correspondían con el perfil habitual del cliente, y por no advertir que el monto cuadruplicaba la pensión que cobraba la víctima. «No se trata de afectar la función (y el negocio) de todo banco a prestar dinero y ganar con los intereses, sino de preguntarse si la forma adecuada de hacerlo es esta, inmediata y sin controles en un entorno (el de internet) de por sí riesgoso», planteó.

La denuncia.
La situación se originó a raíz de una denuncia que presentó un jubilado y veterano de la Guerra de Malvinas cuando le sustrajeron sus claves bancarias, contrataron un préstamo a su nombre y transfirieron el dinero a otras cuentas. Sin embargo, pese a haber presentado la denuncia penal en la UFIJ N° 12 de Bahía Blanca, la entidad bancaria continuaba debitando el monto de las cuotas.
En noviembre del año pasado la víctima solicitó al Banco de la Nación Argentina la nulidad de un crédito por $270.000 otorgado a su nombre entre el 18 y el 21 de septiembre que no había solicitado ni percibido, pero cuyas cuotas se le debitaban de su cuenta, y de la cual habían extraído $16.000, todo mediante el sistema de homebanking de la entidad bancaria. Sin embargo, tal como ocurre en todas las provincias ante una estafa de estas características, el banco se negó por considerar que la operatoria había sido regular, que la víctima fue quien generó la clave de homebanking en el cajero automático y que se la facilitó a terceros. Ante esa situación el hombre requirió una medida cautelar, que fue concedida por el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca: le ordenó al BNA abstenerse de efectuar los descuentos originados en el préstamo concedido a través del sistema de homebanking y la extracción efectuada, hasta que se dicte sentencia definitiva. Tal decisión fue recurrida por los representantes del banco.

Críticas del fiscal.
Al intervenir en el caso, el fiscal Horacio Azzolin opinó que debía rechazarse la presentación de los representantes del Banco Nación y mantener la medida cautelar oportunamente ordenada.
El fiscal recordó que la víctima es una persona mayor, que cobra una pensión honorífica como veterano de la Guerra de Malvinas y que padece una discapacidad generada en el conflicto bélico, todo lo cual lo hace una persona extremadamente vulnerable. A su vez, señaló que la entidad bancaria no le informó «al cliente cuáles eran sus supuestas obligaciones como usuario en cuanto a no entregar sus credenciales, ni siquiera a supuestos operadores de la entidad que se presentan luego de usurpar una identidad en un contexto temporal donde los casos se venían incrementando hace meses».
Azzolin remarcó en el dictamen que el banco debería, además de proporcionar credenciales de acceso y un segundo factor de autenticación (token), haber implementado alertas de seguridad y sistemas de detección que permitieran verificar si se accedía a la cuenta desde un dispositivo diferente o si se realizaban operaciones que no correspondían con el perfil habitual del cliente, como ser la obtención de un crédito por canales electrónicos y su inmediata transferencia a cuentas que ni siquiera tenía adheridas.
También cuestionó que el banco no indicó «cuáles fueron las razones por las cuales, pese a que terceros ingresaron a la cuenta del actor, no sólo tenían a su disposición los fondos depositados sino la posibilidad de obtener, en forma inmediata, un crédito por casi el cuádruple de la pensión de la víctima».
Para el fiscal, según informó el MPF, «no se trata aquí de afectar la función (y el negocio) de todo banco de prestar dinero y ganar con los intereses, sino de preguntarse si la forma adecuada de hacerlo es esta, inmediata y sin controles en un entorno (el de internet) de por sí riesgoso según lo indica el Banco Central que valora la aplicación de ‘medidas de seguridad y control adicionales acordes a los análisis de riesgos realizados para la actividad desarrollada por ese canal'».

Piden verificación de dos pasos
El fiscal General de la Primera Circunscripción, Máximo Paulucci, consideró que es necesario analizar «cada caso concreto». De todas maneras, señaló que la solución más práctica podría ser que los bancos tengan un sistema de «doble verificación», tal como lo ha propuesto en el Congreso el diputado pampeano Ariel Rauschenberger. También opinó que podría prohibirse el uso de celulares dentro de los cajeros. «La enorme mayoría de los casos no llegarían a consumarse», sostuvo.
Paulucci, que también se desempeña en la Fiscalía de Delitos Económicos donde se abordan causas de este estilo, explicó que «hay que ver cada caso concreto. Este es un caso donde había una cuestión muy evidente del préstamo que estaba tomando en función de la pensión que cobraba por mes».
El fiscal aclaró que «no está definido porque está recurrido por la entidad bancaria. Mientras eso no esté firme, no es tan fácil hablar de precedente porque hay que ver cómo se termina resolviendo».
En diálogo con LA ARENA, señaló que más allá de la prevención «una solución más práctica es el proyecto de ley que presentó un diputado por La Pampa, Ariel Rauschenberger, para que los bancos del país no otorgue esos créditos preaprobados si no verifican a través de dos pasos que realmente quien los está tomando es el titular y no hay una situación de estafa. Eso seguramente provocaría que el daño patrimonial sea muchísimo menor, porque en casi todos los casos lo que peor ocurre es esto».
Por otro lado, también planteó que «los seguros bancarios para estos casos no están». Además, señaló que «el 99 % de los casos que tenemos son a partir de una persona con el teléfono celular en la mano dentro del cajero automático. Si de alguna manera se inhibiera esa posibilidad de tener el celular dentro, la enorme mayoría de los casos no llegarían a consumarse, porque la modalidad implica eso».

Proyecto de Rauschenberger.
El diputado nacional Rauschenberger presentó en abril un proyecto a través del cual le solicita al Banco Central «que evalúe la posibilidad de establecer medidas de seguridad, para prevenir y mitigar las consecuencias dañosas de maniobras fraudulentas y estafas telefónicas que se realizan a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago y otras operaciones que se llevan a cabo por canales electrónicos de pago».
«La iniciativa fue trabajada junto a un grupo de fiscales de la provincia, quienes aportaron su conocimiento sobre la realidad que atraviesa La Pampa en cuanto a la problemática de estafas telefónicas. Las cifras realmente son alarmantes, y es por eso que elaboramos un proyecto tendiente a establecer instancias de control o confirmación de las operaciones bancarias, con el fin de cuidar a los consumidores», explicó.