Empresas del PPP aportaban a la campaña del macrismo

Los contratos bajo la modalidad Participación Público Privada (PPP) que el gobierno de Mauricio Macri impulsó para hacer obras públicas en las rutas nacionales, todas las semanas destapa ollas con nuevos escándalos. Ayer se supo que algunas de las firmas que fueron beneficiadas con esos negociados resultaron aportantes de dinero a la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
El Gobierno nacional está negociando con el sector privado la finalización del esquema impulsado por el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Hasta ahora se logró dar de baja, de común acuerdo, dos de los seis proyectos PPP que se estaban desarrollando.
En tanto, tal como informó este diario en su edición del lunes pasado, la empresa china que tiene la concesión (en UTE con una firma argentina) para hacer la autovía Anguil-Santa Rosa, se niega a rescindir el contrato y asegura que contará con los fondos para hacer las obras.
En este marco, este mes se conoció un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó un cúmulo de irregularidades, entre ellas costos que duplicaban los calculados inicialmente y que hubo una asignación de prioridades arbitraria sobre las obras.
Y según informó el diario ambito.com ayer, «de los balances partidarios se desprende, además, que al menos dos de las firmas beneficiadas en uno de los corredores aportaron fondos a las campañas electorales de Cambiemos, y una estuvo directamente asociada a los negocios de la familia del ex presidente Macri».
La Ley de Presupuesto del año 2018 autorizó la realización de 52 proyectos bajo el régimen PPP. En la norma estaban incluidos hospitales, rutas, ferrocarriles, transporte eléctrico, alumbrado público, desarrollo de viviendas. Sin embargo, sólo se comenzó a trabajar con los corredores viales, sector en el cual Macri se había desempeñado en la actividad privada antes de asumir la presidencia.
Sobre este punto, la AGN revela que el auditado nunca pudo explicar los motivos por los cuales se priorizaron esas obras y que los contratos presupuestados en 2017 por u$s 5.339 millones hoy treparían a u$s 13 mil millones.
Para la ejecución de estos convenios se formaron sociedades entre firmas multinacionales y empresas locales. El Corredor A que abarca las Rutas N°3 y N° 226, tasado inicialmente en u$s1.002 millones, quedó a nivel nacional en manos de Paolini Hnos. SA y Vial Agro SA
Paolini Hnos., es un holding multi rubro que tiene distintas empresas subsidiarias. Entre ellas se encuentra Minerar SA, un desprendimiento que se encarga de la actividad minera y que en el 2017, año electoral, aportó $3 millones para el desenvolvimiento institucional del PRO. Esa cifra era la máxima permitida en la legislación vigente de aquel momento, detalló Ambito.

Otra aportante.
Vial Agro SA es una empresa de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos (ha realizado varios trabajos en la provincia) que pertenece a la familia Quantín. Gabriel Carlos Quantín y Pablo Alberto Quantín, pusieron cada uno $ 250.000 antes del ballotage de 2015 para colaborar con la campaña de Macri. En este caso lo hicieron a título personal, pero ambos formaban parte del directorio de la firma, indicó el medio porteño.
«Las relaciones del ex presidente también pesaron en la elección del proveedor del Corredor C. El adjudicatario fue José Cartellone Construcciones Civiles, firma que compartió históricamente negocios con la familia Macri. En 2005, montó junto a Iecsa la empresa Líneas Mesopotámicas SA con la que ganaron licitaciones para el tendido de redes de alta tensión. También tiene acciones dentro de Litsa, donde pisa fuerte Sideco Americana, insignia del Grupo Macri», según la nota periodística.

La de la ruta 5.
En el caso del Corredor B, que es el que abarca todos los trabajos de la ruta nacional (desde Luján a esta ciudad) la constructora local beneficiada fue Green, de Carlos Arroyo y Carlos Amprino, que actualmente se encuentra en medio de un concurso preventivo ante la justicia de Mendoza. Esa firma se asoció con el consorcio chino que es el que quiere hacer las obras.
«Esta empresa (por Green) fue una de las más favorecidas durante la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó incluso a ocupar el primer puesto entre las contratistas porteñas. A pesar de enfrentar pasivos por u$s 70 millones, se siguieron entregando contratos a esta firma que además plantó a proveedores con deudas millonarias en la obra del Paseo del Bajo y en el Viaducto San Martín», se reveló.
El particular interés de la gestión de Cambiemos por las rutas ya está en manos de la justicia en una causa que investiga la renovación de las concesiones de peajes. En ese marco, el fiscal Carlos Stornelli pidió la semana pasada la inhibición de bienes de los ex funcionarios Javier Iguacel, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne.
La Auditoría General de la Nación hizo especial énfasis en la discrecionalidad a la hora de elegir los proyectos a ejecutarse. Además, recalcó que «se comprometieron los recursos del Presupuesto asegurando pagos en dólares sin tener en cuenta el riesgo cambiario que ello implicaba».