En Mendoza prefieren mirar para otro lado

Descolocados por la contundencia del golpe, en Mendoza limitan su lectura de las medidas tomadas por Alberto Fernández sobre Portezuelo del Viento a una «vendetta» entre partidos políticos de distinto color. Sin detenerse a mirar que además de La Pampa hay otras tres provincias que en dos años pasaron de un extremo al otro, la clase política y los medios de comunicación instalan la idea de que la reapertura del debate sobre la viabilidad de la obra es un «pase de facturas» por la frustrada votación del jueves en el Senado nacional de la Ley de Alquileres y del pliego de un juez.
Ningún medio, ningún político, ningún intendente y ningún funcionario dedicó un minuto a analizar cuáles son los motivos por los cuales la obra pasó en dos años de tener un cierto consenso, a acumular un enorme rechazo en casi toda la cuenca, incluso dentro mismo de la provincia de Mendoza. Este descontento, tanto sociales como político, fue el que dio pie a que Alberto Fernández expresara desde La Pampa -paradigma del rechazo a Portezuelo- que no estaba dispuesto a financiar una obra que era rechazada por cuatro de las cinco provincias de la cuenca.
Del análisis de lo publicado en las últimas horas en diarios y portales cuyanos, surge lo que podría ser la estrategia mendocina para «recuperar» a Neuquén, Río Negro y Buenos Aires como aliados de la obra: convencerlos de que ellos no serán víctimas de la represa, sino beneficiarios de la futura represa. Un portal incluso deslizó la posibilidad de «ceder» algún beneficio mendocino hacia esas provincias a fin de recuperarlos para su causa.
Los funcionarios y políticos que se apuraron a salir en los medios de comunicación lo hicieron aclarando que «la obra tiene todos los permisos aprobados», en un intento por convencer a los ciudadanos de que el problema no está en la obra ni en sus consecuencias, sino en las idas y vueltas de la política.
El diario Los Andes informó que el ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, sostuvo que «se han llevado a cabo todos los procedimientos legales correspondientes» y remarcó que «el llamado a licitación de la obra ya está en curso, ya que la Provincia ha recibido en tiempo y forma el desembolso de los pagos por parte de la Nación». Ibáñez confirmó que Suárez viajará el viernes 26 de junio a Buenos Aires para estar en la reunión del Consejo de Gobierno del Coirco.

Pase de facturas.
Citando fuentes del «oficialismo local», representado en esa provincia por la alianza Cambia Mendoza -la UCR y el PRO-, el diario Los Andes sostuvo que «la puesta en duda de la obra no se trata de una cuestión meramente técnica o ambiental, sino que es un «pase de facturas» de la Nación al radicalismo en momentos en el que el Frente de Todos busca en el Senado llegar a los dos tercios de los votos para que el juez federal Daniel Rafecas sea designado Procurador General».
«Precisamente, De Pedro anunció su decisión luego de que la oposición no otorgara la mayoría especial que necesitaba el oficialismo para tratar dos leyes en el Senado», acotó Los Andes, que citando nuevamente a fuentes gubernamentales insistió en que «es un tema político porque lo que piden es algo que ya se aprobó años atrás. El estudio de impacto ambiental de la obra y de la cuenca fue realizado por las universidades del Litoral y de La Plata, y aprobado 4 a 1 en el Coirco. Sólo se opuso La Pampa y por eso fue necesario el laudo».
Esas mismas fuentes fueron las que deslizaron que lo que quieren las provincias que ahora resisten la obra no es la suspensión de la construcción sino «acceder a los beneficios de Portezuelo».