«En un país justo, las niñas no son madres»

Durante el debate en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que será votado hoy, el legislador pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) mencionó la sesión de 2018 y recordó que en aquel entonces «dije desde esta misma banca que quizá ese no fuese el día en que podríamos poner fin a los abortos clandestinos en nuestro país, pero estaba seguro que iba a ser muy pronto».
«Y no hacía falta ser un iluminado para entenderlo. Bastaba con mirar lo que pasaba en las calles, en las redes, en nuestros propios círculos familiares, para comprender que los movimientos, transversales e intergeneracionales de mujeres, no iban a claudicar en su reclamo por el circunstancial hecho de haber recibido un rechazo de esta Cámara», indicó.
En ese sentido, remarcó que este año «tenemos otra oportunidad para saldar una histórica deuda que tenemos con las mujeres y personas gestantes. Creo en la política como una herramienta fundamental para transformar la realidad, en el Estado como principal promotor del bien común al servicio de la dignidad y la libertad de las personas, en la justicia social como la condición de eficacia para lograrlo, asegurando la igualdad de oportunidades y la inclusión social».
«Estamos frente a un problema de salud pública. No debatimos si estamos a favor o en contra del aborto, debatimos sobre una práctica que ocurre en nuestro país, debatimos si vamos a permitir que se mantenga en la clandestinidad y se siga cobrando la vida de mujeres o si vamos a hacer algo para que la situación cambie. Estamos frente a una problemática que necesita una respuesta concreta por parte del Estado. Es evidente que la política de penalización ha fracasado: no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos, sólo las empuja a la clandestinidad», agregó.

Herramientas.
Lovera destacó que, junto con la Ley Micaela, estas son «las herramientas por excelencia con que cuenta nuestro país no solo para prevenir embarazos no intencionales, sino además para acompañar a niños, niñas y adolescentes en el proceso de conocimiento de su cuerpo y sus derechos, ayudándoles a identificar y prevenir situaciones de abuso».
Con la intención de presentar también el proyecto de los «Mil Días», remarcó que queda de manifiesto la intención del Poder Ejecutivo de «respetar la voluntad y la autonomía de las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, ya sea que decidan interrumpir su embarazo o continuar con él».
«Estamos frente a un problema de salud pública que necesita una respuesta concreta por parte del Estado y la necesita ahora porque es urgente. Ya lo era en el 2018 y las circunstancias -con o sin pandemia- no han cambiado. Nuestra negativa frente a la consolidación de un marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo, no evitó en estos dos años que las mujeres y otras identidades gestantes abortaran», afirmó.

En riesgo la salud.
Durante su intervención, Lovera planteó que «ni la penalización ni nuestra indiferencia evita que las personas aborten. Sólo ha servido para que, quienes tienen los recursos suficientes, accedan a la práctica en condiciones sanitarias seguras, y quienes no los tienen, aborten en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida».
«No estamos aquí para debatir si estamos a favor o en contra del aborto, lo que estamos debatiendo es si vamos a permitir que se sigan manteniendo en la clandestinidad y se sigan cobrando las vidas de mujeres o si vamos a hacer algo para que esto cambie. Aquí radica nuestra responsabilidad como poder del Estado», señaló y afirmó que «la evidencia muestra que los países como el nuestro, con marcos legales restrictivos, no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros.
«Por el contrario, los países que han legalizado o han regulado esta práctica, han visto disminuir los índices de mortalidad y han visto disminuir enormemente las hospitalizaciones por las complicaciones postaborto», explicó.
«Hoy tenemos otra oportunidad para reparar el error cometido hace dos años y demostrar que estamos a la altura de nuestro tiempo. Tenemos dos opciones: podemos continuar negando hipócritamente la realidad que viven miles de mujeres en la Argentina; o podemos garantizarles la igualdad de oportunidades, y el pleno goce de sus derechos, la autonomía, la libertad y la vida digna. En un mundo justo, en un país justo, las niñas no son madres y ninguna persona es obligada a gestar, parir y maternar en contra de su voluntad. Voy a votar a favor y espero que esta vez sea ley», concluyó.